La hostelería, en pie de guerra ante el plan de Sanidad de prohibir fumar en terrazas
El sector denuncia que se está planteando un problema «donde no lo hay» y una «hiperregulación» del negocio
La hostelería, en pie de guerra ante el plan de Sanidad de prohibir fumar en terrazas. | EP
Con «sorpresa» e «indignación». Así ha recibido el sector de la hostelería el anuncio de la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, que el pasado lunes, en su primer briefing con periodistas, informaba sobre su intención de ampliar los espacios libres de humo y prohibir fumar en las terrazas de los bares.
«Esta medida es superflua y viene a establecer una hiperregulación en negocios que ya están sobrecargados de normas», denuncia en THE OBJECTIVE Emilio Gallego, secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, que pide al Ministerio «sentido común» ante un problema que, en su opinión, «no existe».
«Se está planteando un problema donde no lo hay. No tenemos detectado un problema entre nuestros clientes. Llevamos 20 años con una Ley Antitabaco que claramente regula dónde se puede y no se puede fumar. La gente se organiza, coexiste, convive, cuando se produce alguna molestia se cambia, observa la dirección del viento… La gente es respetuosa», insiste Gallego.
Mónica García apuntó el pasado lunes en un encuentro con periodistas que se ha marcado como una de sus prioridades «sacar del cajón» el plan antitabaco que contempla ampliar los espacios libres de humo a las terrazas, las playas o los coches en presencia de menores y embarazadas, un veto que incluye todos los derivados del tabaco como vapeadores.
«Muchos de esos espacios lo que buscan es una cosa muy sencilla: proteger a las mujeres embarazadas; proteger a los niños; a las personas que simplemente no quieran inhalar el humo del tabaco; así como proteger a los trabajadores y trabajadoras que se ven expuestos a ese humo del tabaco sin tener por qué», ha explicado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad
Carta a Mónica García
Por su parte, desde la Confederación Empresarial de Hostelería de España se lamentan que se haya tomado esta decisión «sin contar con el sector». Por ello es que han enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, para solicitar una reunión en la que abordar la posible prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos hosteleros.
«Lo que esperas como sector es que cuando se anuncia una medida de estas características se te convoque para atender tu opinión y que te escuchen. Eso es lo mínimo que se tendrían que haber planteado ante una idea que es de bastante calado», comenta el secretario general de la confederación, que espera recibir noticias de la ministra lo más pronto posible para «que nos diga cuál es su intención» y «liberar la presión que se nos está planteando».
«Un Gobierno que se dice dialogante, abierto, de mano tendida, lo menos que puede hacer es sentarse, dialogar y escuchar a los sectores a los que compete las modificaciones legislativas que plantee», insiste el secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España.
Y es que si bien entre un 20 y un 30% de los españoles eran fumadores en 2022, «una cifra muy superior a lo esperado», según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), Emilio Gallego defiende que la solución a este problema no pasa por seguir «hiperregulando» la hostelería en esta dirección: «El Ministerio deberá enfocar hacia otro lugar si lo que pretende son objetivos antitabaco».
Consecuencias económicas
En este sentido, también se ha pronunciado en THE OBJECTIVE José Manuel Corrales, profesor de Economía de la Universidad Europea, que señala que la implementación de leyes antitabaco «conlleva diversas consecuencias económicas que impactan tanto a la industria tabacalera como a la economía en general». «En primer lugar, se observa una reducción en la demanda de productos relacionados con el tabaco, lo que afecta directamente a las empresas que operan en este sector. La disminución en las ventas de cigarrillos y productos afines puede llevar a recortes de empleo y pérdidas financieras para estas compañías», relata.
Además, el experto indica que, si bien la leyes antitabaco suelen fomentar la inversión en programas de prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaquismo, aunque esto puede generar empleo en el sector de la salud, «también implica gastos adicionales para el Gobierno y las instituciones médicas». No obstante, Corrales apunta que, a largo plazo, «la disminución de enfermedades relacionadas con el tabaco podría traducirse en ahorros significativos en costos de atención médica».
Por otro lado, el profesor de Economía también menciona el mercado negro de productos de tabaco que pueden generar estas leyes, «lo que podría contrarrestar parte de los beneficios económicos». «La ilegalidad en la venta de productos tabacaleros podría resultar en pérdidas de ingresos fiscales para el Gobierno», señala.
Po su parte, el presidente de Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, Francisco Pascual, tras una reunión con el Ministerio de Sanidad donde ha presentado un borrador sobre la «reducción de daños», ha recalcado que «no deben dejarse influenciar por presiones que nada tienen que ver con la sanidad».
Según los datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España, se estima que el tabaco causa alrededor de 60.000 muertes al año en España, lo que equivale a aproximadamente 164 muertes al día.
