El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes las ayudas a las víctimas de la talidomida
Los subsidios podrán solicitarse desde la publicación del decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. | Edu Botella (EP)
Histórica reparación a las víctimas de la talidomida. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el decreto que regula las ayudas para 130 personas víctimas de la talidomida, reconocidas tras la evaluación de los casos por parte del Instituto Carlos III de Madrid.
Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación Del Real Decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. Con esta medida, según señalan fuentes del departamento de Ione Belarra a Europa Press, se «logra dar una respuesta a los afectados tras décadas de reivindicaciones».
Este decreto, añaden, busca «hacer justicia» con los afectados en España, «uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo, y regula para ello una serie de ayudas económicas».
El importe varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Por ejemplo, y para una persona con un 33% de discapacidad, ascenderá a 396.000 euros en un pago único (a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los PGE de 2018).
Una ayuda que llega con un lustro de retraso
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 instaba al Gobierno a indemnizar a los afectados por la talidomida con una cantidad de 12.000 euros por punto de grado de discapacidad. Dotando esa partida con un importe «orientativo» de 20 millones de euros. «Se concederá una ayuda a quienes durante el periodo 1950-1985 sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la Talidomida», se lee en el escrito, que agrega que estas «serán compatibles con cualquier pensión pública a que la persona beneficiaria tuviera derecho», y establece que el importe de la ayuda a percibir «será el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada».
Sin embargo, cinco años después, ninguno de los afectados –127 reconocidos en España- ha recibido la prestación aprobada en los últimos Presupuestos Generales de Mariano Rajoy, justo antes de su moción de censura. «Esto es una clara cuestión de dinero. Rajoy salió y el PSOE no nos ha querido pagar», señala Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite, a este diario. «Tengo a compañeros viviendo en la indigencia, sin piernas ni brazos, porque ‘el Gobierno de lo social’ no nos quiere indemnizar», agrega.
Denuncia ante la Fiscalía
El pasado 14 de mayo, la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, capitaneado por Ione Belarra, por un presunto delito de prevaricación. Así se desprende de la denuncia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y en la que los afectados por este compuesto químico reclaman las indemnizaciones que el Gobierno se había comprometido a entregarles en 2018 y todavía no han recibido. Por ello, el pasado 14 de mayo registraron una denuncian ante la FGE «por un presunto delito de prevaricación cometido por la actuación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030» tipificado en el artículo 404 del Código Penal.
Tras interponer esta denuncia, los representantes de Avite se reunieron el pasado jueves 18 de mayo con la fiscal Pilar Fernández Valcarce para profundizar en el posible delito de prevaricación en el que «se estaría incurriendo por parte de miembros del Gobierno» por no incluir para la elaboración de las sucesivas leyes de presupuestos del Estado desde 2018 la partida presupuestaria necesaria para cumplir con la LGPE 6/2018 -D.A. 56ª- para el pago de las ayudas a los afectados por talidomida.
«La sensación que tuvimos es que la reunión sirvió para cambiar la idea preconcebida de la fiscal de que este es un asunto meramente político, y que por tanto depende de cuándo quiera el Gobierno cumplir la ley a su antojo», relataba Rafael Basterrechea tras salir del encuentro. No obstante, la denuncia fue inadmitida a trámite.
La talidomida fue un medicamento comercializado a partir de los años 50 y prescrito a mujeres gestantes para evitar náuseas y vómitos durante el embarazo. Sin embargo, provocó gravísimas malformaciones connatales que fueron conocidos en los afectados a partir de 1961.
Hasta la fecha, sólo 24 víctimas habían recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los PGE de 2009. «Ese intento de reparar a las víctimas, sin embargo, se enfrentó a serios problemas para determinar la relación de afectados por la talidomida», señalan desde Derechos Sociales.
Para determinar las ayudas que ahora se aprueban se han realizado más de 600 análisis complejos. En el proceso, genetistas del Sistema Nacional de Salud, «sin participación de la industria farmacéutica ni de empresas privadas», han diseñado un panel de genes único en el mundo.
