La Fiscalía Europea investiga un sobrecoste de 10 millones en la compra de batas por Sanidad
El departamento dirigido entonces por Salvador Illa pagó 11 millones de euros por unos materiales que podrían haberse obtenido por tan solo uno
El exministro de Sanidad Salvador Illa. | David Zorrakino (Europa Press)
La Fiscalía Europea ha abierto una nueva investigación contra el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad por su gestión en la compra del material sanitario durante la pandemia. Bruselas quiere determinar las razones por las que el departamento entonces dirigido por Salvador Illa pudo cometer dos delitos de prevaricación y malversación cuando pagó 11 millones de euros por 500.000 batas desechables que en otras empresas podrían haberse obtenido por 1 millón, todo ello financiado con fondos comunitarios.
La información, desvelada por el diario ABC, apunta a que las instancias comunitarias han reclamado esta investigación al verse inmiscuida en el pago, del que se desconoce a dónde fue a parar una parte del importe. Las pesquisas arrancarían en la empresa Weihai Textile Group, donde se habrían comprado «por un precio que sería notoriamente superior al de mercado por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) del Ministerio de Sanidad».
El precio unitario fue de 16,7 euros por cada uno de estos equipos de protección que debía abonarse por adelantado —aunque la entrega se postergara al mes de abril cuando la operación fue aprobada el 26 de marzo—. En la denuncia elevada desde el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, en esas fechas había otras dos empresas suministrando batas desechables como las adquiridas por Sanidad que en lugar de casi 17 euros costaban entre 0,28 y 0,33 céntimos de euro cada unidad.
Una empresa para Sanidad en España
Además, destaca la opacidad del contrato, ya que a pesar de la importancia de cumplir con la forma en la documentación y las condiciones para acceder a la contratación pública, en esta no aparece en ningún momento «cualquier circunstancia sobre la sociedad, incluso su domicilio, reflejándose únicamente que estaría ubicada en España».
«Así consta en la publicación en el BOE de 28 de abril de 2020 del anuncio de formalización del contrato. Sin embargo, examinado el expediente digital enviado, resulta patente que la Administración conocía todos los datos identificativos de la sociedad», relata la Fiscalía Europea ante la falta completa de toda esta información.
Otro detalle se encuentra en quién fue el departamento encargado de rubricar el contrato: el Ministerio de Sanidad, algo poco común ya que era Ingesa la encargada de realizar las operaciones.
Hay una serie de dudas acerca del destino de una parte del importe, ya que como explica el citado medio, se añade una cuantía sin justificar de 11.034.969,49 euros pactado, ya que el precio ofrecido por Weihai era de 8.423.640,83 euros por las batas más un IVA de 1.768.964,58 euros, a lo que habría que añadir un total de 842.364,08 euros en concepto de «tasas, aranceles y otros 10%». La Fiscalía Europea señala que «no consta en la memoria justificación, aclaración o soporte documental alguno sobre este último importe no permitiendo, por tanto, determinar qué concretos servicios se incluían en ese pago».
