El fin de la esclavitud en Puerto Rico

La abolición de la esclavitud estaba en el programa político de todas las Juntas Revolucionarias que se alzaron en la Revolución de 1868, llamada «la Gloriosa», que destronó a Isabel II. En aquellos tiempos el sistema de trabajo esclavo era una normalidad en las Américas. Estados Unidos solamente había conseguido terminar con la esclavitud en 1865, tras una sangrienta Guerra Civil entre Norte y Sur de cinco años y 800.000 muertos. Y en el país más grande de Iberoamérica, Brasil, la esclavitud no se acabó hasta 1888.

España había conservado apenas una muestra de lo que fue su imperio de Indias, las islas de Cuba y Puerto Rico, y en ambas funcionaba una economía basada en la explotación agrícola, especialmente caña de azúcar, con mano de obra esclavizada. Pero la situación objetiva era muy diferente, pues en Cuba había 400.000 esclavos negros, cerca de un tercio de sus habitantes, mientras que en Puerto Rico no llegaban a los 30.000, lo que suponía sólo un cinco por ciento de la población.

En Cuba se dejaban notar además importantes influencias externas, porque era la principal productora y exportadora de azúcar del mundo. Inglaterra atizaba el movimiento antiesclavista en la isla por motivos comerciales, porque desde que había emancipado sus esclavos en el Caribe, su producción de azúcar se había venido abajo, y esperaba que, si España liberaba a los esclavos de Cuba, también perdería su condición de gran exportador de azúcar. Por el contrario, los esclavistas norteamericanos, es decir, los estados del sur de EEUU, apoyaron activamente a los plantadores cubanos que se oponían a la emancipación hasta 1865, cuando los sudistas fueron derrotados por Abraham Lincoln.

Ese mismo año de 1865, tres años antes de la Gloriosa Revolución, un grupo de próceres progresistas fundaron en Madrid la Sociedad Abolicionista Española. Eran los políticos Castelar, Sagasta, Olózaga -nombrado primer presidente de la Sociedad-, el escritor Juan Valera, y el economista Gabriel Rodríguez, vicepresidente de las Cortes Constituyentes de 1869, que sería personaje clave en el final de la esclavitud en Puerto Rico. También participaron abolicionistas antillanos, el cubano Labra y el portorriqueño Vizcarrondo.

Los abolicionistas presionaron al Gobierno, pero lo más que consiguieron fue una ley prohibiendo la «trata de negros», es decir, el comercio de esclavos africanos que alimentaba las plantaciones cubanas. Era una medida para impedir el incremento de la esclavitud, pero no para abolirla, pues el ministro de Ultramar, el conservador Cánovas del Castillo, para tranquilizar a los hacendados cubanos y portorriqueños, advirtió que el Gobierno estaba «resuelto a respetar la propiedad tal como se halla constituida en las Antillas».

Ley de vientres libres

Cuando se produjo la Gloriosa Revolución todo el mundo esperaba que trajese la libertad a los esclavos antillanos, pero al verse los progresistas en el poder se toparon con la realpolitik. A la vez que en España se derribaba a la corrupta monarquía de Isabel II y se buscaba un rey demócrata y decente, en el Caribe estalló la Primera Guerra de Cuba. Teniendo que combatir a los independistas cubanos a la vez que se encaraban los enormes problemas de poner en marcha un nuevo régimen, el gobierno revolucionario no se atrevió a enfrentarse con la clase más poderosa de Cuba, los terratenientes, el principal apoyo de la soberanía española, y la abolición se pospuso.

Sin embargo, como paliativo de la situación, el gobierno revolucionario del general Prim llevó a la Cortes la Ley Moret -por el nombre del ministro de Ultramar, Segismundo Moret- enseguida conocida como ‘Ley de Vientres Libres’. Esencialmente establecía que todo hijo de madre esclava nacido a partir del 17 de septiembre de 1868, fecha de la Gloriosa Revolución, nacía libre. Además otorgaba la libertad a los esclavos mayores de 60 años, y establecía otras medidas que favorecerían que los dueños de esclavos fuesen desprendiéndose de ellos. Todo ello con indemnización a cargo de Estado, por supuesto.

Emilio Castelar, futuro presidente de la Primera República y considerado por todos el mejor orador del parlamentarismo español, pronunció en las Cortes un magnífico discurso en defensa de la Ley de Vientres Libres. Pero la ley tenía un fallo, y fue Gabriel Rodríguez quien lo denunció. Nadie en España conocía la realidad de la esclavitud, y a los legisladores se les había pasado el hecho de que los amos podían castigar cruelmente a los esclavos. Solamente Gabriel Rodríguez cayó en la cuenta de los que duele el látigo, y presentó una moción para que se prohibiese la pena de azotes «interín esta emancipación se verifica», así como que se vendiesen por separado los matrimonios de esclavos, o los hijos menores de 14 años.

Gabriel Rodríguez, a quien Palacio Valdés había apodado «el último Abencerraje del progresismo español», fue elegido senador por Puerto Rico -de hecho sería el último senador español por Puerto Rico cuando Estados Unidos se apoderó de la isla en 1898- y desde esa tribuna, así como desde la prensa o el Ateneo de Madrid, sede de la inteligencia de la época, dio la batalla por la abolición de la esclavitud en su distrito. La presión dio fruto durante el primer mes de la Primera República, que había sucedido a la monarquía democrática de Amadeo de Saboya, pues la Asamblea Nacional, como se autodenominó el parlamento republicano, aprobó el 22 de marzo de 1873 una ley cuyo Artículo Primero decía escuetamente: «Queda abolida para siempre la esclavitud en la isla de Puerto Rico».

El presidente de la República le ofreció entonces a Gabriel Rodríguez la intendencia de la Habana, el cargo que controlaba la economía y hacienda de Cuba. Es posible que, si Rodríguez hubiese ido allí, la liberación de los esclavos cubanos hubiese ido más deprisa de lo que fue, pues no se produciría hasta 1886. Pero el caso es que Gabriel Rodríguez nunca aceptó cargos de gobierno y prefirió seguir siendo senador por Puerto Rico.

El rapto de la Roldana

Luis Reyes