Los afectados por la vacuna de AstraZeneca acuden a la Fiscalía en busca de ayuda
Piden que se reconozca su situación de incapacidad para trabajar como contingencia laboral o enfermedad profesional
Los trabajadores esenciales afectados por la vacuna AstraZeneca se han reunido este viernes con el fiscal coordinador de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Muñoz Marín, y el fiscal adscrito, Joaquín López Gallego, de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de buscar apoyo por los graves efectos adversos que han sufrido tras recibir el primer pinchazo de la vacuna AstraZeneca, hace ya tres años.
De esta forma, representantes de la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna de Astrazeneca (Ateava), en la que hay adscrita 103 damnificados, piden que se reconozca su situación de incapacidad para trabajar como contingencia laboral o enfermedad profesional, ya que los perjuicios en la salud que sufren surgieron «tras vacunarse con Astrazeneca al tratarse de profesionales esenciales».
Estos colectivos profesionales (como profesores, sanitarios, veterinarios o policías) se vacunaron masivamente a partir del 15 de febrero de 2021. Fueron de los grupos poblacionales convocados más tempranamente bajo el argumento de que tenían mayor riesgo de exposición y de transmisión a otras personas. Las empresas, según cuentan los propios afectados, ya les proporcionaban el día y lugar donde recibirían la vacuna. La dosis, AstraZeneca. No había elección.
Muchos de ellos, tres años después, continúan con efectos secundarios como mareos, incontinencias urinarias, miocarditis, ahogos, parálisis, pérdida de la fuerza en manos, brazos, piernas y tronco, fuertes dolores de espalda o migrañas. Otros sufrieron trombosis. Cuatro fallecieron.
Compromiso de la Fiscalía
«Necesitamos una respuesta de voluntad política. Que se reconozca que esas personas han tenido la mala suerte de sufrir unas consecuencias adversas que continúan años después», explica a THE OBJECTIVE Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo del USO, presente en la reunión entre la Fiscalía y la asociación, que ha durado algo más de una hora.
En este sentido también se ha pronunciado a este medio José de las Morenas, coordinador de la secretaría de Salud Laboral de UGT, que señala que «el fiscal, dentro de su ámbito de competencia, se ha comprometido a trasladar la situación a las administraciones competentes».
«Esta vacuna ha tenido unos efectos no deseables que ha incapacitado a muchos trabajadores que fueron esenciales», agrega De las Morenas, que recuerda que si bien fue una vacuna «voluntaria», por otro lado, estos profesionales no podían elegir que inoculación ponerse. «Por ser trabajadores esenciales se les indicaba que se tenían que poner AstraZeneca, por lo que se debe de tratar como una patología de origen laboral».
Ateava y sindicatos también se han reunido la mañana del viernes con Antonio Blázquez Pérez y Ana López de la Rica, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y directora asociada de dicho departamento, respectivamente.
«No somos antivacunas»
Desde la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca (Ateava), denuncian que los efectos causados fueron «fruto de la premura», ya que con el tiempo las autoridades españolas desaconsejaron vacunar con AstraZeneca por el riesgo que ello entrañaba.
Hay que recordar que en plena campaña de vacunación con AstraZeneca esta se paralizó durante 15 días –desde el 15 de marzo hasta comienzos de abril– debido a los efectos secundarios de la vacuna y la muerte de una docente de 42 años días después de la inoculación de esta. No obstante, la vacunación con AstraZeneca se reanudó para los trabajadores esenciales «negando la gravedad» de los efectos secundarios y el «preocupante» alcance de los mismos.
Por otro lado, desde Ateava hacen hincapié en que no son antivacunas ni negacionistas. «Prueba de ello es que estamos aquí por habernos vacunado. Si no hubiésemos creído en la existencia de la pandemia, no nos encontraríamos en la situación en que lo hacemos. ¿Para qué vacunarse contra algo que no existe?», apunta a THE OBJECTIVE su presidenta, Pedro García, que asegura que el fiscal se ha mostrado «colaborador» y ahora esperan una reunión con el Defensor del Pueblo y los ministerios de Sanidad, Economía y Seguridad Social, quienes tienen las competencias para reconocer la situación de este colectivo como contingencia laboral o enfermedad profesional.