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El abogado de Fujimori pedirá a la Corte IDH su liberación a pesar de las críticas de la ONU

César Nakazaki explicará a los magistrados las razones por las que considera que han de aprobarse los indultos concedidos por el Gobierno de Perú

El abogado de Fujimori pedirá a la Corte IDH su liberación a pesar de las críticas de la ONU

Manifestantes protestan contra el indulto a Fujimori. | Sebastian Castaneda (Reuters)

César Nakazaki, abogado del expresidente de Perú Alberto Fujimori, ha anunciado que acudirá a la la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en representación del exmandatario para exigir a la Justicia peruana que verifique la validez del indulto humanitario concedido por el Ejecutivo del país.

«Iré a la Corte IDH para explicar las razones por las cuales lo que ha sucedido en el Perú es que, hasta ahora, no se cumple lo que la Corte IDH dijo hace un tiempo: que en un proceso de amparo se revise si hay justificación médica o no para dar el indulto humanitario», ha defendido.

El abogado de Alberto Fujimori ha precisado que debería ser el mismo Tribunal Constitucional el que se presente ante la Corte IDH para defender su fallo ante la negativa por parte del Ejecutivo peruano, que confirmó su intención de revertir el fallo.

Antiguos ministros piden revertir el fallo

El ex ministro de Defensa de Perú, Juan Carrasco Millones, aseguró la pasada semana que están «coordinando acciones» para anular el fallo «indignante» que «revictimiza a las familias y a los agraviados de los crímenes por los que fue sentenciado el exmandatario».

Con respecto a la fecha de la excarcelación, el abogado del expresidente peruano ha señalado que «las sentencias del ‘habeas corpus’ deberían de ser las más veloces«, aunque ·por la complejidad de la argumentación se está demorando», según ha recogido el diario El Comercio.

El Tribunal Constitucional concedió la libertad al expresidente Fujimori después de fallar a favor del recurso presentado contra la sentencia que anuló su polémico indulto humanitario de diciembre de 2017. El expresidente peruano cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.

La ONU muestra su consternación por la excarcelación de Fujimori

Un grupo de expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas ha expresado este martes «su consternación» por la decisión del Tribunal Constitucional que permite la excarcelación del expresidente de Perú Alberto Fujimori.

«Las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia y esta decisión representa un doloroso retroceso para ellas«, han dicho, según recoge un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En este sentido, el grupo de expertos ha señalado que «la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al estado de derecho, así como una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias».

«Parece ser (esta decisión) inconsistente con los estándares internacionales de Derechos Humanos que restringen el uso del indulto en casos que involucran crímenes de lesa humanidad», han apuntado, agregando que «solo las enfermedades terminales de resolución inminente pueden dar lugar a la concesión de indultos«.

Un proceso de más de cinco años

Fujimori recibió el indulto humanitario por su delicado estado de salud en diciembre de 2017 por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en lo que fue un intento desesperado por evitar los votos del partido peruano Fuerza Popular en la moción de censura que se presentó contra él por corrupción.

«En estos casos, los Estados deben garantizar el derecho a la salud a través de prestaciones médicas ofrecidas en las prisiones, o facilitando el traslado a centros médicos especializados», han señalado los expertos de Derechos Humanos de la ONU, calificando las condiciones de salud de Fujimori como «adecuadas» en la prisión de Barbadillo.

El perdón concedido en diciembre de 2017 fue anulado en octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo de Perú ordenó su captura amparándose en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta para la cual no cabe indulto humanitario al tratarse de delitos de lesa humanidad.

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