El 46% de las empresas privadas de servicios sociales se financian con fondos públicos
Un informe advierte de la precarización, feminización y desprofesionalización de un sector en el que la Administración pública sigue siendo el principal empleador
Una trabajadora social con una usuaria. | Georg Arthur Pflueger (unsplash)
Los servicios sociales retroceden en España. Un informe advierte de una tendencia hacia la desprofesionalización y la precariedad entre las trabajadoras sociales. En femenino, porque las mujeres siguen siendo mayoría: nueve de cada 10 trabajadores de un sector en el que la Administración pública sigue siendo el principal empleador. Fuera de ahí hace mucho frío. Inseguridad laboral, salarios bajos y pocos recursos. Y eso, a pesar de que el 46% de la empresas privadas se financian mayoritariamente con fondos públicos.
Precarización, feminización y desprofesionalización, ese es el mapa de la atención social primaria en servicios sociales. Así lo afirma el informe bianual que publica desde 2014 el Consejo General del Trabajo Social. El documento ha sido realizado de forma conjunta por el propio Consejo, investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y la cooperativa de investigación social Indaga. Han contado con la colaboración de 36 colegios profesionales del sector, por lo que incluye información de más de 43.000 trabajadores.
Servicios sociales especializados
El trabajo demuestra que los servicios sociales se mantienen como el ámbito laboral de la mayoría de los trabajadores sociales, el 74% del total. La sanidad emplea a un 18%, pero los expertos observan una incorporación progresiva en otras ramas, como la educación, la vivienda y la garantía de ingresos. La mayoría de estos trabajadores, el 58%, se dedica a la atención primaria. El 42% restante lo hace en servicios especializados, una tendencia que no es exclusiva de este sector. Lo mismo pasa en la sanidad.
«Los servicios especializados son los más externalizados por la iniciativa privada y se concentran especialmente en las grandes urbes, dejando sin recursos suficientes al mundo rural, que sobrevive con una protección social de la red pública», explica Emiliana Vicente, presidenta del Consejo. El informe especifica que casi la mitad de las trabajadoras sociales cuentan con contratos inestables, parciales, salarios bajos y asumen tareas que no les corresponden. La precariedad es especialmente preocupante entre los menores de 35 años, ya que alcanza al 61% de los empleados.
Las mujeres representan el 89% de los trabajadores sociales. Se ocupan principalmente de los puestos de atención directa. Los hombres solo son el 11% de la plantilla, pero copan los cargos de responsabilidad. Estas diferencias de género también afectan a la salud mental de las profesionales. Ellas sufren más ansiedad, estrés y agotamiento. El 34% de las empleadas que se encuentra en primera línea afirma sentir elevados niveles de malestar emocional.
La mayoría de las trabajadoras sociales tratan a diario con sus usuarios, que siguen manteniendo el perfil del anterior estudio. El retrato robot es el de una mujer de nacionalidad española de edad avanzada con bajos niveles educativos, sin empleo, pensionista o dedicada a las tareas del hogar. El 46% de los beneficiarios presentan algún tipo de discapacidad. «Aunque se mantiene el perfil tradicional, cada vez se incorporan más personas trabajadoras, con empleos precarios, estudios superiores y cada vez más jóvenes», alerta Vicente.
Externalización de la atención
Uno de los retos de los profesionales es afrontar la constante externalización del sector, que según la presidenta del Consejo experimenta una continua fragmentación de tareas. «Se ve claramente en la tendencia a no reconocer contractualmente la figura de la trabajadora social». La Administración pública sigue siendo el principal empleador. Bajo su paraguas está el 61% de los profesionales. El 39% restante ejerce en el sector privado. Y no en las mejores condiciones, a pesar de que el 46% de estas empresas se financia mayoritariamente con fondos públicos. No obstante, el informe no indica en qué proporción.
El estudio indica que los niveles de externalización varían según la región. La Rioja, Madrid y Galicia son los territorios con mayor tendencia a externalizar hacia el sector lucrativo empresarial. País Vasco, Canarias y Cantabria se dirigen hacia un escenario no lucrativo. En el lado opuesto se encuentran Islas Baleares, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, que apuestan por un modelo público. «Existe una tendencia a concentrar los servicios y los recursos en las áreas urbanas», lamenta Vicente.
Por si no fuese suficiente, los salarios en el mundo rural son más bajos que la media nacional, especialmente en zonas interiores del sur de España y en las zonas despobladas del norte. A quienes lo han elaborado les preocupan los casos de Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón donde, destacan, el sueldo medio que se percibe por jornadas completas está por debajo de los 1.500 euros mensuales. Para atajar estas desigualdades que califican de «históricas», el 84% de los profesionales propone blindar el servicio público con la ley Marco Estatal de Servicios Sociales que ya elabora el Ministerio de Derechos Sociales.
