Una filtración desvela que el Ejército iraní dio orden de reprimir «sin piedad» las protestas
Amnistía Internacional ha denunciado una trama para «aplastar brutalmente» las marchas a través del despliegue de varias fuerzas policiales y paramilitares
Manifestantes prenden fuego a una moto de la Policía iraní. | Reuters
Una filtración de documentos oficiales recogida por la ONG Amnistía Internacional ha revelado este viernes que la cúpula del Ejército iraní dio orden a los comandantes de todas las provincias del país de reprimir «sin piedad» las protestas nacionales contra la muerte el 16 de septiembre de la joven Masha Amini bajo custodia de la Gasht e Ershad, la llamada Policía de la moral, detonante de una ola de manifestaciones que se ha saldado con al menos 52 muertos, según la organización humanitaria.
Apoyada en esta filtración, Amnistía Internacional ha denunciado una trama para «aplastar brutalmente» las protestas a través del despliegue combinado de las Guardias Revolucionarias del Ejército iraní, la fuerza paramilitar Basij, el Comando para el Cumplimiento de la Ley, la Policía antidisturbios y policías de paisano, responsables del «uso extendido de fuerza letal» con «la intención, a sabiendas o con un grado razonable de certeza, de matar a manifestantes».
Entre los documentos obtenidos por Amnistía destaca una orden del Cuartel General de las Fuerzas Armadas por la que instruye a los comandantes militares de todas las provincias del país a «enfrentarse con severidad a alborotadores y antirrevolucionarios», y otro memorándum del comandante militar de la provincia de Mazandaran que, en un lenguaje todavía más explícito, llama a sus efectivos a «enfrentarse sin piedad» y «hasta el punto de matar» a los responsables de los disturbios.
Este último documento ha sido refrendado por una «fuente próxima a las fuerzas de seguridad iraníes», según Amnistía Internacional, que ha denunciado al menos una carga a tiro limpio protagonizada por efectivos de las Guardias Revolucionarias en la ciudad de Amol, en esta última provincia, ocurrida el 21 de septiembre, durante una concentración popular cerca de la sede de Gobernación. Allí, «los agentes de las Guardias Revolucionarias sorprendieron por detrás a los manifestantes y comenzaron a abrir fuego de manera repetida e indiscriminada, incluso cuando los participantes se habían dispersado para ponerse a cubierto», de acuerdo con esta fuente.
Asimismo, y como ha denunciado en los últimos días, Amnistía insiste en que estos actos de violencia de las fuerzas de seguridad del Estado han ido acompañados de detenciones extrajudiciales, prácticas de tortura y abusos sexuales; una ola de represión que se ha saldado por el momento con 52 fallecidos (que podrían ser más de 83, según las cifras de la ONG iraní Iran Human Rights, según su último balance actualizado a este pasado jueves por la noche), entre ellos cinco mujeres y cinco niños, entre el 19 y el 25 de septiembre.
La mayor parte de las víctimas mortales –34 hombres, mujeres y niños– fueron registradas el 21 de septiembre en 19 ciudades de las provincias de Alborz, Gilan, Ilam, Kermanshah, Mazandaran, Semnan, Teherán y Azerbaiyán Occidental.
Amnistía ha constatado acciones de pequeños grupos violentos contra las fuerzas de seguridad iraníes que en modo alguno, puntualiza, son merecedores de una respuesta indiscriminada y letal por parte de las fuerzas de seguridad. Asimismo, la ONG pone en duda la narrativa oficial sobre las muertes de al menos cuatro de los once efectivos de seguridad iraníes denunciados por el Gobierno iraní como fallecidos a manos de «elementos contra las autoridades o al servicio de potencias extranjeras».
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, concluye en su valoración de los documentos que «las autoridades iraníes decidieron a sabiendas hacer daño o matar a la gente que salió a la calle para expresar su ira contra décadas de represiones e injusticias».
«En medio de una epidemia de impunidad sistémica que ha prevalecido durante mucho tiempo en Irán, decenas de hombres, mujeres y niños han sido objeto de asesinatos extrajudiciales en esta última ronda de derramamientos de sangre», ha denunciado Callamard, quien ha pedido «una acción colectiva decidida por parte de la comunidad internacional, más allá de las meras declaraciones de condena» a través de «un mecanismo internacional independiente de investigación y rendición de cuentas».
