Transición energética: ¿es correcta y justa?

Sigue pasando el tiempo y todavía seguimos enfrascados en averiguar qué podemos hacer para que la venta de vehículos eléctricos alcance las cotas deseadas y previstas, tanto por la UE como por el Gobierno de España.

Lo último, y más novedoso que he podido leer, es la declaración del secretario de Estado de Energía que propone que se aumente el impuesto a los vehículos diésel y el importe recaudado se añada a las subvenciones que se dan para la compra de un vehículo eléctrico. Ya puestos, también podíamos quitar algo de sanidad y educación y dárselo a los sufridos ciudadanos que no tienen más remedio que comprarse un Tesla, quizá así nos pudiéramos acercar al 50% de los objetivos planeados para el año 2030, que no olvidemos que manejaban la cifra de 5.500.000 vehículos eléctricos.

La realidad, tozuda, es que, de los 854.658 vehículos nuevos matriculados en España a septiembre, solo 81.539 son eléctricos, es decir, el 9,54%. Teniendo en cuenta que actualmente circulan por nuestras carreteras unos 400.000 vehículos eléctricos, siendo generosos en la cifra, para cumplir los objetivos marcados necesitaríamos que todos los coches que se vendan de aquí a 2030 sean eléctricos. No quiero yo ser agorero, pero quizá fuera recomendable corregir esa cifra, incluso bajando de los 3.000.000 que en algunos momentos se barajó como segunda propuesta.

Dicho esto, creo que los vehículos eléctricos tienen que formar parte del futuro de la movilidad, y no como un actor secundario, deben de tener una cuota de mercado importante, sobre todo en determinadas áreas urbanas y en aspectos como el reparto de última milla o en el transporte público, o simplemente para todo aquel que quiera o pueda tener un vehículo de estas características.

La cuestión, y muy relevante, es por qué se trata de imponer esta tecnología sobre todas las demás.

El vehículo eléctrico no es una tecnología madura, es verdad que cada día se produce un nuevo avance, o al menos el anuncio de un nuevo avance, y que sin duda con la cantidad de recursos de todo tipo que se están poniendo en el empeño, al final se conseguirán resultados espectaculares, pero a día de hoy aún hay muchas lagunas, incluso en temas de seguridad.

Hoy en día disponemos de combustibles de origen renovable, sin ningún contenido fósil, que son perfectamente compatibles con los motores de combustión existentes y que, sin tener que invertir en nuevas infraestructuras de carga, ni en renovación del parque automovilístico, aseguran una reducción de las emisiones de CO₂ de manera inmediata.

Hace unos meses finalizó el Tour d´Europe, en el que 11 turismos y 5 camiones recorrieron 77.000 kilómetros por 17 países europeos utilizando combustibles renovables. Los resultados, auditados por la Universidad Tecnológica de Darmstadt y el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, constatan que la reducción de emisiones de CO₂ con el uso de estos combustibles está en una horquilla entre el 66,5 y el 83,5%. Creo que es un dato que hace obligatorio tenerlos en cuenta y no solo para el transporte aéreo o el marítimo.

Hay que recordar que España está entre los países europeos con mayor disponibilidad potencial de recursos biomásicos utilizables para usos energéticos, y que sería posible reemplazar el 58% de la demanda de combustibles fósiles prevista en el transporte para el año 2030, con el uso de combustibles renovables. Además, la gran capacidad y calidad de las empresas de refino españolas permitirían pasar de país claramente importador de combustibles fósiles a país exportador de combustibles renovables. 

Pero para que esto sea posible, hay que dar seguridad jurídica para realizar las inversiones necesarias para su producción a gran escala y, sobre todo, que los responsables europeos y españoles abran la mente y reflexionen sobre la situación real de una transición energética, absolutamente necesaria, que ni está cumpliendo sus objetivos, ni se la puede poner el calificativo de justa.