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El TSJ venezolano declara a González en desacato al no aparecer tras las elecciones

La presidenta del Tribunal ha anunciado que el TSJ realizará el peritaje de todo el material tanto físico como en digital

El TSJ venezolano declara a González en desacato al no aparecer tras las elecciones

María Corina Machado y Edmundo González. | Europa Press

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha declarado al candidato presidencial opositor Edmundo González «en desacato» por no comparecer ante el organismo el pasado jueves ni presentar las actas de escrutinio.

La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral, Caryslia Rodríguez, ha explicado que ni González Urrutia, ni la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que respaldaba su candidatura han presentado «material electoral alguno». La oposición sostiene que el TSJ es incompetente para resolver cualquier contencioso electoral y defienden que debería ser el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado.

González «fue el único de los diez excandidatos que no compareció ante el TSJ para este proceso», ha destacado Rodríguez durante una sesión realizada este sábado y a la que ha acudido personal diplomático acreditado en Caracas, recogida por medios venezolanos.

Rodríguez ha anunciado además que será el TSJ el que realice el peritaje de todo el material consignado tanto en formato físico como en digital.

Tras este análisis publicarán una sentencia definitiva sobre el recurso contencioso electoral presentado por el presidente Nicolás Maduro, la cual tendrá carácter de «cosa juzgada», «inapelable» y de «obligatorio cumplimiento». La presidenta del TSJ ha explicado que también investigarán el «ataque cibernético masivo del cual fue objeto el CNE».

En cuanto a la publicación de gran parte de las supuestas actas del escrutinio en la página web www.resultadosconvzla.com, que dan como ganador de las elecciones a González (ahora inaccesible), Rodríguez ha recordado que el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha anunciado una investigación para determinar responsabilidades por los presuntos delitos de usurpación de funciones, forjamiento (falsificación) de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.

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