El plan anti-sequía del Gobierno: 2.190 millones, trasvase de agua a Doñana y reutilización
Para Ribera no basta con ofertar más agua, sino que es preciso gestionar bien la demanda, mejorando los aspectos de calidad y disponibilidad
Vista del pantano de Riudecanyes, a 4 de mayo de 2023, en Tarragona. | Europa Press
El Gobierno quiere movilizar millones contra la sequía en plena campaña electoral. El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un Real Decreto que contempla una serie de medidas para abordar la sequía y aumentar la disponibilidad de agua. En concreto, se destinarán 2.190 millones de euros, de los cuales el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico contribuirá con 1.400 millones, repartidos en diferentes medidas vinculadas al agua, y otros 790 corresponderán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que principalmente lo destinará a ayudas directas a agricultores y ganaderos.
Dentro de las acciones emprendidas por el organismo que dirige Teresa Ribera para hacer frente a la sequía, se prevé duplicar, para el año 2027, el uso de agua reutilizada, que actualmente se sitúa en un 10%. La vicepresidenta ha destacado que las cuencas del Guadalquivir, las cuencas internas andaluzas, las cuencas internas de Cataluña, así como las cuencas del Guadiana, Júcar y Segura, presentan una situación «especialmente delicada y preocupante» que requiere una atención especial.
Asimismo, ha detallado otras acciones diseñadas por su ministerio, entre las que se incluyen la reducción de los cánones y tarifas para las explotaciones agrarias afectadas, así como la fijación de un precio establecido para el agua desalada, de manera que los agricultores puedan acceder a ella a un costo asequible. Además, ha destacado el trasvase de 3 hectómetros cúbicos del Tinto y el Odiel para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana, en particular en el entorno de Matalascañas.
Sobre la propuesta por el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, de destinar 50.000 millones de euros al agua, Ribera ha indicado que no sabe de dónde se saca la cifra ni qué cambiaría o qué echa de menos en la gestión hídrica. «Esta es una respuesta responsable por nuestra parte respaldar el trabajo de cuatro años y rechazamos que alguien solicite que eso se derogue o les explicamos que sea es la legalidad vigente en este momento», ha defendido.
En todo caso, para Ribera no basta con ofertar más agua sino que es preciso gestionar bien la demanda, mejorar los aspectos de calidad y disponibilidad para lo que el Ministerio ha completado el marco regulatorio, entre otros aspectos para poder garantizar la calidad del agua reutilizada que en este momento llega a un uso del 10% y que espera pasar hasta el 20%; de los 400 hectómetros a cerca de 1.000 hectómetros en 2027.
Asimismo, de los 1.400 millones de euros de inversiones, se destinarán 35,5 millones a actuaciones inmediatas para garantizar el abastecimiento este año. «Este Gobierno quiere acompañar al sector primario y en particular en lo que depende de las comunidades autónomas y, en particular, acompañar a los regantes», ha señalado Ribera, que ha mostrado su voluntad de que «más allá de la lectura de las competencias» del Estado y de las comunidades autónomas poder acompañar a quien les ha pedido apoyo.
Desaladoras urgentes
Esa cuantía de 35,5 millones de euros incluye la aceleración de la construcción de infraestructuras, algunas de carácter inmediato para las cuencas afectadas pro sequía, tales como bombeos de emergencia o adecuar tomas para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses. Asimismo, en ese ámbito, se ha declarado de interés general varias actuaciones en la costa mediterránea por lo tanto el Estado asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña, Málaga y Almería. Una de ellas en Tordera (Barcelona), con un coste de 220 millones y otras dos en Málaga y Almería, que costarán unos 200 millones; y se intensificará la reutilización en Alicante con una inversión de 224 millones de euros.
La vicepresidenta ha explicado que se ha autorizado a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cencas Mediterráneas (Acuamed) para que comience a licitar la construcción de nuevas plantas desalinizadoras alimentadas por parques solares fotovoltaicos, en el marco de su segundo Convenio de Gestión Directa, que cuenta con una dotación económica de 600 millones.
Entre las medidas citadas para ayudar a los regantes, este 2023 se les aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua. Esta exención será del 50% si el descenso de la dotación es del 40% al 60%, y del 100% si supera ese 60%. Los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del Guadalquivir quedan directamente exentos del 50% de dichas cuotas.
Por otro lado, el Gobierno ha acordado que el Estado sumirá las obras para acometer un trasvase en Doñana y abastecer a Matalascañas, con la sustitución de los bombeos de agua subterránea que abastecen a la conurbación de Matalascañas por aguas superficiales procedentes de la estación potabilizadora de Palos -Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras-, así como la transferencia de 3 hm3 anuales. En todo caso, Ribera ha señalado que el Gobierno seguirá trabajando con las comunidades autónomas y las comunidades de usuarios para analizar los distintos escenarios de sequía para mejorar la respuesta estructural «e imprescindible» como las inmediatas que hay que abordar este verano.
Ayudas a agricultores
En lo que se refiere al sector primario, destacan las ayudas directas a los agricultores y ganaderos por más de 636 millones de euros y la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más afectados por la falta de lluvias y las altas temperaturas. Esa subvención se aplica a las pólizas ya contratadas que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.
En total, la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ascenderá en 2023 a más de 358 millones de euros. Su responsable, Luis Planas, también ha destacado los 355 millones de euros en ayudas directas a los ganaderos de carne y leche, uno de los sectores más afectados por la falta de paja y forraje debido a la sequía.
El decreto establece unas ayudas de 100 euros por vaca y 15 por oveja y cabra de carne, y de 40 euros por vaca y 10 euros por oveja y cabra de leche, según ha precisado el Ministerio en un comunicado. El ministro ha anunciado, además, 5 millones de euros de ayuda complementaria para la apicultura, especialmente sensible al calor, que afecta a la biodiversidad y la polinización.
Además, se crea un fondo de ayudas de 276,7 millones para la agricultura, lo que permite al departamento adoptar medidas de apoyo en diálogo con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, ha indicado Planas. El ministro ha dicho que las medidas pretenden asegurar la continuidad productiva del sector primario, que es «fundamental» para abastecer de alimentos a la ciudadanía e «importante» para la evolución de los precios en la alimentación.
