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La Guardia Civil registra el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat para obtener informaciones del 1-O

La Justicia ha incrementado la presión sobre los Mossos d’Esquadra y sus actuaciones durante el 1-O.  Agentes de la Guarda Civil se han personado este viernes en Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), por orden del juzgado de Instrucción 4 de Lleida , para obtener correos electrónicos de un mando de la comisaría de Ponent.

La Guardia Civil registra el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat para obtener informaciones del 1-O

La Justicia ha incrementado la presión sobre los Mossos d’Esquadra y sus actuaciones durante el 1-O.  Agentes de la Guarda Civil se han personado este viernes en Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), por orden del juzgado de Instrucción 4 de Lleida , para obtener correos electrónicos de un mando de la comisaría de Ponent.

«Dentro de la causa secreta que investiga el juzgado de Instrucción 4 de Lleida por la supuesta inacción de los Mossos en los hechos del 1 de octubre, el magistrado ha oficiado a la Guardia Civil para que obtenga del CTTI los  correos electrónicos de un mando de la comisaría de Ponent», ha informado a The Objective el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El registro no es el único vinculado al referéndum soberanista. Este jueves agentes del Instituto Armado, por orden del mismos juzgado, se presentaron en la comisaría de los Mossos en Lleida para requerir el volcado de los teléfonos y para solicitar una copia de las comunicaciones internas por radio de los Mossos durante el 1 de octubre en Lleida, unas horas antes y unas horas después de las votaciones. El mismo cuerpo acudió el martes a la sede del servicio de emergencias 112 de la Generalitat en ReusTarragona, en busca de las cintas de las comunicaciones internas de los Mossos el 1-O en el área de Tarragona y las Terres de l’Ebre.

El major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, está  imputado por la Audiencia Nacional como presunto autor de un delito de sedición por los incidentes del 20 de septiembre ante la consejería de Economía.

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