Polonia debate una ley que prohíbe las concentraciones pro LGTBI

El Parlamento de Polonia ha iniciado el debate de una norma que, de aprobarse, pasaría a prohibir las concentraciones a favor de los derechos del colectivo LGTBI. En la redacción de la norma, se encuentran afirmaciones acerca de las actividades que quedarían vetadas en reunión pública, como «cuestionar el matrimonio como relación entre una mujer y un hombre» o «propagar la extensión del matrimonio a personas del mismo sexo». Las manifestaciones tampoco podrán promover la adopción de niños por parte de parejas homosexuales o una «orientación sexual distinta de la heterosexual».

Este proyecto ha sido presentado por la Fundación Vida y Familia de la activista provida Kaja Godek, tras recabar las 14.000 firmas necesarias. Antes del debate, centenares de personas han salido a las calles de Varsovia para protestar contra el proyecto de ley. Frente al parlamento, unas 300 personas se han concentrado con pancartas defendiendo que «el amor no conoce género».

Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a los legisladores para que no respalden el proyecto de ley y les anima a reflexionar «de que el amor es amor» y que la propuesta es «odiosa, discriminatoria y restrictiva del derecho de las personas a la protesta pacífica». «Tales restricciones son inaceptables», ha dicho la organización. Muchos políticos del partido gobernante, Ley y Justicia (PiS, por su siglas en polaco), han hecho campaña abiertamente contra la comunidad LGBTI. Casi 100 ciudades y regiones se han declarado zonas «libres de ideología LGBTI».

Polonia y Hungría rompen frentes comunes de los veintisiete

Las tensiones entre la Unión Europea y dos de sus miembros, Polonia y Hungría, es el principal foco de conflicto que viven los veintisiete. Ambos estados han decidido desmarcarse de las posturas comunitarias en materias claves como los derechos LGTBI, la inmigración o el derecho comunitario. Sobre este último punto, la última gran polémica llegaba tras la decisión del Gobierno polaco de rechazar la máxima fundacional de la Unión que dice que el Derecho europeo prima sobre la legislación nacional y que ha finalizado con una multa diaria de 1 millón de euros hasta que el país rechace la decisión del Constitucional.