La UE logra un acuerdo provisional en torno a la Ley europea sobre libertad de prensa
El texto de compromiso pactado entre los legisladores «mantiene la ambición y los objetivos» de la propuesta de Bruselas
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado un acuerdo provisional en torno a la Ley europea sobre libertad de prensa, un consenso político que tiene el objetivo de «salvaguardar la libertad de prensa, el pluralismo de los medios y la independencia editorial en el Unión Europea», según ha informado la Eurocámara.
La futura norma comunitaria persigue un marco común para los servicios de medios en el mercado interior de la UE así como introducir medidas destinadas a proteger a periodistas y proveedores de medios de la interferencia política, al mismo tiempo que les facilita operar a través de las fronteras internas de la UE. El texto, que requiere aún el visto bueno formal de la Eurocámara y de los 27 para ser ley, también aspira a proteger el derecho de los ciudadanos a acceder a información libre y plural y definirá la responsabilidad de los Estados miembros de proporcionar las condiciones y el marco adecuados para protegerla.
«Estamos ante un acuerdo importante que va a proteger a los medios de comunicación y a la libertad de prensa en Europa. Quiero agradecer al Parlamento por el acuerdo que hemos alcanzado», ha señalado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante su intervención en rueda de prensa en el Parlamento Europeo.
Con esta nueva ley, según ha explicado Urtasun, van a «garantizar las protección de los periodistas y sus fuentes en un momento importante para la Unión Europea«. «Creo que estamos ante un acuerdo que nos permita dar un salto muy importante en la defensa del Estado de derecho, de la libertad de prensa en la Unión Europea en un momento muy importante para el continente», ha concluido el responsable de Cultura español.
El reglamento propuesto responde a las crecientes preocupaciones en la UE sobre «la politización de los medios de comunicación y falta de transparencia en la propiedad de los medios y en la asignación de fondos estatales para publicidad a los proveedores de servicios de medios».
La norma busca establecer salvaguardias para combatir la interferencia política en las decisiones editoriales de los proveedores de medios de servicios públicos y privados, proteger a los periodistas y sus fuentes, y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios.
Una nueva junta de servicios de medios
La EMFA se basa en las disposiciones de la directiva de servicios de medios audiovisuales (AVMSD) de 2018 y amplía su alcance para incluir la radio y la prensa. En particular, introduce una junta europea independiente para servicios de medios para reemplazar al grupo de reguladores (ERGA) establecido bajo la AVMSD.
La junta estará compuesta por autoridades nacionales de medios y asesorará y apoyará a la Comisión para promover la aplicación coherente de disposiciones clave de la nueva ley EMFA y la AVMSD en todos los estados miembros, incluso proporcionando opiniones y ayudando a la Comisión a producir directrices.
Según la Eurocámara, el texto de compromiso acordado provisionalmente entre los colegisladores «mantiene la ambición y los objetivos» de la propuesta de la Comisión, al tiempo «que garantiza que la nueva ley sea coherente con la legislación vigente de la UE, respete las competencias nacionales en este ámbito, y logra el equilibrio adecuado entre la armonización necesaria y el respeto de las diferencias nacionales».
En concreto, el acuerdo provisional aclara la responsabilidad de los estados miembros de garantizar la pluralidad, la independencia y el buen funcionamiento de los proveedores de medios públicos que operan dentro de sus fronteras; y establece la obligación de los estados miembros de garantizar la protección efectiva de periodistas y proveedores de medios en el ejercicio de su actividad profesional prohíbe a los estados miembros utilizar medidas coercitivas para obtener información sobre fuentes o comunicaciones confidenciales de periodistas excepto en casos específicos.
También amplía el alcance de los requisitos en materia de transparencia, tanto para la transparencia de la propiedad que se propone aplicar a todos los proveedores de servicios de medios como para la transparencia de la publicidad estatal donde la posibilidad de publicidad nacional las exenciones para entidades pequeñas se reducen significativamente; y pretende proporcionar reglas más claras sobre la relación entre los proveedores de plataformas en línea (VLOP) de gran tamaño y los proveedores de servicios de medios que cumplen con los requisitos regulatorios o de autorregulación.
Asimismo, permite a los proveedores de servicios multimedia responder en un plazo de 24 horas, o antes en casos de emergencia, si un VLOP decide eliminar su contenido del sitio. Por último, los estados miembros podrán adoptar normas más estrictas o más detalladas que las establecidas en las partes pertinentes del EMFA.