521 delincuentes sexuales han cambiado su nombre en Escocia en los últimos tres años
Los datos facilitados por la Policía escocesa preocupan a las autoridades y las feministas alertan de que la nueva ‘ley trans’ les permitiría vivir en el anonimato
En el periodo comprendido entre 2019 y 2022, tres años, 521 agresores sexuales cambiaron su nombre en Escocia. Son datos facilitados recientemente por la Policía escocesa al Freedom of Information (FOI), algo así como el Portal de Transparencia del país celta, y que han generado un estado de alarma social por la posibilidad de que algunos depredadores oculten su pasado para atacar nuevamente. Para más inri, las feministas apuntan a que la nueva ley trans aprobada por el Parlamento escocés -pero paralizada momentáneamente por el Gobierno británico– podría disparar la problemática en lo sucesivo.
La inercia es ascendente. En 2019 y 2020 la friolera de 161 delincuentes sexuales cambiaron sus nombres. El año siguiente, 162. Pero en 2022 la cifra se disparó a 198. El portavoz de seguridad comunitaria de los conservadores, Russell Findlay, ha asegurado que se le hiela la sangre «al pensar que cientos de delincuentes sexuales potencialmente peligrosos son libres de hacer borrón y cuenta nueva y deambular libremente por la sociedad con pleno conocimiento de las autoridades».
Según explican fuentes judiciales de Reino Unido a THE OBJECTIVE, la legislación británica recoge que «tú puedes cambiar tu nombre por el que quieras, cuando quieras». Pero añaden matices relevantes: «La gran mayoría de estos son nombres de hombre a hombre: Joe Bloggs a Fred Smith, por ejemplo. Cuando alguien tiene una orden de prevención de daños sexuales o de delitos sexuales, uno de los requisitos es que notifique a la policía cualquier cambio de nombre o dirección». El problema surge en que la policía podría saber que Fred Smith, que se muda a la casa de al lado, solía ser Joe Bloggs, que tiene condenas por agresión sexual, pero si los vecinos buscan a Fred Smith, no lo encontrarán. No tendrán idea de quién solía ser Joe Bloggs».
La ‘ley trans’ escocesa
Pero la polémica ley trans que aprobó el pasado mes de diciembre el Parlamento escocés, y que se encuentra bloqueada por el Gobierno británico, podría acabar definitivamente con la posibilidad de realizar este seguimiento. Raquel Rosario Sánchez, escritora dominicana residente en Reino Unido y activista de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, señala que la norma «contiene una cláusula que dice que una vez una persona cambia su sexo registral, se convierte en una violación de su privacidad e intimidad el exponer o relevar su pasado bajo el sexo original». El anonimato, además, sería más fácil para los agresores sexuales si se tiene en cuenta que «este cambio de sexo registral se podría hacer con una mera auto-declaración».
Quienes se han opuesto a los planes del Gobierno celta para que las personas cambien su sexo legal más rápido son los conservadores y algunos personajes públicos como JK Rowling, la autora de Harry Potter, tildada de tránsfoba por sus planteamientos, ha advertido a Nicola Sturgeon de que la culpa «recaerá directamente» sobre ella si alguna mujer o niña sufre acoso o violencia sexual como resultado de esta reforma legislativa. La primera ministra ha dicho que el cambio de la ley hará que el proceso de obtención de un certificado sea «menos degradante, intrusivo y traumático».
«Los activistas trans alegan que el trámite burocrático es largo y difícil, así como humillante porque hay que ir al médico para que este acredite que existe disforia de género. Esto puede llevar dos años, pero de por sí es un proceso que es un error porque es imposible cambiar de sexo», explica Raquel Rosario Sánchez, que se plantea lo siguiente: «¿Para qué quieren cambiar de sexo? Para acceder a espacios de mujeres, como pueden ser las cárceles. El sistema está retraumatizando a las mujeres más vulnerables: las que están en casas de acogida, en prisiones, etc.».
Consecuencias en las cárceles
No son conjeturas. Y es que la Ley de reconocimiento de género de 2004 (GRA) en Reino Unido ya ha supuesto que algunos violadores hayan penetrado en cárceles de mujeres para reincidir. Es el caso de Jessica Winfield, nacida como Martin Ponting, que fue encarcelada en una prisión para mujeres tras haber violado a dos niñas (una de ellas discapacitada). Tras probarse que había agredido sexualmente a numerosas reclusas, fue trasladada a una celda de aislamiento.
Cabe recordar, por último, que la ley bloqueada por Inglaterra es, mutatis mutandis, muy similar a la que el Congreso de los Diputados ha aprobado en España. Y podríamos empezar a percibir consecuencias similares en nuestro país. «Nuestro espejo es Canadá», explica Rosario Sánchez, que zanja: «Ahí salen a cada rato noticias de violaciones en cárceles o de agresores sexuales que burlan el sistema. Ojalá Reino Unido, España y Escocia recapaciten antes de llegar a ese punto».