Washington justifica el abordaje del buque venezolano por cargar petróleo bajo sanciones
El petrolero, asaltado cerca de Venezuela, no figura en la lista de navíos sancionados por el Tesoro de EEUU
Donald Trump. | Reuters
La Casa Blanca ha asegurado este domingo que la incursión efectuada este sábado por la Guardia Costera de EEUU en el petrolero ‘Centuries’ cerca de Venezuela entra dentro de la legalidad a pesar de que el barco no figura en la lista de navíos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha indicado que el petrolero “transportaba petróleo de Pdvsa bajo sanciones” (la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela) y que “es un navío de falsa bandera que operaba como parte de la flota en la sombra venezolana para traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista” del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Kelly ha publicado este mensaje en X para salir al paso de una serie de informaciones del New York Times y del Washington Post que ponían en tela de juicio la legalidad de la operación. El ‘Centuries’, según fuentes del diario neoyorquino, pertenece a un comerciante con base en China, especializado en el traslado de crudo desde Venezuela a las refinerías del gigante asiático.
Además, el barco tiene bandera panameña, a diferencia del caso del petrolero ‘Skipper’, abordado por EEUU el 10 de diciembre, que sí había sido sancionado por el Tesoro y que, además, navegaba con una falsa bandera de Guyana, como indicaron sus autoridades. Para terminar de complicar la situación, fuentes oficiales han confirmado al New York Times que los guardacostas no tenían una orden de registro para entrar en el ‘Centuries’ e investigar su carga, como sí ocurrió con el ‘Skipper’.
Dadas estas circunstancias, fuentes oficiales estadounidenses bajo condición de anonimato han explicado al diario Washington Post que el abordaje de los guardacostas estadounidenses está amparado en realidad por una ley marítima conocida como “derecho de visita”, por la que un buque de guerra puede efectuar una inspección en un navío con solo la mera sospecha de que está involucrado en actividades ilícitas.
Por todo ello, el Gobierno de Venezuela ha terminado condenando la incursión directamente como un “robo” de sus activos y un “secuestro” acompañado de la “desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales”, reza el comunicado emitido por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Las autoridades venezolanas han calificado de “piratería” esta nueva confiscación que, a juicio de Caracas, incumple varias normas del Derecho Internacional y supone una “flagrante comisión” de un “delito”. El Ejecutivo venezolano “ejercerá todas las acciones correspondientes” para que estos actos no queden “impunes”, entre ellas interpondrán una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.