Las administraciones públicas mantienen 1.400 resoluciones de transparencia sin cumplir
Ministerios, autonomías y ayuntamientos ignoran el 20% de los expedientes que les obligan a dar información
Imagen del Consejo de Transparencia | Ilustración de Alejandra Svriz
Los ministerios, sus organismos vinculados, las comunidades autónomas y los ayuntamientos mantienen un total de 1.370 resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) sin cumplir hasta junio de 2025, última fecha con datos disponibles. Esto supone el 20% del total de expedientes que debe consumar el sector público. Así lo indica el Informe sobre la Justicia Administrativa 2025 elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que refleja que la Administración presenta una clara resistencia a dar acceso a la información pública.
Las cifras recopiladas en el informe del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativo (CIJA) —al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE— indican que hay un total de 376 resoluciones dictadas frente a la Administración General del Estado (generalmente ministerios) que permanecen sin cumplir desde que se empezara a aplicar la ley de transparencia en 2015 hasta mediados del año pasado, 105 más que igual periodo de 2024. Esto supone un 7,7% de tasa de incumplimiento respecto de las 4.861 resoluciones estimatorias en la serie histórica.
Estas resoluciones, que se producen tras haber agotado la vía administrativa y existir una orden expresa de entrega de información pública, han ido creciendo exponencialmente. Hasta finales de 2024 eran 322 incumplimientos, por lo que en el año pasado —y a falta del último semestre— ya han subido un 17%. Pese a ello, estos 54 expedientes están lejos todavía del récord que se registró en 2024 con 83, aunque si se mantiene el ritmo de crecimiento se podría superar este dato.
Ministerio de Interior
En el cómputo global, el Ministerio de Interior continúa siendo el departamento que más resoluciones incumple, con un 37,3%. Entre los entes con personalidad jurídica propia, RTVE es el más incumplidor, con el 23,1%. Sin embargo, el caso más grave es el de las comunidades autónomas y la administración local. De las 3.739 resoluciones estimatorias dictadas, 994 no constan como cumplidas, lo cual eleva la tasa de incumplimiento al 26,2%. Esto indica que en todas las administraciones públicas, dos de cada diez resoluciones no son estimadas, una cifra que en el primer semestre de 2025 se elevó al 40%.
El informe indica además que —técnicamente— no todos los supuestos deban ser considerados incumplimiento en sentido estricto, puesto que se trata de casos en los que el cumplimiento de la resolución no ha sido comunicado en tiempo y forma al CTBG, aunque estas cifras pueden arrojar dos conclusiones fundamentales. Primero, la necesidad de mejorar el mecanismo de seguimiento de la ejecución de sus resoluciones; y en segundo lugar, la ausencia de instrumentos coercitivos para obligar a adoptar las medidas necesarias para acatar las resoluciones.
Se señalan consecuencias desfavorables «que afectan negativamente a la solidez del sistema de control» y que dejan «en entredicho» el sistema en su conjunto. Los autores del informe advierten de la necesidad de aumentar los medios del CTBG o hacer uso de los que dispone para articular un mecanismo de seguimiento más efectivo y, junto con ello, de dotarle de poderes coercitivos para forzar la ejecución de sus resoluciones en los casos en los que ésta no se produzca de forma voluntaria.
Ley de transparencia
La ley de Transparencia permite a cualquier ciudadano solicitar información pública a los organismos estatales y autonómicos. Si la Administración niega estos datos, el interesado puede recurrir al Consejo de Transparencia, que a su vez puede obligar a entregarlos si lo considera necesario. Estas son las resoluciones incumplidas que se pueden recurrir antes los tribunales. Y es aquí donde nuevamente el sector público es protagonista, al defender de manera recurrente ante la Justicia su decisión de no entregar datos.
A pesar de la alta tasa de éxito de las reclamaciones ante el CTBG (67,4%) en el acumulado hasta 2024, la Administración titular de la información mantiene una clara combatividad en la vía contencioso-administrativa, lo que confirma una resistencia a la transparencia si se analiza el resultado de esos litigios.
La mayoría de los recursos contencioso-administrativos se presentan frente a resoluciones del CTBG que son total o parcialmente estimatorias de la reclamación del solicitante. Y en el 72,41 % de los recursos resueltos en 2024 la entidad recurrente fue la Administración (ministerio o ente con personalidad jurídica propia).
Tasa de resistencia
La tasa de resistencia de la Administración frente a resoluciones estimatorias del CTBG asciende al 7,74 % en la serie histórica (frente al 2,91 % de los particulares). Junto a ello, más del 50% de los recursos contencioso-administrativos presentados por órganos administrativos son desestimados. El informe concluye que la impugnación de las resoluciones del Consejo por parte de la Administración se efectúa claramente «como maniobra dilatoria del acceso a la información».
Otra herramienta para dilatar la entrega de información es el silencio administrativo. Más del 80% de las reclamaciones no se resuelven en el plazo de los tres meses previsto por la ley, sino que se superan incluso los cinco meses en más de un tercio de los casos. Es verdad que se aprecia una ligera mejora en 2024 —el último año completo analizado—, pero el porcentaje de impugnación de supuestos de silencio administrativo es similar al del año anterior alcanzando el 25,6%, una de cada cuatro reclamaciones que se hacen.