COVID-19: Una espada de Damocles pende sobre el curso escolar

Faltan dos semanas para que comience el curso y la vuelta a las aulas está rodeada de incertidumbre. De acuerdo con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (en adelante ECDPC, por sus siglas en inglés), algunas comunidades autónomas españolas (Aragón, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Madrid, Navarra y Rioja), son las zonas de Europa con mayor incidencia de COVID-19.

El informe del ECDPC ofrece una cifra de 152,7 casos (acumulados en los 14 días anteriores) por 100 000 habitantes para el conjunto de España, pero en las comunidades citadas es mayor. Ese escenario, lógicamente, genera gran preocupación en familias, cuerpo docente y autoridades educativas.

Los responsables de educación de las comunidades autónomas han elaborado guías o protocolos para garantizar una vuelta segura a las aulas, y se esfuerzan por transmitir mensajes tranquilizadores. Los protocolos recogen, en lo esencial las recomendaciones de los Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional del pasado mes de junio, que son similares a los utilizados en otros países.

Son medidas de higiene, mantenimiento de distancia física con la correspondiente reducción de aforos, adaptación de horarios, ventilación de aulas e instalaciones, uso de mascarilla, creación de subgrupos («burbujas«) de convivencia, uso de espacios al aire libre, limpieza y desinfección de centros, etc. También trata de la forma de actuar si se detecta algún caso en el centro docente. Esas medidas conllevan necesidades adicionales de recursos, tanto de profesorado como de infraestructuras.

Si bien en todos los casos se han barajado diferentes escenarios posibles, lo cierto es que las medidas se han pensado para su aplicación en condiciones de moderada expansión de la pandemia.

Sin embargo, como ilustran los datos recopilados por el ECDPC, en España, y sobre todo en las comunidades autónomas citadas, el coronavirus circula en la población con una intensidad muy superior a la que suponíamos a finales del mes de junio, que es cuando se publicó el documento ministerial. Y probablemente por esa razón no han considerado la incidencia de la COVID-19[contexto id=»460724″] como una variable a tener en cuenta a la hora de adoptar pautas de comportamiento, estableciendo normas diferentes en función de la incidencia.

La tónica general en medios científicos, económicos y otros es favorable a la vuelta a las aulas con los máximos niveles de presencialidad posible, pero conforme nos acercamos al comienzo del curso escolar en varios países, se va poniendo cada vez mayor énfasis en la importancia de la penetración del virus en la sociedad.

Esta misma semana la revista Nature incidía en ese aspecto, señalando que los centros docentes solo pueden abrir con garantías si la expansión de la pandemia en la comunidad es baja. Si nos atenemos a esa recomendación, se debe determinar qué se considera alta y baja expansión.

El Harvard Global Health Institute, junto con el Edmond J. Safra Center for Ethics, también de la Universidad de Harvard (EEUU), publicaron en julio una propuesta para clasificar los diferentes condados de los Estados Unidos, con arreglo a la incidencia de la COVID-19 como criterio principal, aunque no único.

De acuerdo con esa clasificación han definido cuatro niveles, verde, amarillo, naranja y rojo, en orden de riesgo creciente. Y para cada uno de los niveles proponen una batería concreta de actuaciones. Pues bien, el máximo nivel corresponde a una incidencia de más de 25 nuevos casos diarios por cada 100 000 habitantes y en esas condiciones proponen el aprendizaje a distancia y la permanencia de estudiantes y docentes en los hogares. Hay varias comunidades autónomas que han superado esa cifra la pasada semana.

Seguramente, se pueden diseñar procedimientos alternativos para determinar qué condiciones se consideran de más riesgo. Y dependiendo del esfuerzo que hace cada país en detectar los nuevos contagios, podrán utilizarse baremos diferentes; pero es esencial contar con indicadores objetivos y transparentes para establecer niveles de riesgo y decidir, en virtud de esos niveles, la estrategia de escolarización que debe adoptarse. Solo así podrán confiar docentes y familias en que los centros ofrecen realmente las debidas garantías para desempeñar la docencia y el aprendizaje en las mejores condiciones posibles.

Docentes vulnerables

Dos consideraciones para terminar. La primera se refiere al personal vulnerable. Dada la alta edad media del personal docente y la concurrencia, frecuente, de diversos problemas de salud, deberían revisarse la medidas previstas por el Ministerio de Sanidad para la prevención de riesgos laborales por exposición al SARS-CoV-2. Al fin y al cabo, la convivencia con niños y niñas de corta edad conlleva una exposición al posible contagio muy superior al que se produce, por ejemplo, en establecimientos comerciales, en los que el acceso está limitado. No parece lógico que se equipare el riesgo que corre un docente en un aula al riesgo comunitario por el hecho de no trabajar con personas sintomáticas.

Más test y rastreos

Y la segunda consideración se refiere a la necesidad de reforzar el dispositivo para hacer pruebas PCR, y trazar y aislar contactos. Cuanto mayor es la capacidad de ese dispositivo, mayores son las posibilidades de controlar la expansión de la pandemia y permitir un funcionamiento normal o casi normal de los centros docentes. Dado el papel esencial que estos cumplen y su posición en el entramado social, como nodos en los que confluyen diferentes redes de relaciones, lo ideal sería considerar al alumnado como objetivo prioritario en programas masivos de diagnóstico.

Las próximas semanas serán cruciales. Una espada de Damocles –la Covid-19 en crecimiento acelerado– pende sobre el curso escolar 2020-2021. Las autoridades tienen en su mano una batería de medidas (microconfinamientos, restricciones más severas a la movilidad, y otras) que pueden ayudar a contener e, incluso, revertir su expansión. Es esencial que se hagan más pruebas diagnósticas y en los ámbitos adecuados. Harán falta actuaciones decididas y contundentes por parte de las autoridades, y más recursos. Si no se hacen las cosas bien, la espada caerá y la formación de toda una generación quedará seriamente hipotecada. Eso es algo que no nos podemos permitir.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.