Bruselas desmiente la implicación del hijo de Planas en el caso de Doñana
Este jueves, la Junta de Andalucía denunció que un hijo del ministro de Agricultura es el que «hace» los informes de Doñana para la UE
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. | Gustavo Valiente (Europa Press)
La Comisión Europea ha desmentido este viernes la implicación del hijo del ministro de Agricultura, Luis Planas, asesor en la dirección general de Medio Ambiente, en el expediente relacionado con Doñana tras las acusaciones de la Junta de Andalucía.
Según ha confirmado un portavoz de la Comisión, el funcionario en cuestión había revelado su situación personal en una declaración de ‘conflicto de intereses’, algo que se ha tenido en cuenta para evitar su implicación en el asunto de Doñana.
Las acusaciones las realizó este jueves el consejero de Presidencia andaluz, el ‘popular’ Antonio Sanz, vinculadas a las vertidas también el pasado miércoles por el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, quien tachó a la Comisión y, en especial, al comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, tras reunirse con él, de comportamientos «partidistas» y de «hacer campaña» por Pedro Sánchez en relación al debate que ha generado la proposición de ley para regular regadíos en Doñana.
Por su parte, Bruselas ha reiterado que está cumpliendo su papel de gestionar un expediente sobre la base de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obliga a proteger el humedal, además de confirmar que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, con la que Weber comparte familia política, respalda las acciones de los miembros de su colegio.
La Comisión ha vuelto defender que actúa como «guardián imparcial» de los tratados y ha advertido ya en repetidas ocasiones de que la proposición de ley de la Junta de Andalucía para regularizar regadíos en Doñana puede «deteriorar» el humedal ya que «parece ir en dirección contraria» a la sentencia del TJUE, aunque ha recordado también que las medidas adoptadas hasta ahora por España para garantizar su cumplimiento «no son suficientes, incluso sin contar con el probable impacto negativo de la legislación propuesta».
