Aunque los tratados y valores de la Unión Europea promueven que nadie sea discriminado por su orientación sexual, la realidad es que el 43% de las personas LGTBIQ en la UE no se sienten tratadas como el resto de los ciudadanos. Y la Comisión Europea quiere remediarlo. «Todo el mundo debería sentirse libre de ser quién es, sin miedo ni persecución. De eso se trata Europa y eso es lo que defendemos», ha dicho la vicepresidenta comunitaria de Valores y Transparencia, Vera Jourova, durante la presentación de la primera Estrategia de la Comisión Europea sobre lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, no binarios, intersexuales y queer (LGTBIQ).
Lo más importante: esta hoja de ruta para luchar contra la discriminación LGTBI en la UE entre 2020 y 2025 tiene esencialmente un cariz simbólico, pues el Ejecutivo comunitario tiene pocas herramientas jurídicas para modificar políticas en áreas donde las competencias recaen sobre los Estados miembros, como la educación o la familia. La estrategia aboga por incluir en la legislación europea los delitos motivados por discursos de odio lgtbifóbo, legislar para alcanzar el reconocimiento transfronterizo de las familias LGTBIQ o elaborar un marco regulador que aborde el riesgo de sesgo y discriminación inherentes a los sistemas de inteligencia artificial, entre otros.
Con la complicidad de los Estados miembros, Bruselas quiere pavimentar el camino para alumbrar una generación europea donde cualquiera pueda «alcanzar su potencial pleno, sin ninguna interferencia, sin importar si es LGTBIQ o heterosexual», ha dicho la eurocomisaria de Igualdad, Helena Delli. «Queremos cambiar la sociedad y para ello hay que empezar por los cimientos. Tenemos unos cimientos podridos», ha agregado la eurocomisaria, quien se ha referido al acoso (bullying) que lleva a adolescentes homosexuales a suicidarse y ha llamado a enseñar a los niños «que nadie elige cómo nace y que una sociedad diversa es una más fuerte».
La UE es pionera en el reconocimiento de derechos LGTBIQ, pero ese colectivo no vive con las mismas libertades que el resto de sus conciudadanos comunitarios. Los tratados establecen que la UE luchará contra toda discriminación por razón de orientación sexual y, de la treintena de países que reconocen el matrimonio homosexual, trece son europeos. Entre ellos los tres primeros: Países Bajos, Bélgica y España.
Pero el 69% de las personas LGTBIQ han evitado alguna vez ciertos lugares por temor a ser agredidos, amenazados o acosados y el 25% no ha denunciado agresiones físicas o sexuales por miedo, según un estudio de 2019 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE.
Un Eurobarómetro de ese mismo año arroja que hay Estados miembros donde la inmensa mayoría de la ciudadanos apoya una plena integración LGBTIQ, como en Suecia (98%), Países Bajos (97%) o España (91%), y otros donde más de la mitad de la población considera que no deben disfrutar de los mismos derechos que los heterosexuales, como Croacia (51%), Rumanía (54%) o Eslovaquia (59%).
Hay dos países que preocupan especialmente en Bruselas. El primero es Polonia, que el año pasado empezó a declarar «zonas libres de ideología LGTB». «En mi ciudad muchas veces siento como si no debiera estar aquí, aunque haya nacido aquí y vivido aquí toda mi vida», ha explicado en un coloquio previo a la presentación David Socha, un joven polaco homosexual de la localidad de Pulawy.
«La Comisión es muy consciente de la situación en Polonia y no dudará en actuar una vez identificada una clara vulneración de los tratados», ha dicho Jourova, quien ha recordado que en el presupuesto comunitario para 2021-2027 se vinculará la percepción de fondos europeos al respeto del Estado de derecho.
El segundo Estado que inquieta es Hungría, donde el Gobierno de Viktor Orban propuso ayer vetar la adopción por parte de las parejas del mismo sexo e incluir en la Carta Magna la garantía de que los niños recibirán una educación basada en valores cristianos.
Jourova se ha limitado a decir sobre Hungría que «la Comisión no comenta propuestas, sino leyes». Pero ha apuntado que es precisamente desde el punto de vista legal por donde Bruselas quiere trabajar, a través del reconocimiento transfronterizo de las «familias arco iris» en el conjunto de los Veintisiete, que en virtud de la libertad de movimientos en la UE.
Antes, la comisaria había escuchado el relato de la griega Eleni Maravelia, residente en España y casada con una mujer a la que conoció en Londres, quien ha enumerado las estridencias burocráticas a las que se tiene que enfrentar una pareja de lesbianas para conseguir que sus hijos tengan los mismos derechos que los nacidos en familias heterosexuales cuando se trata de obtener partidas de nacimiento o pasaportes. «Un día me tendré que sentar con mis hijas y explicarles que, fuera de España, pierden una madre», ha contado.
