Meter mano a los jueces

«Convendrás conmigo en que a los jueces hay que meterles mano». Esta frase pertenece a alguien del entorno socialista a quien respeto mucho. Un buen profesional, una persona excelente y llena de virtudes que trataba de persuadirnos, en el fragor de una discusión, de que Pedro Sánchez tiene razón y que las cosas están tan mal que no sólo hay que controlar a los medios, sino también a los jueces.

El estado de cosas en el que Sánchez ha colocado al país es artificial y tiene una vocación maliciosa. En sus palabras para comunicar la decisión de permanecer al frente del Gobierno, tras haberse sometido a un encierro de unos días, asentaba sus cavilaciones sobre una premisa inventada que él calificó como «la situación».

Pretende Sánchez que «la situación» se ha producido porque se han abierto diligencias previas a su esposa, Begoña Gómez, en el curso de una instrucción judicial tras una denuncia interpuesta contra ella por presunto delito de tráfico de influencias. Tal es la indignación del presidente por esta circunstancia que, a pesar de que «sigue teniendo confianza en los tribunales de su país», ha hecho una suerte de catarsis, un hasta aquí hemos llegado. Ha sometido al país a la intriga de cuál sería la decisión final tras su estrambote de reflexión, para acabar diciendo lo que la mayoría esperaba: que sigue en La Moncloa. Sigue, pero eso sí: «La situación» hace necesario un cambio. 

Este es el proceso: (1), crea un artificio, la situación, para trazar un camino (2), los cinco días de silencio y tensión, sobre todo dentro del PSOE, y llegar a una decisión (3), «me quedo», acompañada de una serie de medidas inevitables, dada esa situación. 

¿Qué medidas son estas? ¿Será verdad que quiere meter mano a jueces y periodistas?

Le hemos escuchado decir al presidente en una entrevista que en España existe libertad de expresión, pero que se confunde con la libertad de difamación. Difamadores hay muchos, es verdad. Y los ciudadanos estamos hartos de escuchar declaraciones de personajes públicos sobre otras personas con el fin de dañar su reputación. 

La mayoría de las veces, las personas difamadas reaccionan. ¿Por qué Begoña Gómez, una mujer de nuestro tiempo, no lo ha hecho? Y, en todo caso, nuestro ordenamiento jurídico prevé la regulación de estos comportamientos reprobables. El Código Penal, igual que define y castiga el tráfico de influencias, sanciona la difamación –prohibiéndola– a través del tipo penal de la injuria (para la difamación oral) y el de la calumnia (para la que se produce por escrito).

No existe ese derecho a difamar del que habla el presidente del Gobierno. En España la ley prevé un castigo para quien injuria o calumnia a otra persona. 

Cuestión distinta es que se produzcan hechos relevantes sobre una persona que despierte interés –la esposa de un presidente de gobierno, el hermano de una presidenta autonómica, por ejemplo– y que los medios de comunicación informen sobre ello. El derecho a la información está recogido en la Constitución en el artículo 20, junto al derecho a la libertad de expresión y de opinión, como un derecho fundamental. En torno a él, nuestro Tribunal Constitucional ha construido una arquitectura jurídica apasionante que lo ha ido moldeando y fortaleciendo para llegar a ser la garantía que es, en un Estado democrático como el que tenemos. 

El derecho es claro, pero algunos lo leen mal: la información ha de ser veraz. No voraz. 

Y el ordenamiento jurídico no necesita cambios: lo que necesita es respeto. Cuando no lo hay, los juzgados y tribunales deben ejercer su función y emplearse a fondo para que se cumplan los preceptos legales. 

No nos confunda, señor Sánchez. Difamar no es informar. Y no necesitamos que se meta mano ni a jueces ni a periodistas, como bastantes de sus seguidores creen. El sistema es garantista y funciona. En la transición a la democracia, los españoles nos dotamos de una Constitución que es un ejemplo para el mundo. «La situación» está controlada.