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Los sindicatos rompen el acuerdo sobre centros de 24h por «falta de cumplimiento»

Las organizaciones han subrayado que el «caos» en el servicio y «la falta de soluciones a todos los problemas planteados» les empuja a desvincularse del acuerdo

Los sindicatos rompen el acuerdo sobre centros de 24h por «falta de cumplimiento»

Cartel del SUAP del Centro de Salud Mar Báltico. | Europa Press

Los cuatro sindicatos que firmaron un principio de acuerdo sobre el modelo de atención urgente extrahospitalaria con la Consejería de Sanidad han anunciado este viernes la ruptura del mismo por la falta de cumplimiento de las condiciones pactadas por parte del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero y ante el «caos» en la puesta en marcha de los 80 centros de atención 24 horas.

En un comunicado conjunto, CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional y Satse han subrayado que el «caos» en el servicio y «la falta de soluciones a todos los problemas planteados» les empuja a desvincularse del acuerdo «ante el maltrato y la humillación que están sufriendo los profesionales de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria por parte de la Consejería de Sanidad y de la Comunidad de Madrid a través de sus acusaciones públicas».

Las cuatro organizaciones sindicales firmantes «por responsabilidad» del documento de compromisos que evitó la huelga indefinida a partir del 25 de octubre han rechazado así las insinuaciones de boicot por parte del Ejecutivo regional y las acusaciones sobre bajas sobrevenidas entre el personal sanitario.

«El plan ideado por el Gobierno regional y su gestión no sólo pone en jaque a la ética y la responsabilidad de los y las profesionales, sino que también pone en riesgo la salud de la población», han advertido las organizaciones sindicales, que responsabilizan a la Administración del «fracaso de este modelo» por su «inoperancia» y por el «incumplimiento de todos los compromisos» adquiridos.

En este principio de acuerdo se contemplaba un periodo transitorio de dos meses para establecer la reorganización de la atención urgente extrahospitalaria durante los que el modelo será evaluado para estudiar su funcionamiento y, en su caso, establecer modificaciones.

«Desde la firma del acuerdo que debería haber iniciado la negociación sobre la configuración de las plantillas, el análisis de la presión asistencial, incremento de recursos, movilidad voluntaria de los profesionales, etc. y como consecuencia de la falta de voluntad e incapacidad de la Consejería de Sanidad para solucionar los problemas que ellos mismos están generando, así como la incompetencia de la nueva Gerente de Atención Primaria, junto con la inoperancia de sus Direcciones Asistenciales, como queda demostrado con las dimisiones en bloque que se están produciendo, el incumplimiento reiterado de lo acordado con las OO.SS firmantes y el desinterés por una negociación real, hemos decidido dar por finalizado el acuerdo«, han explicado.

En este sentido, han recalcado que no volverán a acudir a ninguna reunión de la Comisión de seguimiento de este acuerdo, al tiempo que han recordado que la a Mesa Sectorial es el único órgano de negociación posible en el se sentarán a hablar de las condiciones de los trabajadores afectados por la reordenación de las urgencias extrahospitalaria.

En esta línea, las organizaciones firmantes (todas las que cuentan con representación en la Mesa de Sanidad excepto el sindicato médico Amyts, que ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo lunes, día 7 de noviembre), han subrayado que desde la puesta en funcionamiento de los 80 centros de atención 24 horas, «la Consejería no ha sido capaz de cumplir con ninguno de los compromisos adquiridos en ese documento, haciendo de este proceso un infierno para los y las profesionales y para los y las pacientes».

Estos sindicatos han alegado que firmaron el acuerdo que evitaba una huelga «por responsabilidad con la ciudadanía y para garantizar su seguridad sanitaria y esencialmente para proteger los derechos de los trabajadores que se veían seriamente lesionados con el plan inicial propuesto por la Consejería» pero no para ser «cómplices de esta tropelía».

Se ha hecho todo lo posible

En cualquier caso, han recordado a los profesionales que han hecho todo lo posible por mejorar su situación, «en cuanto a la previsión que se tenía para ellos, aguantado todas las críticas y llevando al límite» la capacidad de negociación. Así, han resaltado, se consiguió «bloquear el modelo de jornada que planteaban inicialmente y que era tremendamente lesivo para los derechos laborales, que incrementaba en más del 150% las jornadas presenciales de trabajo, planteaba una amplia movilidad forzosa a nivel de toda la Comunidad de Madrid, aumentaba considerablemente la carga asistencial de los y las profesionales y, además, repercutía sobre la actividad asistencial en los centros de salud».

También han puesto en valor la alternativa de ordenación de jornada en las plantillas de los nuevos dispositivos asistenciales y han destacado que su postura «siempre fue la defensa de una apertura progresiva, pausada, según se fuera disponiendo de los recursos que contenía el acuerdo». «Pero en este punto la administración de mostró inflexible e impuso abrir todo en una fecha determinada y en eso no hubo alternativa. Era una decisión política y ahora tenemos las consecuencias», han advertido.

Finalmente, han recalcado, se logró un incremento de los recursos para la reapertura de los centros respecto a la propuesta original y, aunque insuficiente en cuanto a las necesidades reales, permitía mantener una presión asistencial asumible por los profesionales en los dos meses de periodo transitorio. «Estábamos dispuestos a negociar, durante dos meses, un modelo que fuera bueno para profesionales, que evitara un retroceso en las condiciones laborales y que preservara el derecho de la población a tener un servicio de calidad», han recordado.

No obstante, según su versión, el incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Consejería les lleva a dar por finalizado el acuerdo, ante el que se mostraron «flexibles» por «responsabilidad» para volver a prestar un servicio público esencial a la ciudadanía y que antes de cerrar atendía casi 800.000 asistencias.

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