El juez del caso Cursach ordena devolver los móviles a los periodistas

El juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, ha ordenado este jueves la devolución de los teléfonos móviles y del material informático requisado a dos periodistas del Diario de Mallorca y Europa Press. Los dispositivos fueron confiscados el pasado 11 de diciembre para averiguar el origen y la fuente de varias informaciones que publicaron sobre el presunto caso de corrupción del empresario Bartolomé Cursach.

Los dos periodistas han sido requeridos vía telefónica para que recojan sus móviles, pero su defensa solicita que «se les notifique en debida forma«, «con señalamiento de día y hora para la devolución» del material requisado.

En el caso Cursach se investiga, entre otras muchas cosas, una presunta trama de connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio y policías locales de Palma y Calvià para favorecer los negocios del empresario Bartolomé Cursach, dominador durante décadas de la noche mallorquina.

La Fiscalía Anticorrupción acusa al empresario mallorquín de delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de 8,5 años de cárcel, e incrimina además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide condenas que suman 171 años.

Detenciones dentro de la Policía

La Policía Nacional detuvo el pasado día 18 por revelación continuada de secretos en el caso Cursach a un inspector que fue responsable del grupo de Blanqueo de la Jefatura de Baleares que investigó esta presunta trama de corrupción y a otro agente que intervino en el caso. Este arresto se produjo después de que los propios imputados en el caso Cursach denunciaran que se estaban filtrando datos a la prensa.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares admitió a trámite ese mismo día la querella de los dos periodistas —José Francisco Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de la agencia Europa Press— y de sus empresas contra el juez Florit tras ordenar requisar los teléfonos de ambos profesionales y dos equipos informáticos de la agencia de noticias en Palma para investigar la filtración.

La sala Civil y Penal del alto tribunal ha asumido el estudio de la denuncia, planteada por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.

La defensa de ambos periodistas pide que se les informe por escrito del lugar o lugares donde han estado depositados estos móviles y ordenadores, qué personas han tenido acceso a los mismos y qué inspección, registro, copia o manipulación de los mismos se ha llevado a cabo.

«En caso de que se hayan extraído, copiado y examinado datos de dichos dispositivos«, se requiere que se les informe por escrito de los datos extraídos, copiados, examinados y el lugar de almacenamiento de los mismos.

Derecho a la confidencialidad de las fuentes

La incautación de estos móviles ha provocado en las últimas semanas una amplia crítica de asociaciones de periodistas en España.

A nivel europeo, la plataforma para reforzar la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa ha emitido una alerta por estos hechos en la que invoca el derecho a la confidencialidad de las fuentes periodísticas.

La alerta tiene su origen en la Federación Europea de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas y la organización internacional Index on Censorship, que defienden el derecho a la libertad de expresión y las actividades periodísticas.