Los pistoleros contra el derecho a informar y saber

La libertad de prensa, el derecho a saber del pueblo, solo pueden existir en las democracias, en las auténticas, en las que existe una división de poderes y el presidente no tiene capacidad de controlar a todos los medios de comunicación. Los gobernantes tienden a enfrentarse a los periodistas que controlan sus actuaciones, a desacreditarles, pero en los últimos tiempos hay una inclinación mayor al aniquilamiento, ya sea con el uso de pistoleros o presiones insoportables.

Vaya por delante una pequeña explicación por parte de un periodista de investigación con muchos años de ejercicio que además enseña en la universidad esa materia. Uno de los bienes más preciados que mis compañeros y yo podemos conseguir es la obtención de documentos oficiales que muestren el mal comportamiento de los poderes públicos, papeles que suelen estar clasificados como confidenciales o secretos. Cuando publiqué La Casa hace 31 años, la editorial Planeta pensó que podían secuestrar el libro y sus abogados hicieron un informe en el que explicaban que contenía 1216 delitos contra la Ley de Secretos Oficiales. El libro se publicó con solo tres cambios y no hubo ni una querella, demostración práctica de que el derecho del pueblo a conocer los temas que los afectan está por encima de otras limitaciones legales.

Lo que no pudo el Novichok

No han tenido la misma suerte que yo, y que muchos de mis compañeros en todo el mundo, algunas personas que han ejercido su derecho a ofrecer información u opiniones sobre sus gobiernos. En las últimas semanas los casos son especialmente graves. Alexei Navalni decidió ejercer su labor de oposición al presidente ruso, Vladimir Putin, creando un canal en Youtube. Subía sus investigaciones y denunciaba los malos comportamientos del poder. Le sometieron al mismo proceso instigador que al resto de opositores, comenzando por detenciones rápidas, acoso, golpes…Hasta que decidió presentarse a unas elecciones y la maquinaria funcionó para impedírselo. Dos envenenamientos después, internado en un hospital de Alemania, sin haberse recuperado de los efectos del Novichok, regresó a defender sus derechos y los del pueblo a opinar con libertad, y hace unos días le asesinaron.

Esta semana, los días 20 y 21, el Tribunal Superior de Londres estudió un nuevo recurso de los abogados de Julian Assange en contra de su extradición a Estados Unidos. Le quieren aplicar una ley de espionaje de 1917, redactada para luchar contra los derechos políticos de los activistas de la época. Una ley que exige un jurado en el que solo pueden participar personas con un marchamo de garantía de seguridad, tales como agentes de la CIA o la NSA, o personal de la secretaría de Estado.

A Assange le imputan 18 delitos relacionados con el derecho del pueblo a conocer, como ha sido atestiguado. WikiLeaks, la organización que él dirigía, difundió comportamientos gravemente delictivos de los gobiernos estadounidenses, como las torturas a presos en Irak, el asesinato sin justificación de periodistas en Afganistán o las presiones sobre autoridades y jueces españoles para que les entregaran al traficante de armas Monzer al Kassar. La Primera Enmienda protege a los periodistas americanos frente a esta locura, pero Estados Unidos no se la aplicará porque es extranjero. Un sin sentido total.

Un tercer caso es el de Igor Lednik, un periodista bielorruso que osó desvelar información que dañaba el prestigio del presidente del país, Alexandr Lukashenko. Al igual que le pasó a Navalni, Lednik ha muerto en prisión. El respeto a la vida humana no está de moda en algunos países.

Lo que pretenden los que envían pistoleros o tribunales de excepción en contra de los periodistas de investigación es simplemente atemorizar para que nadie siga sus pasos. Por ende, que el pueblo permanezca desinformado de lo que pasa para que ellos puedan actuar con total libertad. No podrán conseguirlo.