La oposición denuncia la «dictadura judicial» de Arce en Bolivia: «Es más autoritario que Evo»

El presidente de Bolivia, Luis Arce, máximo dirigente del fracturado partido Movimiento al Socialismo (MAS), está gobernando el país a través de «una dictadura judicial», ya que «ha permitido al Tribunal Constitucional autoprorrogarse» más allá de los seis años que le corresponden. Así lo califica Zvonko Matković Ribera, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz y perteneciente al partido opositor Creemos, en una conversación con THE OBJECTIVE en la que participan Javier El-Hage Guaristi, director legal de Human Rights Foundation (HRF) y Jhanisse Vaca Daza, activista de Derechos Humanos y Medio Ambiente y fundadora de Ríos de Pie, un movimiento ciudadano que lucha a través de la no violencia por la democracia y libertad de Bolivia.

Tras la salida de Morales y el Gobierno de Transición de Jeanine Áñez -actualmente encarcelada-, el partido MAS volvió al poder con Luis Arce y, con él, el autoritarismo está a la orden del día: «Ahora el Gobierno es más autoritario que el de Evo Morales porque tiene la excusa del supuesto «golpe de estado» de 2019, negando el fraude electoral que fue certificado por la Organización de los Estados Americanos (OEA)», señala El-Hage. «Este Gobierno se ha animado a hacer cosas que el de Morales no se animó a hacer».

Durante el gobierno de Arce, el partido MAS se ha dividido en dos facciones: el «ala arcista», que defiende la gestión de Luis Arce y dice buscar la renovación de liderazgo en el partido, y el «ala evista», que defiende el liderazgo de Morales y busca su reelección. «El incentivo político es que Arce quiere los votos que tiene Evo. Entonces se tiene que mostrar a las bases de Evo como más duro que el propio Evo. Por eso él toma una actitud más agresiva y viola la Constitución de una forma todavía más abierta», señala contundentemente la activista Jhanisse Vaca.

La base de la democracia, entre las cosas, es la separación de poderes. «En Bolivia no hay división de poderes en ningún nivel: el aparato judicial está completamente controlado por el Ejecutivo y, en la Asamblea Legislativa Plurinacional están comprando votos, manipulando y trayendo grupos paramilitares violentos para extorsionar a los políticos», añade Vaca.

«Ahora estamos bordeando los 300 presos políticos, entre ellos el gobernador electo Fernando Camacho», afirma Matković, que sabe muy bien de lo que habla, ya que él mismo estuvo preso ocho años en detención preventiva -sin sentencia judicial y sin una prueba en contra suya– tras ser vinculado con el caso terrorismo del hotel Las Américas. A prisión lo mandó el fiscal Marcelo Soza, el mismo que posteriormente extorsionó al padre de Matković exigiéndole pagar miles de dólares para liberar a su hijo.

Años más tarde, y tras haber huido a Brasil en 2014, Soza reconoció que la investigación fue dirigida desde el Ministerio de Gobierno y que fue presionado por el régimen de Morales para involucrar a líderes cruceños en este caso y fabricar pruebas para incriminarlos. En mayo de 2018, un juzgado de Santa Cruz condenó a Soza a 12 años de cárcel por extorsionador.

«La persecución política está en aumento y goza de total impunidad. Tampoco hay libertad de expresión. Y todo eso ocurre sin que fuera del país se enteren, porque hay muy pocas organizaciones que documenten todos estos abusos, y tampoco hay suficiente espacio para prensa independiente que pueda generar reportes en base a esto», afirma Jhanisse Vaca.

«El MAS siempre ha seguido los pasos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero ha aprendido a ser más sofisticado en su persecución. Ellos manejan muy bien su imagen dentro del país y afuera y tienen más cuidado en cómo camuflar lo que están haciendo», añade la líder de Ríos de Pie.

Los «presos políticos» y la definición de terrorismo

En Bolivia se maneja la cifra de 236 perseguidos políticos, que incluye no solo a los presos opositores, si no aquellos que si bien no están entre rejas sí experimentan persecución gubernamental y restricciones. «Es el caso de Carlos Mesa, líder de la oposición en La Paz, que enfrenta múltiples procesos judiciales espurios motivados políticamente y tiene un montón de restricciones», asegura El-Hage.

Más allá de reclamar justicia y un nuevo Gobierno para Bolivia, estos tres opositores defienden también la liberación de los «presos políticos», y centran su atención en uno de ellos, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, que se encuentra detenido en un penal de máxima seguridad en La Paz.

Está acusado -como es habitual en el Gobierno del MAS- de terrorismo. Pero, como muchos, está en prisión de manera preventiva, sin juicio y sin pruebas sólidas contra él. A finales de diciembre de 2023, la Fiscalía boliviana presentó la acusación formal contra ocho investigados en el caso conocido como supuesto ‘golpe de Estado I’ por la crisis de 2019, incluido Camacho, para el que han pedido 20 años de prisión, y la expresidenta Jeanine Áñez. Camacho está acusado de terrorismo, financiamiento del terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, uso indebido de deberes y servicios públicos.

En el caso de Camacho, él padece una enfermedad denominada síndrome Churg-Strauss, que se caracteriza por la inflamación de vasos sanguíneos. «Tiene que ponerse unos sueros», señala Matković, pero «solo le han permitido una vez salir de prisión para ir a una clínica, por la fuerte presión internacional».

El caso de Camacho es de los más mediáticos, pero no es el único. Vaca destaca el caso de César Apaza, un líder del sindicato cocalero de los Yungas en La Paz, competencia de Evo en cuanto al mercado y también políticamente, que fue apresado. «A él lo han torturado al nivel de que tuvo una embolia que lo dejó la mitad del cuerpo paralítico», «y casi muere en la cárcel este pasado diciembre porque casi entró en coma diabético. Estaba teniendo ataques al corazón y le negaban atención médica», asegura. «La negación al acceso a la salud cuando están en la cárcel es otro método de tortura que el gobierno de Arce está usando de una forma mucho más agresiva, pública y consistente que como lo hizo Evo».

La causa por terrorismo es común ente los presos políticos, pero «no puedes estar diciendo que todo es terrorismo, tienes que delimitar lo que implica terrorismo», afirma Matković, que denuncia que una vez que se te mete en prisión en preventiva, «es todo un negocio, porque las tarifas de los abogados cambian y el juez, el fiscal y todos tienen que intervenir para que puedas recuperar tu libertad. Es un sistema absolutamente corrupto».

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha advertido en un extenso informe de la existencia en Bolivia «de tipos penales poco claros y objetivos tales como terrorismo o incumplimiento de deberes y la falta de adecuación de la tipificación del delito de tortura a los estándares internacionales». Así, la CIDH ha pedido al Gobierno de Arce «la adecuación de la tipificación del delito de tortura a los estándares internacionales, así como a la revisión y reforma urgente de las tipificaciones de los delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo».

Ataques a la sociedad civil

Pero no todos los perseguidos son políticos. «Saliendo de los políticos, durante el gobierno de Arce también se han activado muchos procesos políticos contra líderes de la sociedad civil. Es el caso de guardaparques a los que se les han abierto juicios por hacer su trabajo, por impedir que los mineros ingresen a estas áreas naturales que constitucionalmente deberían estar protegidas. Pero los grupos mineros tienen una cercanía muy grande con el gobierno de Arce, al nivel que le dictan a qué ministros contratar y despedir», asegura Vaca.

A todo ello se suma el control férreo de los medios de comunicación y del monitoreo de derechos humanos. «También hay un problema sistémico en Bolivia, que es que no hay muchos reportes de derechos humanos, porque la mayoría de las organizaciones que hacían este trabajo han tenido que cerrar. A ellos se suma el control que también tienen de la prensa, a través de presión económica, y los altísimos niveles de desinformación», añade la activista boliviana.

El cultivo de coca, Evo y el MAS

Ninguno de los tres expertos se aventura a decir cómo se financia el MAS y, mucho menos, a asegurar que algunos de sus ingresos podrían provenir del narcotráfico. Sin embargo, sí dejan claro que el expresidente Evo Morales dirigió las federaciones cocaleras de la zona del Chapare, donde «sale una hoja de coca más amarga que no sirve para mascar y que, se podría usar para elaborar cocaína». No obstante, el expresidente boliviano defiende que esa coca amarga es para los pobres que no pueden permitirse otra.

Lo que está claro es que Bolivia es el tercer país del mundo en hectáreas dedicadas al cultivo de coca, por detrás de Colombia y de Perú. Así, Morales dirigió la Federación Especial del Trópico, una de las seis federaciones sindicales de productores de coca que se encuentran organizadas en la zona de la provincia del Chapare y que, desde 1991, son coordinadas por un Comité de Coordinación presidido por él.

Ubicado en pleno centro de Bolivia, El Chapare es una de las 16 provincias que componen el departamento de Cochabamba y es considerado como uno de los feudos de Morales, arduo defensor del cultivo de coca. Es en este lugar donde el expresidente empezó su carrera política como dirigente sindical, y allí regresó tras su exilio en México y Argentina, cuando volvió en noviembre de 2020 tras la investidura de Arce.

Precisamente, el Gobierno de Arce, no solo enfrentado con la oposición, sino también con los partidarios de Evo Morales -El MAS está fracturado-, ingresó a principios de este año a la denominada «zona roja» de la provincia del Chapare, en Cochabamba y aseguró haber destruido 25 laboratorios móviles utilizados para la fabricación de cocaína.

«De las 55.000 toneladas que se producen en Bolivia de hoja seca, el 65% no es comercializada en mercados legales», según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD). Y, el mercado más ilegal de todos es el de la zona del trópico, es decir, el de Chapare, donde el 94% de la coca secada al sol no pasa por el mercado legal. «Dependiendo de qué tanto un país reprime a los narcotraficantes, aumentan en otro país, es el efecto globo», señala El-Hage, que remarca: «Bajo el gobierno Evo Morales se votó a la DEA del país y se dejó de hacer intervención a la producción de cocaína en el Chapare».

«Es importante entender que las rutas para traficar drogas son las mismas que se usan para traficar animales silvestres hacia China y también para el tráfico de mercurio. El mercurio es ilegal a nivel internacional y somos el único país que no lo penaliza. Todo el mercurio que se importa a Bolivia sale por nuestras fronteras de forma ilegal hacia Perú, Chile, Argentina y Brasil», señala la activista Vaca.

«El Mercurio en realidad genera más rédito incluso que el narcotráfico. El motivo por el que yo sé esto es porque muchos de los parques naturales en los que ha entrado el narcotráfico sufren incendios para limpiar el espacio para nuevas rutas, para que la mercadería salga de forma más rápida. En ese proceso, muchos bomberos con los que nosotros trabajamos han recibido amenazas de muerte de narcotraficantes que están dentro de las áreas protegidas. En Bolivia, solo en el Noel Kempff Mercado, área protegida que es parte de la Amazonía, hay muchísimas pistas de aterrizaje, que ni siquiera la prensa quiere reportar, para que salga la cocaína y para que salga el mercurio y otra mercancía ilegal», sentencia.