'Caso Travis': Vox pide a la juez que investigue también al proveedor de mascarillas 'fake' de Illa
Interesa solicitar copia de la causa en la que se investiga al exministro por un delito contra los trabajadores sanitarios
Salvador Illa
Vox mueve ficha en el caso Ingesa. Se trata de la causa en la que se investiga a dos exaltos cargos del Ministerio de Sanidad, y una directora general del Ministerio de Hacienda, por presuntas irregularidades en los contratos covid adjudicados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) al inicio de la pandemia. El partido liderado por Santiago Abascal, que ejerce la acusación popular en el caso, pide al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid que solicite copia de las actuaciones practicadas en el caso de las mascarillas fake de Salvador Illa: una causa en la que otro juez de Plaza de Castilla investiga si el exministro de Sanidad y actual líder del PSC pudo incurrir en un delito contra la seguridad de los trabajadores sanitarios por distribuir material sanitario defectuoso en distintos hospitales de España.
En su escrito, el partido alude a distintas cuestiones que, como desveló THE OBJECTIVE, vinculan a dos de los proveedores chinos a los que el Ingesa adjudicó millonarios contratos covid a dedo entre marzo y abril de 2020: HongKong Travis Asia Limited y Hangzou Ruining Trading. Ambas mercantiles asiáticas están siendo investigadas en dos juzgados distintos de Madrid. La primera de ellas por los contratos adjudicados por el Ingesa a más de una docena de adjudicaciones a proveedores chinos con domicilio desconocido inicialmente. La segunda mercantil, es la que entregó un lote de mascarillas defectuosas por las que se investiga a Illa.
«Considerando que en dicho procedimiento (el que afecta al exministro) puede existir información relevante para el esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan (los contratos del Ingesa)», Vox solicita a la juez Concepción Jerez que libre un exhorto al Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, cuyo titular es el magistrado Carlos Valle, «a fin de que remita copia íntegra y testimoniada de las actuaciones» practicadas en el caso de las mascarillas fake de Illa.
Vínculos con las mascarillas ‘fake’
Vox, que ejerce como acusación popular en la causa en la que se investigan al menos 13 contratos adjudicados a proveedores chinos durante la primera ola de la pandemia, considera que hay «elementos sanitarios coincidentes» en ambos procedimientos. Según la información que obra en ambas causas, se estaría refiriendo a los presuntos vínculos societarios y mercantiles entre las empresas HongKong Travis Asia Limited y Hangzou Ruining Trading.
La primera de ellas recibió el mayor de los contratos adjudicados por el Ingesa a dedo durante la primera ola de la pandemia. Un total de 196,5 millones de euros para traer a España 56,2 millones de mascarillas FPP2 que no terminaron por llegar a España hasta enero de 2021; es decir, diez meses después de haber cobrado el 100% por adelantado y cuando costaban cuatro veces menos de lo que se pagó por ellas. La segunda de las empresas chinas antes mencionadas, entregó un lote de dos millones de mascarillas defectuosas FFP2 N95, de la marca Garry Galaxy, adquiridas por Sanidad como parte de un contrato de 23,8 millones de euros al inicio de la pandemia.
Como reveló este diario, ambas empresas compartieron durante meses domicilio fiscal en Hong Kong y también tuvieron al mismo representante legal o apoderado: Xiaojuan Li. Se trata del representante legal de la empresa que trajo las mascarillas fake que salpican a Illa, Hangzou Ruining Trading. También aparece junto a Xueli Yu como uno de los dos empresarios chinos que fundaron y aportaron el capital inicial de HongKong Travis Asia Limited en 2019, tal y como adelantaron Vozpópuli y Okdiario.
Fiscalía pide cerrar el ‘caso Illa’
La petición de Vox se produce poco después de que la Fiscalía haya solicitado de nuevo el archivo del caso de las mascarillas defectuosas de Illa. Pese a la ingente cantidad de documentación requerida por el juez Carlos Valle al Ministerio de Sanidad en esa causa, reabierta en diciembre de 2022 por orden de la Audiencia Provincial, el Ministerio Público considera que no existen indicios de delito alguno para continuar con el caso.
En paralelo, Vox pide a la juez del caso Ingesa solicitar copia testimoniada de las actuaciones y la documentación relacionada con las mascarillas ‘fake’ de Illa antes de que el juez Valle decida si cierra de nuevo la causa, como solicita la Fiscalía, o si por el contrario decide continuar con la investigación. Hay otros elementos que apuntalan la relación existente entre la empresa implicada por las mascarillas defectuosas del caso Illa y una de las empresas investigadas por los contratos del Ingesa.
Mascarillas Garry Galaxy
En la adjudicación a dedo de 196,5 millones a HongKong Travis Asia Limited, uno de los trece a proveedores chinos que investiga el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid a raíz de la querella de Vox, se establece la entrega de un cuantioso lote de la marca Garry Galaxy. Este último es el mismo modelo que el de las mascarillas defetuosas por las que otro juez de Plaza de Castilla investiga si el exministro Salvador Illa incurrió en un presunto delito contra la salud de los trabajadores sanitarios, tal y como denunció la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)
El expediente del Ministerio de Sanidad sobre esa adjudicación no permite establecer con claridad ni precisión en qué momento fueron entregadas las Galaxy Garry de HongKong Travis Asia. El exdirector general del Ingesa, uno de los exaltos cargos de Sanidad imputados por presunta malversación en los contratos covid a empresas chinas, firmó un escrito a finales de octubre de 2020 dirigido a esa empresa china en el que hacía certificaba que aún tenía pendientes de entrega 40 millones de mascarillas FPP2.
Dos semanas antes, en un requerimiento, el propio exdirector del Ingesa había cifrado en unos 28 millones de mascarillas Las unidades pendientes de entrega. El expediente se dio por finalizado y ejecutado en enero de 2021, diez meses después de haberse adjudicado por el trámite de emergencia y de pagarse por adelantado por razones de urgencia.
Retrasos y reclamaciones
Algo similar ocurrió con el segundo de los contratos de emergencia adjudicados por el Ingesa a HongKong Travis Asia Limited que investiga la juez Concepción Jerez. Se firmó el 8 de abril de 2020 y se comprometió el pago de otros 15,3 millones de euros a HongKong Travis Asia Limited para la adquisición urgente de 2,5 millones de unidades FFP3. Es decir, a un precio unitario de 5,1 euros por cada una de esas mascarillas.
Una segunda adjudicación a dedo por la que el Gobierno acabó pagando mascarillas FFP3, entregadas por esa firma china en mayo de 2021 (15 meses después del estallido de la pandemia), a un precio que quintuplicaba el valor unitario de mercado (1,17 euros) que el propio Ministerio de Sanidad había establecido en aquellas fechas para las mascarillas con una eficacia de filtración equivalente a FFP3.
Reclamaciones al Ingesa
Una tercera demanda contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), en este caso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional, apunta a que el propio Ministerio de Sanidad podría haber boicoteado el Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros que puso en marcha para centralizar las compras de material sanitario contra la covid-19 y evitar las adjudicaciones a dedo entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021.
El mecanismo acabó siendo un fiasco. Apenas se licitaron un 6% de los fondos previstos para ese megacontrato público, según la demanda interpuesta por Kaelis contra el Ingesa, debido en parte a que muchas comunidades autónomas siguieron recibiendo sin cesar, durante todo el periodo en que estuvo vigente el Acuerdo Marco, mascarillas que el Gobierno habría adquirido al inicio de la pandemia mediante contratos de emergencia -sin publicidad ni licitación previa- para dotar al Fondo Estratégico de Emergencia.
La empresa demandante, que reclama 2,6 millones de euros de indemnización al Ingesa por el incumplimiento del Acuerdo Marco, dice haber aportado documentos que acreditan que las comunidades autónomas informaron a Kaelis de que no les interesaba convocar licitaciones bajo las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco del Ministerio de Sanidad porque no había escasez de mascarillas en aquellos momentos. Seguían recibiendo, un año después, mascarillas de los proveedores chinos cuyos contratos y material sanitario se investigan en dos juzgados de Madrid distintos.
