El Gobierno de Perú impugnará el indulto humanitario del expresidente Alberto Fujimori
Consideran que los crímenes del expresidente no han de quedar impunes y defienden que este indulto haría olvidar lo sucedido
El presidente de Perú, Pedro Castillo, da la mano al primer ministro, Aníbal Torres, antes de una reunión en Lima. | Jose Luis Cristobal (Presidencia de Perú)
El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, ha anunciado que el Gobierno del país acudirá a los tribunales internacionales para revertir el fallo del Tribunal Constitucional que concede la libertad al expresidente peruano Alberto Fujimori. Esta decisión llega precedida de las advertencias de antiguos miembros del gabinete del presidente Pedro Castillo que ya señalaron este camino.
«El Tribunal Constitucional ha dictado esa sentencia que se tiene que acatar. Eso no quiere decir que sea impugnada ante los tribunales internacionales. Es nuestra forma de actuar con estricta sujeción al marco legal, al marco constitucional y al marco convencional«, ha señalado, tal y como recoge RPP.
Un fallo «indignante»
Torres ha trasladado durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los hechos de Barrios Altos y La Cantuta, o el caso Accomarca, en Ayacucho, «no deben quedar impunes porque se pueden repetir«, y ha reiterado que el Ejecutivo actuará para proteger los derechos de las víctimas, afectadas por «gravísimos delitos«.
El ex ministro de Defensa de Perú, Juan Carrasco Millones, confirmó la pasada semana que el Gobierno peruano acudiría ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para revertir el fallo del Tribunal Constitucional.
Carrasco aseguró que dentro del Ejecutivo están «coordinando acciones» para impugnar este fallo «indignante» que «revictimiza a las familias y a los agraviados de los crímenes por los que fue sentenciado el exmandatario».
Un indulto a cambio del Gobierno
Fujimori recibió el indulto humanitario por su delicado estado de salud en diciembre de 2017 por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en lo que fue un intento desesperado por evitar los votos del partido peruano Fuerza Popular en la moción de censura que se presentó contra él por corrupción.
El perdón concedido en diciembre de 2017 fue anulado en octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo de Perú ordenó su captura amparándose en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta para la cual no cabe indulto humanitario al tratarse de delitos de lesa humanidad.
