El Gobierno da luz verde a su cuestionada propuesta de eliminar algunos aforamientos

El Consejo de Ministros ha dado  luz verde este viernes al anteproyecto de ley de reforma de la Constitución, necesaria para eliminar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo en caso de delitos cometidos fuera del ejercicio de su cargo. Una iniciativa muy cuestionada por la oposición que, por el momento, no cuenta con el apoyo suficiente en el Parlamento, y de la que ha dado cuenta la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete que ha presidido en ausencia de Pedro Sánchez, que asiste a la cumbre del G20 en Argentina.

La propuesta de reforma constitucional fue una de las medidas estrella anunciadas por Sánchez al cumplir cien días en el Gobierno y se encargó un informe al Consejo de Estado que, como ha recordado Calvo, respalda que diputados, senadores y miembros del Gobierno sólo sigan aforados ante el Tribunal Supremo si cometen delitos «en el ejercicio de las funciones propias del cargo».

«Tiene que ver con la regeneración de la democracia, en la que los ciudadanos tienen que seguir confiando en la madurez de nuestras instituciones», ha manifestado Calvo.

La reforma que plantea el Gobierno afectará a los artículos 71.3 y 102.1 de la CE y para ser aprobada requiere el apoyo de al menos tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. Si en el caso de la Cámara alta, el Gobierno puede lograr recabar los votos necesarios, en la Cámara alta, el PP con su mayoría absoluta tiene capacidad de bloquear el proyecto.

«Es una reforma cuantitativamente pequeña, pero desde el punto de vista político es muy importante porque en nuestro país queremos que los aforamientos se circunscriban exclusivamente al ejercicio de sus funciones y nada más», ha explicado la vicepresidenta, quien ha asegurado que «con esta modificación habremos mejorado el sistema democrático» en sintonía con «otros países de nuestro entorno».

El Gobierno se da un plazo de un año para esta reforma, ya que primero tiene que pasar al Consejo General del Poder Judicial para consulta, antes de remitir el texto a las Cortes, y por afectar a la reforma de dos artículos de la CE.

La iniciativa no cuenta por ahora con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, que consideran que es una propuesta descafeinada. Es el caso de Ciudadanos, cuyo secretario general, José Manuel Villegas, aseguró esta semana que su partido estará vigilante para que la supresión de los aforamientos de los políticos no acabe siendo un blindaje para los corruptos. «Esperemos que sea una propuesta real y no una tomadura de pelo, made in Sánchez», dijo en rueda de prensa en el Congreso el miércoles.

«Si se excluyen los delitos cometidos en el ejercicio del cargo estaríamos ante una reforma ridícula y ahí tendría en frente a Ciudadanos», anunció.

Sobre este punto, la vicepresidenta del Gobierno se ha limitado a manifestar que los delitos son los que están en el Código Penal, que no distingue si los comete un político o no. «Hemos ido un poco más allá de lo que ha dicho el Consejo de Estado. Tenemos que respetar el Título VIII de la Constitución y como gobierno no podemos decirles a los parlamentos autonómicos lo que deben hacer», en cuanto a si los presidentes y diputados autonómicos deben o no retirar los aforamientos.

«Esto es un listón de ética muy alto para que todo el mundo esté en el mismo nivel de exigencia», ha dicho Calvo. El aforamiento, ha subrayado, quedará acotado al mandato del cargo de los afectados.

Para Podemos, no basta con eliminar los aforamientos sino que hay que incluir también eliminar la figura de la inviolabilidad del monarca, algo que también pide el PNV y los partidos nacionalistas catalanes.

Otras medidas

El Consejo de Ministros ha adoptado un acuerdo para acceder a los empleos públicos que exige poner fin a la discriminación por estar afectados por determinadas enfermedades, que afectará a siete millones de personas. Es un paso más en el cumplimiento del artículo 14 de la CE que habla de la igualdad.

Una medida que se refiere a las personas que padecen VIH, diabetes, soriasis y celiaquía.