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Suspendido de sus funciones Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de la Manada

El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) ha publicado este viernes la suspensión en funciones del guardia civil Antonio Manuel Guerrero, miembro de la Manada y condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016.

Suspendido de sus funciones Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de la Manada

El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) ha publicado este viernes la suspensión en funciones del guardia civil Antonio Manuel Guerrero, miembro de la Manada y condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016.

Guerrero, “en situación de activo y encuadrado a efectos de régimen interior en la comandancia de Córdoba, pasa a la situación de suspensión de funciones desde el día 10 de diciembre de 2018”, dice la resolución, citada por Efe.

El guardia civil se había reincorporado al servicio pero sin asignación de destino, y ahora se le ha aplicado el artículo 92 de la Ley de Régimen de Personal del instituto armado, que establece que el pase a la situación suspensión de funciones se puede acordar debido al procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal.

«El Ministro de Defensa, valorando la gravedad de los hechos imputados, la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera al régimen del Instituto o la alarma social producida, podrá acordar la suspensión de funciones. El Ministro del Interior determinará si dicha suspensión lleva consigo el cese en el destino», explica este artículo.

Esta decisión llega después de que en octubre, el militar de la Manada, el soldado del Ejército de Tierra Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, causara baja en las Fuerzas Armadas. Anteriormente se encontraba adscrito administrativamente a la Subdelegación de Defensa de Sevilla en la situación de servicio activo sin posibilidad de asignación de destino, por lo que seguía cobrando la totalidad de su sueldo base.

El 3 de enero, la Audiencia Provincial de Navarra acordó que los cinco miembros de la Manada seguirán en libertad provisional, por estimar dos magistrados frente a uno que no había razones suficientes para modificar su situación y por ver “endeble” el riesgo de fuga.

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