Telegram vs. España: un enfrentamiento por la libertad
«El cierre de la red social podría interpretarse como un precedente hacia el control del discurso y la información»
El juez Santiago Pedraz. | Gtres
Telegram, para los que nos apasiona la tecnología está siendo sin duda el tema de esta Semana Santa. Si todavía no se ha enterado, esto comenzó el Viernes de Dolores: el juez Pedraz emitió un auto para que las operadoras bloquearan a Telegram este lunes. Pero agárrense, en menos de 48 horas el juez, este mismo lunes, se ha refutado a sí mismo y ha concluido en su auto que cerrar Telegram «aunque se podría plantear que Telegram resultaría impune y está echando un pulso al Estado de Derecho, pondera más para acordar la suspensión de la orden de bloqueo la posible afectación de múltiples usuarios tal y como se publica en medios de todo tipo». Concluyendo el juez que ese escenario de impunidad tiene que resolverlo el legislador, es decir, le pasa la pelota a nuestros políticos. Puesto que el reglamento de servicios digitales no se ha trasladado a la legislación española.
Aunque apasionado por la tecnología, no olvido que este tema le está importando a una parte limitada de la sociedad española. Sólo hace falta revisar los medios de comunicación y el debate en X (Twitter) para ver las disonancias. Este debate ha sido uno en los medios y otro en redes sociales. En las redes ha ocurrido lo imposible, los extremos tanto de derecha e izquierda, se han dado la mano. Muchos han interpretado que el auto del viernes era más propio de estados policiales que de una democracia liberal. Aunque realmente el fondo del asunto tiene que ver más con la piratería de contenidos en diferentes canales de Telegram que con un gran hermano estatal. También es alucinante comprobar la poca formación tecnológica que existe en nuestro país. Muchos jueces, fiscales, denunciantes… no saben muy bien cómo funciona Internet y la tecnología en general. No saben de tecnología y de comunicación en tiempos de disrupción digital.
Vamos al punto. Telegram tiene ocho millones de usuarios aproximadamente en España, entre los que me encuentro. Este es el relato resumido de los hechos que han pasado en las últimas 72 horas.
- Solicitud de identificación (29 de marzo de 2023): Varias entidades de derechos de autor (Egeda, Mediaset, Movistar+, La Liga, Antena 3, etc.) solicitaron a la Audiencia Nacional que identificara a ciertos usuarios de Telegram que compartían contenido protegido por derechos de autor. Esta solicitud es conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
- Proceso judicial iniciado: La Audiencia Nacional comenzó a tramitar el asunto abriendo diligencias previas.
- Ubicación de Telegram: Telegram no tiene una entidad legal en España. Su sede está en las Islas Vírgenes, y su operativa se maneja desde Dubai desde su salida de Rusia en 2018, en parte por conflictos con el gobierno ruso.
- Comisión rogatoria: España solo puede obtener información de Telegram mediante una Comisión Rogatoria a las Islas Vírgenes, un procedimiento que depende de la cooperación del gobierno receptor, que en este caso ha ignorado la solicitud.
- Bloqueo de contenido: La ley permite el bloqueo preventivo de contenidos protegidos por derechos de autor mientras se investiga, pero esto plantea varios desafíos:
- Legalidad del bloqueo: Es legal solo como último recurso.
- Bloqueo de contenido vs. servicio: Se prefiere bloquear contenidos específicos antes que el servicio completo.
- Justificación del auto: La decisión no se justifica detalladamente, especialmente en lo que respecta a derechos fundamentales; se asume sin más que no hay otra manera de actuar.
- El auto que revoca el auto de bloqueo: el juez Pedraz se ha revocado a sí mismo. Incoherente para muchos expertos jurídicos, y les dejo a ellos ese análisis.
El juez Pedraz emitió el auto de bloqueo este viernes porque la Justicia española se ha hartado por decirlo de una manera fina, de que Telegram no respete a los tribunales españoles. Como libertario en un primer momento me sentí sobresaltado, ya que no quiero que mi país se una a países como Cuba, Corea del Norte o China que han prohibido Telegram. Por eso empecé a considerar las perspectivas de destacados pensadores libertarios, de los que me siento muy próximo, pero que lamentablemente no fueron impactados por la disrupción tecnológica.
Friedrich Hayek, por ejemplo, hubiera sostenido que el intento de regular y cerrar plataformas como Telegram podría ser visto como una forma de «camino hacia la servidumbre», una idea que desarrolló ampliamente en su obra homónima. Según Hayek, la intervención estatal en la economía y en la sociedad tiende a limitar la libertad individual y eventualmente conduce a formas de gobierno autoritarias. Desde esta perspectiva, el cierre de Telegram podría interpretarse no sólo como un acto de control sobre la economía digital, sino también como un peligroso precedente hacia el control del discurso y la información. Pero yo le diría a Hayek que si yo creará una app en España como Telegram tendría que haber respondido a los requerimientos de la Justicia y tendría que haber asignado un responsable legal de mi app. Ahora mismo yo tengo diferentes derechos que los fundadores de Telegram, ellos no tienen por que cumplir la ley y yo sí. Como Puigdemont, por ejemplo.
Por otro lado, Murray Rothbard, otro influyente pensador libertario, había destacado la importancia de la propiedad privada y la no intervención estatal en las actividades económicas. Rothbard podría argumentar que Telegram, como entidad privada, tiene el derecho de operar sin coacciones ni imposiciones estatales, siempre y cuando sus actividades no infrinjan los derechos de propiedad de otros. La responsabilidad de Telegram, bajo esta óptica, sería ante sus usuarios y no necesariamente ante las demandas estatales, especialmente si estas demandas comprometen la privacidad y la libertad de expresión. Por lo tanto, en este punto Rothbard apoyaría la denuncia de los tenedores de derechos de propiedad intelectual. Porque la propiedad intelectual es en esencia un derecho de propiedad.
Además, Ayn Rand, con su filosofía del objetivismo, habría defendido la soberanía del individuo y su derecho a actuar según su propio juicio racional. En el caso de Telegram, Rand podría haber argumentado que la plataforma ofrece un servicio valioso al permitir la comunicación libre e irrestricta, un pilar fundamental para una sociedad libre. La intervención del gobierno, en este sentido, sería una infracción a la libertad individual y a la capacidad de los individuos de elegir cómo y a través de qué medios comunicarse. Aquí es donde veo el conflicto entre derechos. El bloqueo me impedirá conectarme con terceros, pero yo culparía a Telegram, ya que no se rige por la ley española, que no quiere «en teoría», cerrar la plataforma, si no que responda ante las denuncias de terceros.
Por último, dejemos los amantes de la libertad y la tecnología en nuestro país de ser niños y seamos adultos. Llamemos a las cosas por su nombre. Telegram ha cubierto un nicho de mercado que estaba sin explotar, y no, no es el de servicio de mensajería. Los usuarios tienen multitud de herramientas para intercambiar mensajes, y más de manera privada. Lo que no existía es una plataforma donde se comparte presuntamente contenido protegido por derechos de autor, que se venden presuntamente drogas ilegales, donde se comunican presuntamente grupos terroristas entre ellos… y que esos grupos y la plataforma se lucren por ello. Pero sobre todo que esa plataforma no responda a la Justicia cuando se le pide identificar a esos usuarios que presuntamente están realizando hechos ilícitos. Por si alguno no lo sabe, si la Justicia detecta que en WhatsApp se está produciendo un ilícito y es requerido por la Justicia, WhatsApp (propiedad de Meta) identifica a esos usuarios ante la Justicia española. Es el propio juez Pedraz en su auto de este lunes 25 en el que literalmente dice «que todas las plataformas menos Telegram si suministran» la información que se les requiera por las autoridades judiciales españolas.
Con esta decisión pagamos justos por pecadores, se nos ha querido bloquear una plataforma a muchos españoles por parte del juez, pero principalmente porque Telegram se niega a nombrar a un representante legal en nuestro país, y por ende a identificar a usuarios que cometan presuntamente ilícitos. Algunos lo verán como un estado policial, una dictadura o ideas del Gobierno actual dentro de su plan político. Yo como libertario y contrario en general a las políticas de este gobierno, siendo objetivo, no veo en este caso conexión con las políticas del Gobierno en cuanto al ataque sistemático a las libertades en España. Con este auto el debate sobre si Telegram puede seguir siendo impune no ha acabado.
