Los militares decidirán el futuro de Cuba

La represión del espontáneo estallido de protesta del pasado 11 de julio y de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada el 15 de noviembre por la plataforma Archipiélago, una constelación de cubanos de diferentes procedencias e  ideologías, con su secuela de centenares de detenidos, abre una crisis inédita en el régimen que de momento solo ha intentado atajar recrudeciendo la violencia y la censura contra los opositores. Pero lo que empezó como un fenómeno de combustión interna un sofocante día de verano ante el hartazgo de la población por los constantes cortes de luz, la multiplicación de los contagios por coronavirus y la perpetua penuria económica obligará a la dictadura a elegir entre el inmovilismo o el cambio, dilema en el que los militares tendrán la última palabra. 

La protesta actual, además de volver a poner de manifiesto la crisis económica estructural que sufre la isla y el agotamiento de la legitimidad del sistema, ofrece algunas novedades que la hacen diferente a otras crisis pasadas. En primer lugar, la pérdida del monopolio de la información por el régimen gracias a las redes sociales, después por su rápida extensión a decenas de pueblos y ciudades, su ausencia de líderes y de una estrategia concreta, más allá de exigir democracia y libertad, y la diversidad política de sus protagonistas, pertenecientes a dos generaciones crecidas en la escasez, que incluye hasta una nueva izquierda crítica con «la oligarquía burocrática-militar» que dirige el país, como se dice en la Declaración de Colectivos Socialistas del pasado 1 de noviembre. Además, ha recibido si no el apoyo al menos la comprensión de instituciones del régimen como los músicos Pablo Milanés, Chucho Valdés y Leo Brouwer, entre otros artistas. 

Aquel 11 de julio tuvo el efecto también de desnudar al liderazgo cubano. El presidente Miguel Díaz Canel, encumbrado en 2019 por Raúl Castro, de 90 años, tras su retirada enfermo de cirrosis hepática y cáncer de esófago y de recto, consumió su escaso capital político convertido en un patético portavoz del Gobierno. Mientras era despachado a San Antonio de los Baños, epicentro de la protesta, donde fue abucheado, los jerarcas del régimen mantenían una tumultuosa reunión presos del pánico en la que, según diversas informaciones, los generales más jóvenes se negaron a emplear la fuerza contra la población mientras que otros planeaban un plan de fuga al extranjero. 

Imperio militar

La crisis reveló al mundo como nunca antes el  poder político y económico de los militares cubanos. El antiguo Ejército Rebelde, convertido después en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), sufrió una profunda transformación  durante el llamado Periodo Especial (1990-1993) cuando la implosión de la Unión Soviética hizo que el PIB cubano se contrajera casi un 36%.  La ruina –el presupuesto militar se redujo un 60%- no solo llevó a las FAR a abandonar sus intentos de exportar la revolución sino que obligó a redefinir su papel interno, pasando los militares a hacerse con el control de varios sectores como el turismo, el mercado de divisas, el transporte aéreo y la minería. La consolidación de ese monopolio sobre la economía se aceleró a partir de 2008 con Raúl Castro a través del conglomerado Grupo de Administración Empresarial S.A (GAESA), a cuyo frente está su yerno, el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Actualmente GAESA supervisa unos 800 negocios en la isla, que suponen más de la mitad de los ingresos del país, y que sirven primordialmente para evadir el embargo de Estados Unidos e inyectar divisas en la maltrecha economía cubana. Con unas cuentas perfectamente opacas, GAESA se beneficia de mayores recursos financieros, salarios más altos y menores obstáculos burocráticos y se ha convertido casi en un Estado dentro de Estado. Además de López Calleja la jerarquía militar ocupa otras importantes posiciones de poder con el general Manuel Marrero Cruz, primer ministro; el general Álvaro López Miera al frente de las FAR y el coronel Lázaro Alberto Álvarez Casas, como ministro de Interior.

La posición que adopte este imperio militar-económico-político al que hay que sumar los poderosos servicios de inteligencia y otros órganos de seguridad es crucial, según los analistas, para el futuro de la isla si se acentuase la crisis social y las protestas se volvieran masivas. Las  investigadoras Laura Tedesco y Rut Diamint son pesimistas dada la participación de las fuerzas especiales del ejército, las llamadas avispas negras, en la represión del 11 de julio. En su artículo The Cuban Crackdown, publicado en la revista Foreign Affairs, sostienen: «Más que augurar un inminente cambio político,  la agitación social en Cuba no solo conduce a un incremento de la represión y del control  sino también a ampliar la influencia militar en la toma de decisiones políticas. Las FAR tienen pocos incentivos para abandonar su poder político y privilegios económicos, teniendo poco que ganar y mucho que perder si hicieran concesiones en unas negociaciones con la oposición».

Tedesco y Diamint consideran como el escenario más probable de la actual crisis «un incremento de la represión por parte del régimen que asegure su continuidad» en la senda de lo ocurrido en Bielorrusia o Myanmar (antigua Birmania). Las profesoras tampoco olvidan cómo la torpeza histórica de Estados Unidos con el mantenimiento del embargo a la isla además de empobrecer a los cubanos y alimentar la idealización de la Revolución como un valiente David frente al Goliat imperialista ha servido para justificar y acrecentar la influencia de los militares. “Levantar el embargo empujaría al Gobierno cubano a desarrollar una verdadera estrategia económica”, afirman, recomendando al presidente Biden continuar la política de deshielo de Obama.

Una opinión diferente mantiene el politólogo catalán Josep M. Colomer en un artículo publicado a mediados de julio en el diario Ara en el que defendía que, paradójicamente, los intereses económicos del ejército podrían favorecer la apertura política: “La experiencia de los regímenes comunistas en Europa del Este en la década de 1990 mostró que si los gobernantes se sienten suficientemente amenazados, pueden ayudar a establecer un sistema político más inclusivo que pueda proteger y servir mejor sus intereses. Una clase empresarial militar puede encontrar mejores condiciones para prosperar en una economía más abierta”.

A dos meses de que la Revolución cubana cumpla 63 años, los gerifaltes del ejército podrían tener que elegir entre dos soluciones: la represión masiva de Tiananmen o la vía de la apertura que siguieron Polonia y la República Democrática Alemana. ¿Habrá en La Habana un general Jaruzelski que mande parar?