La Fiscalía ratifica su acusación de rebelión contra los políticos presos
El Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, por lo que mantiene invariables las penas de prisión que solicita para los acusados
La Fiscalía ha ratificado en el juicio del procés su acusación por rebelión contra los líderes independentistas al considerar que la prueba practicada corrobora la existencia de la violencia, por lo que pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
El Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, por lo que mantiene invariables las penas de prisión que solicita contra los 12 acusados tras tres meses y medio de vista oral, en los que a su juicio, no hay duda de que el procés fue una rebelión consumada, en la que se empleó dinero público y se desobedeció la legalidad vigente.
Tan solo ha modificado una cuestión para que se aplique el artículo 36.2 del Código Penal, que dice que la pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de 20 años, salvo excepciones, y que impide conceder el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, de manera que la Generalitat no podría concedérselo en caso de estar en cárceles de Cataluña.
La Fiscalía ha modificado levemente sus conclusiones, en las que ha retirado las menciones a los miembros de la mesa del Parlament, porque será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien los juzgue.
Por otra parte, la Abogacía del Estado se ha reafirmado en su acusación por sedición para la cúpula del procés y mantiene su petición inicial de 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a quien también acusa de malversación; de 10 años para Carme Forcadell y de ocho para ‘los Jordis’.
No cambia tampoco su petición de 11 años y medio para los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa por sedición y malversación, ni la de siete años para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs por malversación y desobediencia.
La Abogacía del Estado ha decidido seguir adelante con la sedición, un delito que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de la legalidad, la aplicación de las leyes. Considera que no se produjo la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña en octubre de 2017, de manera contraria a lo que afirma la Fiscalía.
En la presentación de sus conclusiones, Vox, que ejerce la acusación particular, ha retirado la acusación por organización criminal y de malversación contra el exconseller Santi Vila, que evitó la prisión preventiva tras solo una noche al depositar una fianza de 50.000 euros que le exigió la jueza Carmen Lamela.
