El Tribunal Supremo avala el límite de una licencia VTC por cada 30 taxis

El Tribunal Supremo ha avalado la imposición de limitaciones a la actividad de las licencias VTC[contexto id=»383900″], “siempre que sean necesarias y proporcionadas”. Así, el tribunal considera que el límite de una licencia VTC por cada 30 taxis no es discriminatorio, como denuncian empresas como Uber y Cabify.

El Supremo considera que estos límites a las licencias VTC son una “forma de garantizar el equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano, para asegurar el mantenimiento del servicio del taxi como un servicio de interés general”.

El tribunal admite que la Administración no ha ofrecido una justificación razonada para la proporción de licencias VTC respecto al número de taxis, pero considera que “es ajustada a derecho y no discriminatoria». Además, señala que los recurrentes no han planteado una alternativa a esta proporción, y recuerda que se trata de un límite máximo y que puede ser rebajado por las administraciones competentes, que pueden aumentar el número de licencias VTC por cada 30 taxis.

Además de esta decisión, el tribunal también ha avalado la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80% de sus servicios en el ámbito de la comunidad autónoma donde tengan domiciliada la autorización.

Sin embargo, el tribunal ha anulado la limitación impuesta a las empresas de VTC de disponer al menos de una flota de siete vehículos dedicados a esta actividad, pues esto “excluiría a los pequeños empresarios de su ejercicio sin razón de interés general o necesidad que lo justifique”.

De esta manera, ha dado la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a las plataformas Uber y Unauto. Tanto la CNMC como Uber, Unauto y Maxi Mobility Spain (Cabify), habían presentado recursos ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y que estableció las limitaciones a las licencias VTC.

La Administración del Estado, varias federaciones del taxi, la Generalitat de Cataluña, en Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la Asociación Española de la Economía Digital respaldaban dicho decreto.