Los expertos rechazan el plan de Sánchez de regular la prensa: «Es peligroso»
Consideran que involucrar al Gobierno en el control de los medios es un error y apuestan por la autorregulación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la presentación de la Fundación Avanza, cuyo objetivo es combatir el discurso de la ultraderecha y los bulos. | Eduardo Parra (Europa Press)
La Fundación Hay Derecho ha celebrado un seminario online sobre la libertad de prensa y su regulación, a tenor de los recientes amagos de regular la actividad de los medios de comunicación por parte del actual Gobierno. El evento ha contado con la presencia de Borja Adsuara, de Abogado Digital, Carlos Hernández Echevarría, director adjunto de Maldita.es, y María Isabel Fernández Alonso, profesora de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona.
El debate ha girado en torno a dos temas principales: la regulación gubernamental de la prensa en contraposición a un posible acuerdo de autorregulación entre los medios, y el crucial papel de las plataformas digitales en la difusión y propagación de toda clase de informaciones. Respecto al primer punto, los tres expertos han lanzado varias advertencias sobre el peligro de caer en esta clase de dinámicas. Una de las principales funciones de una prensa libre es la fiscalización del poder, independientemente de su cariz ideológico, y en un escenario en el que el Gobierno ostentara la capacidad de expedientar a los medios de comunicación, la tentación de utilizar dicha capacidad para actuar en contra de todos aquellos que publiquen informaciones perjudiciales para ellos sería demasiado grande.
Según los tres expertos, esta posible ley de medios podría incluso llegar a ser perjudicial para el Gobierno del PSOE en caso de aprobarse, pues en el momento en el que otro partido ganara unas elecciones podría utilizar los mismos mecanismos para acosar a los medios críticos con su gestión. En palabras de Borja Adsuara, «cuando alguien se erige como intérprete de la verdad absoluta y se adjudica la capacidad de decidir qué es información veraz y qué no lo es, es peligroso, y más aún cuando se trata del Gobierno», aludiendo al evidente sesgo que se ha mostrado desde los poderes políticos a la hora de calificar el grado de veracidad de ciertas informaciones que les perjudican.
Para Carlos Hernández, que el Gobierno comenzara a repartir la etiqueta de «pseudomedio» según su propio criterio sería lo peor que podría pasar a este respecto: «El peor escenario es que cualquier gobierno venga con una lista de ‘este sí [es un medio de comunicación], este no’», pues esto acabaría por completo con la independencia que debe garantizarse a los medios para que éstos puedan aportar un servicio significativo a la sociedad. Adsuara complementaba esta tesis recordando cómo los mecanismos para regular las informaciones falsas ya están bien establecidos en la constitución y el código civil, pues todo ciudadano tiene derecho a llevar a los tribunales cualquier información que considere falsa y pueda causar alguna clase de perjuicio a su honor o su intimidad.
Autoregulación
Por estos motivos, los expertos han coincidido en que la solución que mejor garantizaría la independencia y la libertad de la prensa sería un consenso de autorregulación entre los principales actores del ecosistema informativo español. Sin embargo, Hernández ha recordado que si aún no tenemos un acuerdo de autorregulación en la prensa —acuerdo que podría contar con un enfoque parecido al existente en el mundo de la comunicación comercial mediante la plataforma Autocontrol— es porque, debido a la cantidad de intereses que hay en juego, no existe la voluntad de alcanzarlo.
También se ha tratado el tema de la publicidad institucional, otro de los puntos que pretende regular el Gobierno de Sánchez. Según Fernández Alonso, «el volumen de ingresos públicos en los medios de comunicación es extraordinario», y esto haría verdaderamente difícil lograr una verdadera transparencia de un día para otro. Tan importante es saber cuánto dinero se destina a los medios como tener constancia de cuánto impacto tienen estas inyecciones de dinero público en la supervivencia económica de cada empresa informativa, pues la publicidad institucional no está calificada como un mecanismo de financiación, sino como el pago por un servicio de difusión de campañas publicitarias.
Siguiendo esta línea, Fernández Alonso ha alegado que tanto el Gobierno central como las administraciones autonómicas estarían recurriendo a la publicidad institucional para invertir dinero en los medios sin tener que pasar por los mecanismos de financiación establecidos por ley, lo cual se trataría de una clara interferencia gubernamental en empresas informativas supuestamente independientes. En el caso de los medios institucionales, Fernández Alonso ha expuesto los casos de Telemadrid y TV3 como ejemplos de intromisión política en los medios de comunicación públicos por parte de gobiernos de todos los colores, remarcando que sus reivindicaciones no responden a ningún tipo de cuestión ideológica.
Por último, los expertos han hablado del fundamental papel que juegan las plataformas digitales en la difusión de la información. Como se ha demostrado en casos como el de Facebook con Cambridge Analytica o los Twitter Files destapados tras la adquisición de esta red social por parte del magnate Elon Musk, existen poderes con mucho interés en influir sobre qué informaciones llegan a cada consumidor en función de sus gustos, ideas e intereses. Por ello, estos algoritmos de recomendación tienen un alto potencial para ser utilizados para fomentar cierto contenido y enterrar todo aquel cuya difusión no interese al político de turno.
Según remarca Adsuara, hasta ahora estas plataformas sólo tenían la obligación de retirar todo el contenido ilegal que se pudiera subir a sus servidores, pero en la práctica llevan tiempo ejerciendo una labor editorial gracias al uso interesado de esta clase de algoritmos. Es por eso que consideran necesario un mayor énfasis en la regulación del papel de las redes como difusoras de contenido, garantizando no fomentar o ignorar ciertos contenidos a causa de cualquier clase de sesgo político o ideológico, ya sea autoimpuesto o procedente de un tercero.
La conclusión a la que han llegado los tres expertos ha sido que la mejor forma de resolver todos estos problemas que amenazan la independencia y la libertad de información en España sería un acuerdo de autorregulación. Todos ellos han manifestado que esperan que el anuncio que prepara el Gobierno sobre la regulación de la publicidad institucional el próximo día 17 sea un paso adelante a la hora de fomentar este consenso.
