Indignación entre los expertos de la UE por considerar 'verde' la energía nuclear
Los miembros de la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles estudian una respuesta contra la Comisión Europea, aunque su informe no es vinculante
Central nuclear de Bugey, en Francia. | Vincent Isore (Zuma Press)
La Comisión Europea mantiene el pie sobre el acelerador. Este miércoles confirmaba su intención de incluir la energía nuclear y el gas en la clasificación de inversiones verdes en contra del criterio de los expertos. La Plataforma de Finanzas Sostenibles, que asesora al Ejecutivo comunitario en la taxonomía, rechaza su inclusión. Sus miembros lamentan que no se hayan tenido en cuenta sus conclusiones. A pesar de que el informe no era vinculante, están indignados con la decisión y estudian una respuesta.
En el documento, de 44 páginas, los expertos recomendaron a la Comisión Europea no incluir la energía nuclear y el gas en la clasificación que servirá para facilitar las inversiones económicas durante las próximas décadas. Pero la decisión ya estaba tomada: el Ejecutivo comunitario adelantó sus intenciones a última hora del 31 de diciembre, semanas antes de que la propia plataforma emitiera su veredicto.
«Blanquear la inclusión»
Como adelantó THE OBJECTIVE, el informe de los técnicos aconsejaba excluir a estas dos energías del reglamento porque podría conllevar «daños significativos» a otros objetivos y difería en «aspectos fundamentales» de la ley del Clima en vigor. El Ejecutivo comunitario reconoce que ni el gas ni la energía nuclear son verdes, pero las considera prioritarias para descarbonizar la producción energética y reducir a cero las emisiones de carbono en 2050, tal y como fija el Pacto Verde de la UE.
El argumento no ha convencido a los expertos, que están indignados con la decisión. Se quejan de que va en contra de sus recomendaciones y denuncian que la Comisión Europea les ha utilizado «para ganar tiempo» y «blanquear» la inclusión del gas y la energía nuclear en la clasificación. Reconocen que su informe no es vinculante, pero critican que los responsables políticos lanzaran la propuesta antes de que emitieran unas conclusiones en las que llevan meses trabajando de forma altruista.
Los miembros de la Plataforma de Finanzas Sostenibles estudian dar una respuesta. En la tarde de este miércoles han mantenido una reunión telemática de casi hora y media para analizar el anuncio de la Comisión Europea y abordar posibles reacciones. De momento, no tienen claro cuál es la mejor réplica. «Tenemos que estudiar la acción más constructiva», reconoce uno de los asistentes.
Una de las opciones que han planteado los especialistas es realizar un nuevo informe técnico para desmontar la versión del Ejecutivo comunitario. «Estamos consternados», afirma otro de los expertos del programa. El grupo comenzó su trabajo en julio de 2018 y está formado por 57 miembros de la sociedad civil, el mundo académico, la empresa y el sector financiero. A pesar de la decisión, continúan trabajando en otros objetivos, aunque no saben cuando entregarán las conclusiones: «Ha caído una bomba y eso demorará el plazo».
«Acelerará la inversión privada»
«Este Acto Delegado trata de acompañar a la economía de la UE en la transición energética. Una transición justa como puente hacia un sistema de energía verde basado en fuentes de energía renovable», señala Valdis Dombrovskis, comisario de Comercio y vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para una economía de las personas. En su opinión, la decisión «acelerará la inversión privada que necesitamos».
Dombrovskis ha sido el encargado de anunciar la decisión del Ejecutivo comunitario junto a la comisaria de Estabilidad Financiera, Mairead McGuinness. Para la política irlandesa se han establecido «condiciones estrictas» para lograr el compromiso de neutralidad climática a mitad de siglo y para eso es necesario apoyar «esta transición que nos aleja de fuentes de energías más dañinas como el carbón». Según McGuinness, Europa está «impulsando» la transparencia del mercado para tranquilizar a los inversores.
La propuesta de la Comisión Europea debe superar aún un último escollo. Los países miembros y los eurodiputados dispondrán de cuatro meses para examinar el documento y presentar alegaciones. Para que la clasificación salga adelante se requiere una mayoría simple en el Parlamento Europeo, 353 eurodiputados, y el voto de una mayoría cualificada del Consejo (20 países que representen el 65% de la población). En caso de conseguirlo, el reglamento se aplicaría a partir del 1 de enero de 2023.
No será fácil lograr un consenso, pues existe una gran división. Francia lidera el grupo favorable a la propuesta. Es el país europeo con más reactores nucleares, con los que produce el 70% de su energía. Entre los detractores se encuentran Alemania, Dinamarca, Luxemburgo y Austria, que ha anunciado que llevará a la UE ante los tribunales. En ese grupo también está España.
España, en contra de la propuesta
El Gobierno que lidera Pedro Sánchez sostiene que esta propuesta de taxonomía «no envía las señales adecuadas a la inversión en energía limpia» al otorgar el mismo tratamiento al gas y la nuclear que a fuentes indiscutiblemente limpias, como la eólica o la solar. Desde el Ministerio de Transición Ecológica apuntan que la inclusión de «energías más costosas y contaminantes» puede «distraer fondos e inversiones que podrían destinarse en la dirección correcta».
Para Foro Nuclear, la decisión de la Comisión Europea es positiva porque «supone un espaldarazo a la energía nuclear y un reconocimiento de que se trata de una fuente necesaria en la transición energética». Un portavoz de la institución sostiene que la energía nuclear es una fuente «fiable y constante» de producción eléctrica. En su opinión, da estabilidad a la red y es esencial en la lucha contra el cambio climático. En España, el 20% de la electricidad tiene origen nuclear.
Partido y organizaciones ecologistas califican la decisión del Ejecutivo comunitario de greenwashung, ya que supone «un lavado de imagen verde a energías contaminantes». «Los residuos nucleares son un riesgo para las personas y el medio ambiente durante siglos y el gas emite CO2 y metano», denuncia Florent Marcellesi, coportavoz de Los Verdes-Equo. Para Juan López de Uralde, fundador de Alianza Verde y diputado de Podemos, se trata de una «decisión errónea en la que ganan los lobbies».
Sara Bourehiyi, de Ecologistas en Acción, critica que la propuesta no tiene «ningún fundamento científico» y «no tiene nada que ver con la propuesta inicial». En su opinión, «impide el cumplimiento de los compromisos climáticos». Para WWF, una ONG internacional, se trata de una «falsa taxonomía verde» y teme que la decisión pueda desviar miles de millones de euros hacia «industrias dañinas».
