El Congreso de Perú admite a trámite la denuncia constitucional contra Pedro Castillo
Los parlamentarios sospechan que el presidente es el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
El presidente de Perú, Pedro Castillo. | Sebastian Castaneda (Reuters)
El Congreso de Perú ha admitido a trámite este miércoles la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía General contra el presidente peruano, Pedro Castillo, en la que se le acusa de ser el máximo responsable de una organización criminal establecida en el seno del Gobierno.
Con 13 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento de Perú –presidida por la expresidenta del Congreso Lady Camones– ha aprobado el informe de calificación de la denuncia constitucional presentada por la fiscal general del Estado, Patricia Benavides, contra el mandatario peruano, ha informado La República.
«Siendo esta la etapa postulatoria y estando que la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público cumple todos los requisitos de admisibilidad (…) corresponde a esta subcomisión admitir y dar trámite a la presente denuncia constitucional a fin de iniciar las investigaciones», ha acordado la comisión parlamentaria.
Ahora, la denuncia constitucional deberá seguir su curso en la Comisión Permanente del Congreso para, si alcanza los votos suficientes, llegar al pleno del Parlamento. Una vez allí, se requerirá los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo para que salga adelante.
Castillo, Perú y la corrupción
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Juan Silva, exministro de esta cartera, con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
El mandatario, por su parte, ha rechazado todas las acusaciones en su contra y las ha calificado como parte de una persecución política contra él y su familia, así como una «nueva modalidad de golpe de Estado».
Con todo, la SAC ha declarado improcedente proseguir con la denuncia constitucional presentada por dos abogados cercanos a Castillo contra la fiscal general del estado, acusada de cambiar a la fiscal que principalmente se había encargado del caso que investiga irregularidades en el seno de la Presidencia peruana.
«El informe de calificación de la ‘DC295’ que propone declarar improcedente la denuncia contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha sido aprobada por mayoría con votos 12 a favor, ocho en contra, cero abstenciones», ha afirmado el Congreso peruano en un comunicado.
Los abogados cercanos a Castillo argumentaron para presentar su denuncia que la fiscal habría intentado obstruir y debilitar la acción de su institución en el marco de las investigaciones que afrontan sus hermanas, las juezas Enma y Ruth Benavides, al retirar de su cargo a la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, según ha recogido el diario El Comercio.
