El Senado de Italia aprueba una dura ley sobre inmigración

El Senado de Italia ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de seguridad e inmigración que dificulta las condiciones para los solicitantes de asilo y prevé expulsiones de los inmigrantes considerados como “un peligro social” o condenados en primer grado.

El proyecto de ley, que ahora debe pasar a la Cámara de los Diputados para su aprobación final, ha sido aprobado con un voto de confianza, al que se recurre habitualmente en Italia para evitar las enmiendas, y recibió 163 votos a favor, 59 contrarios y 19 abstenciones, entre estas las de cinco senadores del antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S).

Las abstenciones de los senadores del Movimiento 5 Estrellas son un gesto que ha puesto en evidencia las discrepancias en el seno de la formación respecto a algunas medidas presentadas por la ultraderechista Liga, con la que gobierna en coalición.

Este proyecto de ley es la apuesta del ministro del Interior, Matteo Salvini, enmarcada dentro de su política de freno a la inmigración. Prevé que “en caso de peligro social o de condena en primer grado de un solicitante de asilo”, este sea expulsado del país. El decreto contempla que la condena en primer grado para terminar el proceso de solicitud de asilo puede ser por delitos relacionados con drogas, robo, violencia sexual, violencia contra un funcionario público o lesiones graves.

Además, introduce que los inmigrantes que tengan una condena definitiva por terrorismo verán retirada su ciudadanía italiana, o que el país no consentirá la entrada en su territorio a ningún extranjero que haya sido expulsado de otros países de la zona Schengen.

El periodo de permanencia en los centros para refugiados se amplía de 90 a 180 días, mientras los solicitantes de asilo tramitan su petición de residencia.

Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la supresión de la protección humanitaria, que hasta ahora era una de las causas para conceder el asilo. Esta se sustituirá por un permiso de residencia de un año solo para casos extremos como urgencias sanitarias, desastres naturales en el país de origen o haber realizado algún mérito en suelo italiano.

Esta norma ha sido duramente criticada por las asociaciones humanitarias y por la oposición, pues consideran que creará todavía más inmigrantes indocumentados de los que hay ahora, además de considerarla “feroz y cruel”, informa Efe.