Detenido el exfiscal general de México por la desaparición de 43 estudiantes en 2014
La detención se ha llevado a cabo por delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa
Diputados de Morena muestran en el Congreso de México fotografías de los 43 normalistas de Ayotzinapa asesinados en el séptimo aniversario del crimen. | EP
Agentes de la Fiscalía General (FGR) de México han detenido al exprocurador, Jesús Murillo Karam, quien estaba a cargo de la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
Este arresto se ha producido solamente un día después de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentase las conclusiones preliminares de la investigación realizada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso, que indica que la operación podría catalogarse como crimen de Estado.
La FGR ha llevado a cabo la detención por delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía, posteriormente será puesto a disposición de la orden de captura señalada, ha informado el periódico ‘Milenio’.
Murillo Karam fue el fiscal general de México entre diciembre de 2012 y febrero de 2015, durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Estuvo al mando de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. El 28 de enero de 2015, Murillo Karam aseguró que la «verdad histórica» consistía en que los jóvenes fueron asesinados, «incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan», por orden de antiguas autoridades locales que hacían parte de este grupo criminal.
El Gobierno mexicano reconoció este jueves que «no hay indicio alguno» de que sigan con vida los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 a las afueras de Iguala (Guerrero), en una operación que, según un nuevo informe, puede catalogarse de crimen de Estado. El ataque contra los 43 jóvenes la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 ha simbolizado durante años la impunidad de los grupos armados y su connivencia con instituciones públicas. Las pistas apuntan a la organización Guerreros Unidos, pero también a la intervención de las fuerzas de seguridad.
El subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, Alejandro Encinas, ha reafirmado que en este suceso «concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano» y ha descartado que las víctimas puedan estar vivas. «Todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos», ha explicado Encinas ante la prensa, en una comparecencia en la que también ha aclarado que, pese a algunos testimonios, los estudiantes no estudiaron juntos tras su desaparición ni se desplazaron al vertedero de Cocula, informa ‘Milenio’.
