La Fiscalía pide más tiempo para acusar a Trapero tras la apertura de juicio contra él

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Sala de lo Penal una «prórroga» para presentar su escrito de acusación contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, después de que el lunes se dictara la apertura de juicio contra él y la excúpula de Interior catalana. En el auto, la Sección Primera de lo Penal da cinco días para presentar su escrito de calificación a la Fiscalía, que ha estado debatiendo la conveniencia de acusar a Trapero por rebelión para unificar la acusación con los exmiembros del Govern procesados en el Tribunal Supremo, según han confirmado a la agencia Efe fuentes fiscales.

Es «casi seguro» que la acusación finalmente será por el delito de rebelión y no por el de sedición, si bien este último podría ofrecerse como alternativa al primero, según estas mismas fuentes. El escrito de acusación debe presentarse cinco días después de haberse notificado el auto de apertura de juicio, pero desde el Ministerio Público se señala que pese a que está fechado el 15 de octubre, aún no lo ha recibido formalmente.

La Sección Primera de lo Penal considera «razonable entrar en el juicio oral» tras haber sido confirmado el procesamiento de todos ellos «para examinar la solvencia de los indicios de criminalidad» que se reflejan en el auto de procesamiento dictado por la juez Carmen Lamela, entonces instructora del caso.

Lamela procesó a Trapero por un delito de pertenencia a organización criminal y dos de sedición por haber consentido la celebración del 1-O y no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre.

La jueza también acordó los procesamientos del exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig y del exdirector de los Mossos d’Esquadra Pere Soler, ambos por organización criminal y un único delito de sedición por el 1 de octubre, así como el de la intendente Teresa Laplana, en su caso, por sedición por el asedio a la Conselleria.

Según dijo entonces la Sala, los responsables de los Mossos, con Trapero a la cabeza, incumplieron el 1-O el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir el referéndum simulando «un dispositivo engañoso, meramente formal, con designio no sólo de permitir la celebración de la ilícita consulta, sino de socavar la actuación que desarrollasen los otros cuerpos de seguridad del Estado».

Para la sala, el operativo que se estableció para ese día no obedeció a razones técnicas «sino al designio de posibilitar el referéndum», y además se movilizaron pocos agentes autonómicos, 7.000 en lugar de los 12.000 que se han llegado a desplegar en jornadas electorales.