El Gobierno aprueba un plan de inversiones para los centros de internamiento de extranjeros
El Gobierno ha aprobado un plan de inversiones para los polémicos centros de internamiento de extranjeros (CIE), con el fin de «garantizar mayor respeto a la dignidad y derechos de las personas internadas», construir un nuevo centro en Algeciras y sustituir las concertinas de las vallas fronterizas por «medios menos cruentos».
El Gobierno ha aprobado un plan de inversiones para los polémicos centros de internamiento de extranjeros (CIE), con el fin de «garantizar mayor respeto a la dignidad y derechos de las personas internadas«, construir un nuevo centro en Algeciras y sustituir las concertinas de las vallas fronterizas en sus tramos «más vulnerables» por «medios menos cruentos». Así lo ha asegurado en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el Consejo de Ministros de este viernes, en el que también se ha aprobado la reforma constitucional de los aforamientos, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como tasa Google, y el proyecto de ley que crea el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin.
La reforma de los ocho CIE existentes –Tenerife, Murcia, Las Palmas, Valencia, Barcelona, Madrid, Algeciras y Tarifa– se ejecutará en un año, mientras que la construcción del nuevo CIE de Algeciras se llevará a cabo en tres. Este nuevo CIE, que contará con 500 plazas, se edificará sobre una parcela de 20.000 metros cuadrados.
Con estas obras el Gobierno de Sánchez atiende a las observaciones formuladas por el Defensor del Pueblo, los jueces de control y organismos nacionales e internacionales que señalaban que estos centros no reunían las condiciones idóneas para albergar y custodiar a las personas objeto de un procedimiento de expulsión a sus países de origen.
El plan de refuerzo y modernización del sistema de protección fronteriza terrestre en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tiene como objetivo «incrementar la prevención contra la inmigración irregular, mejorar la eficiencia y seguridad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y asegurar el pleno respeto a los derechos humanos», ha asegurado Grande-Marlaska.
🔴 Grande-Marlaska: La seguridad y el respeto a los #DerechosHumanos son perfectamente compatibles. Este es un proyecto que simboliza la acción política de este gobierno: Nos tomamos en serio la seguridad y los derechos humanos.#CMin pic.twitter.com/BYYS7cl027
— PSOE (@PSOE) January 18, 2019
Las infraestructuras fronterizas de Ceuta y Melilla fueron construidas en 1988 y la última gran reforma se remonta a un plan de 2005, después de la cual sólo se han realizado obras y reformas puntuales. Con la sustitución de las concertinas por medios «menos cruentos» Grande-Marlaska cumple con uno de sus objetivos marcados tras la toma de posesión de su cargo.
El plan, con un presupuesto de 32.719.236 euros, puede ser cofinanciado hasta el 75% de su importe con fondos europeos, a través del Fondo de Seguridad Interior o del Fondo de Asilo, Migración e Integración.
El #CMin aprueba el Plan de Infraestructura para la Seguridad del Estado 2019-2025, que incluye:
🔺Reforma y construcción de comisarías de @policia y cuarteles de @guardiacivil
🔺Reforma de todos los CIES para garantizar mayor respeto a la dignidad y derechos de las personas pic.twitter.com/Y0P1trbCCj— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 18, 2019
Además, el Gobierno ha aprobado un paquete de medidas para la mejora de las infraestructuras de seguridad del Estado, con una inversión de 807 millones de euros, en siente años, que supondrá la reforma de, sobre todo, comisarías y, de los cuarteles. «Más de la mitad de los cuarteles de la guardia civil están en condiciones no adecuadas», ha explicado Grande-Marlaska. «Es hora de dignificar las instalaciones».
Limitación de los aforamientos
El Gobierno también ha aprobado remitir a las Cortes el proyecto de reforma de Constitución que contempla una limitación de los aforamientos, y los proyectos de ley para la creación de los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, según ha informado la ministra de Educación y FP y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
En el caso de los aforamientos, el Gabinete de Sánchez ha aprobado el proyecto de reforma de los artículos 71.3 y 102.2 de la Constitución española en los que se establece el aforamiento de los parlamentarios y del Ejecutivo ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La aprobación gubernamental llega después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobase el pasado mes de diciembre por unanimidad el informe de dicho anteproyecto como paso previo a su aprobación definitiva.
El Anteproyecto de Ley para la 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐟𝐨𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 que aprueba hoy el #CMin:
✔Limita el #aforamiento para aquellos delitos vinculados al ejercicio de las funciones propias del cargo y al tiempo de ejercicio de dicho cargo. pic.twitter.com/RDK8SQA7O5
— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 18, 2019
Tasa Google
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como tasa Google, gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros. El Gobierno espera recaudar con este impuesto 1.200 millones de euros.
El #CMin aprueba el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre determinados servicios digitales.
➡Tipo impositivo: 3%
➡Para empresas con una cifra de negocios mayor de 750 mill. € a nivel mundial y que ingresen más de 3 mill.€ en España derivados de estos servicios digitales. pic.twitter.com/h8iRlJ9BIx— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 18, 2019
Quedan excluidas del gravamen la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario
Tasa Tobin
Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que crea el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. El Gobierno de Sánchez prevé recaudar 850 millones de euros con este impuesto.
Solamente se someterán a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, mientras que no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. Quedan fuera del ámbito de esta tasa la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados.
Consolidar las cuentas públicas reforzando la equidad. Ese es el objetivo del Anteproyecto de Ley sobre Transacciones Financieras que hoy aprueba el #CMin.
🔺Grava la compraventa de acciones de grandes empresas españolas con una capitalización bursátil de más de 1000 mill.€. pic.twitter.com/hkhPCeExRi
— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 18, 2019
