Presupuestos en la cuerda floja
«Lo sustancial es cuánto está dispuesto a pagar el Gobierno por los siete votos que acaba de hurtarle Puigdemont»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Diputados y senadores, exhaustos, se han ido de vacaciones y han dejado para septiembre su principal tarea económica, que es la fiscalización de las intenciones del Gobierno plasmadas en unos presupuestos generales del Estado de incierto futuro. A pesar de los esfuerzos atropellados de la ministra de Hacienda por convencer a sus señorías de que sus cuentas nos van a hacer aún más felices que las que no fue capaz de sacar adelante este año, los señores diputados han decidido que vuelva a traerlas en septiembre a ver si tiene más suerte.
El Congreso, por siete votos, rechazó el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones públicas para el periodo 2025-2027 que el Gobierno sometió a la Cámara Baja en aplicación del Artículo 135 de la Constitución reformado en su día por exigencia de la Unión Europea.
Lo inquietante de la situación creada es que fue un aliado de legislatura del Gobierno, el grupo de Junts per Catalunya, el que dirimió la votación planteada por la ministra de Hacienda. Y digo inquietante y preocupante porque el Ejecutivo tendrá que plantear una negociación con los representantes de Puigdemont en la tierra, cuyas consecuencias son difícilmente previsibles.
Conociendo ya la largueza del Gobierno en lo tocante a satisfacer las exigencias de sus poco fiables socios, con dinero de todos, es muy de temer que esta vez la subasta sea aún más cara para los ciudadanos-contribuyentes. El presidente del Gobierno, cercado por otras cuestiones de corte familiar, se ve más precisado que nunca de estirar la legislatura hasta donde sea posible para poder guiar los pasos de la fiscalía y para disponer de todo el aparato policial y judicial en defensa del clan. Por otro lado, la situación política en Cataluña pone en entredicho aquella bandera de la normalización, que ha sido a lo que ha subordinado prácticamente toda su acción de gobierno.
En septiembre, la ministra de Hacienda volverá al Congreso con sus objetivos de estabilidad y su límite de gasto, que son la llave de los presupuestos para 2025. Difícilmente la señora Montero podrá presentar en la fecha constitucionalmente prevista, el 30 de septiembre, el Proyecto de Ley de PGE, pero, visto lo visto, el cumplimiento de los plazos es una cuestión menor.
Lo sustancial es cuánto está dispuesto a pagar el Gobierno por los siete votos habilitantes que acaban de hurtarle Puigdemont y sus discípulos y qué grado de confianza merecerán los acuerdos entre bastidores que alcancen, dada la veleidad de sus socios.
El revolcón parlamentario a las intenciones de la señora Montero tiene más alcance que una derrota parlamentaria de un Gobierno en precario. El hecho de que más de la mitad del Congreso rechace la senda de reducción del déficit y de la deuda pública ha repicado en las pantallas de todos los operadores financieros del mundo. El tam-tam de la falta de credibilidad de las cuentas del Gobierno no tarda en repercutir en los mercados en los que la deuda española debe renovar cerca de 190.000 millones de la deuda que vence cada año y comprar una deuda nueva neta por encima de los 30.000 millones, en el mejor de los casos.
Todo eso se pone en cuestión con el intento de recuperar un puñado de votos que garanticen al señor Sánchez que no tendrá que afrontar como un ciudadano más los tantarantanes judiciales que atañen a su familia y que seguirá a trancas y barrancas en la presidencia del Gobierno hasta 2027, rodeado de unos aliados caracterizados de insaciables vampiros.
