Cien personas murieron cada día en 2023 mientras esperaban la ayuda de la dependencia
21.993 de beneficiarios fallecieron antes de recibir la ayuda, a pesar de tener reconocido algún grado de dependencia
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. | EP
Desde el 1 de julio de 2015 todos los dependientes tienen derecho a prestación. Sin embargo, los datos claman por sí solos: en 2023, 110 dependientes murieron cada día sin recibir la ayuda por la dependencia. En total, 40.447 personas fallecieron sin haber recibido la atención. Así se desprende de una respuesta del Ministerio de Derechos Sociales a través del Portal de Transparencia –que evalúa la situación a 31 de diciembre de 2022– tras una pregunta de un particular a la que ha tenido acceso este medio.
Según muestra el documento, el año pasado un total de 220.100 personas fallecieron en alguna de las fases del proceso de reconocimiento de la situación de dependencia, de las cuales 201.646 ya tenían una resolución de su ayuda –con independencia del resultado– y 18.454 murieron sin ser valoradas. De esas más de 200.000 personas, el 92,24% tenían una valoración positiva, sin embargo, el 11,82% (21.993) falleció antes de recibir la ayuda, a pesar de que toda persona reconocida con algún grado de dependencia tiene derecho a recibir algún tipo de prestación ya que se trata de un derecho «subjetivo», según el artículo 1.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Desigualdad territorial
Los datos facilitados por el Portal de Transparencia ponen de manifiesto las enormes diferencias que hay entre las comunidades autónomas. Cataluña es la que registra más casos de personas que ha fallecido antes de recibir una resolución o una ayuda (12.280). Le siguen Andalucía (8.771), Comunidad Valenciana (3.695), País Vasco (2.526) y Canarias (2.306). La Comunidad Valenciana (1.545), Región de Murcia (1.452), Extremadura (1.405), Asturias (1.344), Castilla-La Mancha (1.310), Comunidad de Madrid (1.235), Baleares (1.072) y Castilla y León (1.056) también registran datos alarmantes.
En cambio, las regiones que menos fallecimientos ha registrado durante 2023 son Ceuta y Melilla, con 17 y 55, respectivamente, Navarra (100), La Rioja (256), Galicia (346), Cantabria (249) y Aragón (972).
324 días de media
La tardanza para dar respuesta es una de las cuestiones que vienen denunciando desde hace años las diferentes organizaciones que velan por estos colectivos, como la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que pone en evidencia los plazos «excesivos» para la prestación de los servicios. Actualmente, la media hasta la resolución de un expediente es de 324 días (en 2022 fue de 360), según la información estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Canarias es la región que más tiempo tarda en dar respuesta (647 días vs a 1002 días de 2022), seguida de Andalucía (557) y Murcia (509); por el contrario, Ceuta es la que menos días tarda (68). Le siguen, aunque de lejos, Castilla y León (127) y País Vasco (140).
El Gobierno se propuso reducir la lista de espera a la dependencia hasta las 170.000 personas a finales de 2021. También resolver los expedientes de dependencia en un máximo de seis meses –algo que exige la ley, aprobada hace 16 años, en diciembre de 2006, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero–. Sin embargo, con datos hasta el 31 de diciembre de 2023, había 204.755 personas pendientes de una resolución de grado o de prestación y solo Ceuta, Castilla y León y País Vasco resuelven expedientes en menos de los 180 días máximos marcados.
Además, 155.241 personas son beneficiarios que aún no han recibido la prestación, de los cuales 18.153 lleva menos de seis meses de espera, 3.628 mas de seis meses con motivo de exclusión (causas no imputables a la administración) y 133.459 sin motivo de exclusión (causas imputables a la administración). A cierre de 2023, son 1.9 millones de solicitudes las que ha contabilizado el ministerio que están en vigor, lo que supone un incremento del 10,3% respecto al mismo momento de hace un año.
