Moncloa roza su récord de opacidad: rechaza un 41% más de solicitudes de información

El Gobierno estuvo a punto de batir su récord histórico de opacidad informativa durante 2024, el mismo en el que lanzó el plan de regeneración democrática en el que pide más transparencia a las instituciones públicas y a los medios de comunicación. Los datos analizados por THE OBJECTIVE indican que el año pasado los diferentes ministerios y organismos públicos estatales rechazaron 498 solicitudes de información, lo que supone que las resoluciones denegatorias se dispararon un 41% con respecto a las 352 que se desestimaron en 2023.

Estamos ante el segundo dato más elevado de la serie histórica del Portal de Transparencia, que data del año 2014 cuando se aprobó la ley de transparencia. Este volumen es solo comparable con los 533 expedientes que se rechazaron en 2022, al mismo tiempo que queda muy por encima de los 419 de 2021, completando el podio de resoluciones denegatorias. Dicho de otra manera, en 2024 se consumó la segunda mayor opacidad gubernamental en más de una década.

Una situación paradójica si consideramos que durante todo el año el Gobierno ha acusado a medios críticos de falta de transparencia y de difundir bulos, al hilo de las informaciones relacionadas con las investigaciones judiciales que cercan a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; a su hermano, David Sánchez; y a su antiguo número dos, José Luis Ábalos.

Ley de transparencia

El caso es que el gobierno de Pedro Sánchez se ha constituido como el más opaco desde que existen registros. Desde que llegó a La Moncloa en 2018 siempre se ha superado la barrera de las 200 denegaciones de información y con una tendencia ascendente: 247 en 2018, 228 en 2019 y 283 en 2021, para pasar a 419 en 2021 (la mayoría relacionadas con información sobre la pandemia), 533 en 2022, 352 en 2023 y las 498 con las que cerró 2024.

Hasta entonces, el ejecutivo de Mariano Rajoy -que aprobó la ley de transparencia en 2013- denegó información en 115 ocasiones en 2015, 106 en 2016 y 170 en 2017. Estas cifras de solicitudes denegatorias incluyen las peticiones rechazadas y las resueltas de manera incompleta, aunque en estas últimas los organismos públicos casi nunca responden a la pregunta original y bloquean sistemáticamente la entrega de los datos requeridos.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se aprobó en 2013 con el objetivo de «reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir las personas que ejercen una responsabilidad pública». A partir de este cuerpo normativo se constituyó el Portal de Transparencia que recibe requerimientos de información pública.

Obligación de informar

La norma establece que todos los organismos públicos tienen obligación de responder a la información solicitada e incluso dan un plazo de tres meses para que esta solicitud se resuelva. Estas obligaciones aplican a todos los ministerios, pero también a la Casa Real, el Banco de España, el Consejo General del Poder Judicial, el Congreso de los Diputados, el Senado o el Tribunal de Cuentas, entre otros.

No obstante, existen una docena de causas que permiten que los organismos públicos denieguen la información solicitada, como la seguridad nacional (que generalmente no admite réplicas); intereses económicos y comerciales (la más utilizada en el año 2024); defensa; relaciones exteriores; prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; el secreto profesional; y la propiedad intelectual e industrial.

Una vez realizado el requerimiento, el portal lo traslada a las diferentes instituciones interpeladas; si se produce una denegación, los solicitantes pueden apelar. Si finalmente les dan la razón, Transparencia exige a los organismos pertinentes revelar los datos requeridos, aunque desde algunos ministerios se suele apelar a instancias judiciales superiores para seguir manteniendo el secreto. Esto supone que muchos procesos se eternizan en los tribunales de Justicia y pasan años sin obtener esta información.

Información solicitada

En el caso de 2024, los ministerios que más solicitudes rechazaron fueron Interior, Hacienda y Presidencia. Y entre las preguntas no resueltas más destacadas encontramos "posibles envíos de armas desde España en 2024 con destino a Israel", "copia de los documentos sobre el espionaje al presidente de la Generalitat con el programa Pegasus", "información sobre publicidad institucional de ministerios y empresas públicas", "llegadas de migrantes irregulares a Canarias y Andalucía", "lista de los más buscados de Europol por España", "productividad de funcionarios de la AEAT de Valencia en el año 2023" y el "coste de la seguridad de la Casa Real".

También se ha denegado información de carácter económico como el "acuerdo marco otorgado entre Correos, y los sindicatos CCOO y UGT con la SEPI", "detalles sobre la compra de Telefónica por parte de STC", "contratos de Airbus con el Ministerio de Defensa", "coste del patrocinio de la Kings League y la Queens League por Renfe", "datos sobre la denegación de la opa sobre Talgo", "expedientes de la Junta de Inversiones" e "información relativa a la participación de PLD Space en diferentes empresas".

También hay decenas de peticiones rechazadas sobre viajes a diferentes destinos y coste de las viviendas de ministros, información sobre averías e indemnizaciones por retrasos de Renfe, despliegues de recursos de la Guarda Civil en zonas concretas, informes sobre daños de la dana de Valencia, inmigrantes con órdenes de expulsión, migrantes menores de edad en territorio español, sanciones por incumplimiento registro horario y solicitud informes judiciales recibidos por el Ministerio de Justicia en relación a indultos.