Cárteles mexicanos, el poder en la sombra

Ejecuciones sumarias, asesinatos masivos, extorsiones, corrupción y un largo etcétera de actividades criminales no son un guion de una película de Scorsese o Tarantino, sino la dura realidad que desde hace años tiene que soportar la sociedad mexicana sometida por el control de los cárteles, y que pone de manifiesto la impotencia del Estado y de las fuerzas de seguridad frente al inmenso poder que detentan, dominando esferas del poder político al ser un actor fundamental del mismo y socavando la democracia en su ejercicio. Se calcula que entre el 30 y el 35 % del territorio mexicano está dominado por los principales cárteles y donde las funciones y responsabilidades de las instituciones democráticas brillan por su ausencia. Así, regiones como Michoacán, Guerrero o Guanajuato están sometidos en exclusiva por el narco, convirtiendo dichas zonas en estados fallidos a la altura de Libia o Siria, incluso por el nivel de violencia existente, con masacres en poblados y bloqueos en municipios por las disputas despiadadas de las organizaciones criminales para ganar territorios y lograr una mayor presencia e influencia en los mismos.

Para llegar a esta situación de franca debilidad del Estado han contribuido decididamente varios procesos estructurales que se han ido acumulando a lo largo de varios años, como la palmaria insuficiencia de las capacidades institucionales, las improcedentes estrategias de seguridad implementadas, y la falta de capacitación de las fuerzas de seguridad que provoca unos alarmantes bajos niveles de eficiencia en el desempeño de sus cometidos más básicos en la preservación del orden público y la seguridad en amplias zonas del país.

En esas demarcaciones la población ha quedado desprotegida y al albur de las organizaciones criminales que actúan como si fueran un poder legalmente constituido, nombrando y quitando alcaldes y gobernadores, controlando las actividades económicas, el cobro de impuestos y hasta la impartición de justicia. Además, y debido a que las administraciones públicas competentes no dan respuesta a muchas de las necesidades más básicas de los ciudadanos, las organizaciones criminales han logrado también la aceptación social en muchos lugares, incrementando así su poder y «legitimidad» y también su capacidad para influir políticamente, convirtiéndose en un agente político-electoral de primer orden subvencionando incluso campañas políticas al colonizar el productivo negocio de la política en todos sus ámbitos tal y como ellos lo entienden.

Ejemplo de ello es que el mes pasado diversos medios de comunicación publicaron que la DEA —Agencia antidroga norteamericana— tiene sólidas pruebas sobre el dinero entregado por el cártel de Sinaloa al equipo de campaña de López Obrador en las elecciones presidenciales de 2006, y más cercano en el tiempo, en las elecciones intermedias de 2021, donde el presidente agradeció la presencia «respetuosa» de los cárteles en la jornada electoral, los opositores a López Obrador denunciaron ante la Organización de Estados Americanos que su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), fue financiado por el citado cártel de Sinaloa. En este contexto de contactos mantenidos no hay que olvidar el afecto que ha testimoniado en más de una ocasión López Obrador hacia la madre del conocido narcotraficante El Chapo Guzmán, líder de dicho cártel que fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y condenado posteriormente a cadena perpetua por la justicia norteamericana.

Este escenario descrito es el caldo de cultivo ideal de la corrupción existente en el país a todos los niveles y que permea prácticamente todos los espacios, tanto de lo público como de lo privado, afectando, por tanto, al conjunto de la sociedad mexicana, además de obstaculizar el normal crecimiento económico. México es considerado uno de los países más corruptos del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción que publica anualmente Transparencia Internacional, y es el único país junto con Guatemala cuyas puntuaciones generales han disminuido cada año desde que se publicó el Índice en 2019. 

Un ejemplo de ello es el poder absoluto que ha otorgado a las Fuerzas Armadas a través de la Secretaría de Defensa Nacional, que gestiona los proyectos, contratos y actividades con total opacidad y discrecionalidad al considerarlos de seguridad nacional, y que favorece una corrupción descomunal al estar exento de cualquier tipo de control y fiscalización en su ejercicio.

La realidad del narco se impone al discurso oficial

La cruda realidad se contrapone al discurso oficial seguido por el presidente López Obrador desde que inició su sexenio en diciembre de 2018 con su ambicioso objetivo de lograr una Cuarta Transformación del país como así la denominó, situando su mandato al mismo nivel que otros tres momentos clave en la historia de México, siendo uno de los rasgos principales de la pretendida Transformación un cambio profundo y radical del sistema político para arrancar de raíz el régimen corrupto imperante, y que los hechos han demostrado por el contario que la corrupción sigue impregnando el funcionamiento de la administración en todos sus niveles, desde la creación de una empresa hasta la obtención de un documento oficial. 

Ante este panorama, la política seguida por el actual gobierno es la de culpar a otros actores externos ante este fenómeno. Así, el discurso presidencial por las críticas recibidas por la masiva exportación del fentanilo en estos últimos años más recientes desde México a Estados Unidos es culpabilizar a este país porque allí hay muchos consumidores, y si se exportan ilegalmente armas a México desde ese país también es culpa de los norteamericanos porque tienen muchas armas. 

El sistema político mexicano articulado en tres niveles, local, estatal y federal, contribuye además a fortalecer el poder de los cárteles en un aprovechamiento mutuo de dinero, favores y permisividad, como evidencia que los índices de impunidad rondan el 90 % y que el impacto económico de la violencia en 2022 fue el 18,3 del PIB de México según el Índice de Paz México 2023 del Instituto para la Economía y la Paz.

Otro ejemplo que pone de manifiesto a la perfección el poder del crimen organizado en México viene determinado por su enorme influencia en el mercado laboral de su país y que es un reflejo del control territorial que ejercen en amplias zonas geográficas del país. La revista Science ha recogido en un informe que los cárteles son el quinto empleador del país, por encima de empresas como la petrolera PEMEX, calculando que unos 175.000 «empleos» dependen de estos grupos criminales. 

El continuo avance de los cárteles del narcotráfico, que son los responsables de la crisis de violencia que azota el país y donde la guerra entre los diferentes clanes y las luchas internas entre facciones de los cárteles por el control de las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa se ha visto acentuada en los últimos años por el auge del fentanilo, que fabrican los propios cárteles mexicanos con productos químicos adquiridos en China, y que revela el problema sistémico que tiene el país por la incapacidad del gobierno y de las fuerzas de seguridad para hacerles frente.

La enorme magnitud de muertos y desaparecidos provocados por su violencia criminal revelan por sí solos el gravísimo problema que supone la actividad de los cárteles mexicanos y la debilidad institucional para hacerlos frente. Desde el mandato de López Obrador el número de homicidios supera los 180.000 y no es en absoluto exagerado afirmar que al final de su sexenio alcance los 200.000. Por otro lado, el número de desaparecidos a mes de septiembre del año pasado sobrepasa las 111.000 personas, muchas de las cuales son víctimas del crimen organizado.

A estas escalofriantes cifras hay que destacar que apenas llegan al 2 % los homicidios que se esclarecen y las desapariciones no alcanzan el 1 %, revelando la impunidad en la que actúan los cárteles.

Doce grandes cárteles y hasta 80 bandas criminales

Actualmente, hay al menos doce grandes organizaciones criminales en constante expansión para lograr mayor territorio donde desarrollar con total impunidad sus actividades. A estas estructuras hay que sumar otros grupos criminales cuya influencia también es notoria hasta totalizar un total de ochenta bandas, lo que ha provocado indudablemente un mayor número de enfrentamientos, más muertos y más violencia por la lucha sin cuartel por el poder en las distintas zonas del país. Para el logro de sus objetivos no dudan en emplear las armas más sofisticadas como pueden ser los drones explosivos, como viene siendo habitual en algunas zonas como en el Estado de Guerrero, donde a principios del pasado mes de enero en un enfrentamiento entre dos grupos criminales en la frontera entre la Costa Grande y la Tierra Caliente para ampliar sus dominios criminales resultaron muertos hasta treinta integrantes de ambas bandas. 

El Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización criminal más peligrosa del mundo, según las autoridades estadounidenses. Ejerce una gran influencia en los corredores clave de producción y transporte de droga, teniendo una considerable presencia en Centroamérica y Sudamérica, tejiendo alianzas con las organizaciones criminales locales de esos países para servir como enclaves en el transporte y salida de la droga hacia los mercados de consumo, principalmente Estados Unidos y Europa.

Para hacer frente a este escenario dominado por la violencia y la cada vez mayor presencia e influencia de los cárteles mexicanos, la política contra la criminalidad organizada impulsada por el gobierno de López Obrador, fundamentada en actuar en las causas que provocan la violencia y no en la lucha para la erradicación de esta, ha conseguido en sus cinco años ya de mandato que las tasas delictivas y de violencia criminal sean peores que cuando inició la legislatura. Se puede afirmar, ya que la conocida frase del presidente López Obrador al comenzar a ejercer su poder de «abrazos, no balazos» ha hecho más fuertes a los cárteles y grupos criminales y ha debilitado a los aparatos de seguridad del Estado.

Por tanto, no hay razones actualmente que inviten al optimismo para intentar revertir esta situación, como evidencia también que en los últimos cinco años el gasto presupuestario en orden público y seguridad ciudadana se ha reducido en un 29 %, y el sistema judicial también ha visto reducida su inversión en un 14,6 % en ese mismo período. Con estas cifras, México invierte menos en seguridad pública y justicia que los promedios regionales e internacionales. En 2021 gastó el 0,65 % de su PIB, cifra que representa menos de la mitad del promedio de la OCDE.

Por otro lado, ha incrementado el gasto militar en el período analizado en un 27 % y viene a confirmar la estrategia del gobierno mexicano de militarizar la seguridad en su proceso de reformular la seguridad pública, disolviendo la Policía Federal en 2020 y pasando dos años más tarde a la Guardia Nacional creada en 2019 a depender de la Secretaría de Defensa Nacional abandonando su dependencia orgánica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y viendo relegado su papel en muchas ocasiones a la intranscendencia al ser meros auxiliares del ejército y sin priorizar como se debiera el trabajo de investigación e inteligencia criminal, desembocando así en una menor presión policial, judicial y gubernamental en la lucha contra el crimen organizado que es aprovechado por los cárteles para la expansión de su actividad criminal como así está sucediendo reforzando sus estructuras y dominios de los territorios, en muchas ocasiones en disputa sangrienta entre las bandas criminales para el control de gobiernos locales y áreas estatales.

Ante las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán en el mes de junio y en la que por primera vez en la historia de México la lucha por la presidencia se centra en dos mujeres, la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional —Morena— y delfín de López Obrador, Claudia Sheinbaum, y la aspirante de Fuerza y Corazón por México, Bertha Gálvez, crecen las sospechas por el papel que desempeñarán los principales cárteles en su apoyo durante la campaña electoral a la candidatura representada por la fuerza política actual en el gobierno y su influencia en los resultados. 

El Gobierno ya está en modo electoral y para ello no ha dudado en mantener las ayudas a la población más desfavorecida sin el apoyo de una política fiscal responsable y redistributiva, contribuyendo con ello a un considerable incremento del déficit público. Además, se evidencia el ninguneo hacia las instituciones que actúan con independencia del poder público, como la Suprema Corte de Justicia o el Instituto Nacional Electoral, que han visto recortados sus presupuestos.

Un país que no puede garantizar unos estándares mínimos la seguridad de sus ciudadanos es un estado fallido, y México corre el elevado riesgo de convertirse más pronto que tarde en una suerte de narcoestado si no se revierte la situación con premura. Amenaza que indudablemente se ve acentuada porque las políticas seguidas en el actual sexenio por el gobierno de López Obrador se han traducido en un mayor empoderamiento del crimen organizado, como se colige por el incremento de la violencia que sin parangón está azotando al país. La estrategia gubernamental realizada en estos más de cinco años de legislatura, conocida y publicitada por el propio presidente como «abrazos y no balazos» puede tildarse sin paliativos de fracaso. La presión de las fuerzas de seguridad para desarticular grupos de crimen organizado ha pasado a un lugar secundario y en muchas ocasiones son simples espectadores de sus actividades criminales. 

En amplias zonas el poder de los cárteles provoca que ni siquiera haya soberanía y gobernabilidad compartida con el Estado, pues notoriamente son ejercidas por las organizaciones criminales que las desempeñan con extrema violencia, y la recuperación y pacificación de tales territorios por el Estado actualmente está muy alejado de sus capacidades y costará muchos años lograr su normalización, siendo, por tanto, más necesario que nunca una respuesta unitaria de todos los actores implicados, desde las autoridades locales hasta las federales, el sistema judicial, pasando también por los cuerpos policiales en sus diferentes niveles de implantación y las Fuerzas Armadas. Toda esta imprescindible intervención debe venir acompañada por un acuerdo nacional de lucha contra la violencia en la que estén representados los partidos políticos.

La ostensible presencia militar en la administración, la vinculación con el narco y la sospecha de la intervención de los cárteles en las elecciones homologan en cierta forma el gobierno de López Obrador con el de Maduro en Venezuela. 

Las próximas elecciones presidenciales son un momento crucial para vislumbrar si México continúa en su actual deriva, si la candidata presidencialista renueva el mandato por otros seis años, o, por el contrario, la alianza de partidos opositores agrupados en Fuerza y Corazón de México consiguen ganar y aplicar otras políticas en esta materia como así vienen manifestando. 

Conclusiones

 México debe aumentar la inversión en seguridad y en el sistema judicial, aproximándose lo más posible al promedio de la OCDE, posibilitando con ello unos mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado al disponer de más medios y recursos para poder hacerles frente con mayor eficacia y contundencia.

Consolidar el proceso de reforma del modelo policial iniciado por López Obrador al comienzo de su mandato y robustecer las competencias y la especialización de las fuerzas de seguridad, y en particular la formación y cualificación de sus cuadros de mandos medios por carecer de la especialización necesaria en la realización de los servicios más cotidianos.

Fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad e inteligencia en la lucha contra el narcotráfico a escala regional e internacional, para impedir que siga extendiendo sus tentáculos por distintos continentes y evitar así la implantación de sucursales criminales globales de los cárteles, porque una de las características del crimen organizado, que es su transnacionalidad, es un factor cada vez más acentuado. Para ello es imprescindible lograr una colaboración más fluida y permanente con Estados Unidos al ser el principal mercado mundial de consumidores de estupefacientes. Respondiendo a esta realidad, este mes de febrero reafirmaron su compromiso de contrarrestar los flujos de drogas sintéticas ilícitas e incrementar la colaboración en el control de los precursores químicos, en la cuarta reunión del Comité Trilateral sobre Fentanilo que establecieron en enero del año pasado los presidentes de México, EEUU y el primer ministro de Canadá.

En esta línea de cooperación, actualmente la Unión Europea está negociando con México un Acuerdo para llevar a cabo acciones conjuntas de investigación e intercambio de información para combatir el narcotráfico como el ya suscrito con Colombia, abordando así las necesidades operativas y actualizando además el conocimiento estratégico en el abordamiento de este fenómeno porque en los últimos años se está produciendo un incremento de esta criminalidad organizada en algunos países europeos, entre ellos España, donde la cooperación policial internacional existente ha permitido desmantelar organizaciones criminales mexicanas que tratan de asentarse en nuestro país, como la operación policial desarrollada en julio del año pasado en la que se detuvo en Madrid al emisario en Europa del cártel de Los Zetas y en la que se incautaron unos 400 kg de cocaína.

Por ello, potenciar y fomentar los mecanismos de colaboración e intercambio de información operativa e inteligencia es un elemento clave entre las policías de ambos países, así como las actividades de formación y perfeccionamiento que nuestras fuerzas de seguridad imparten con carácter regular a sus contrapartes mexicanas.