La victoria de Ripple ante la SEC
Tras años de disputa legal, la resolución cede en favor de Ripple Labs
Ripple. | Dmitry Demidko (Unsplash)
Los responsables de la SEC, con Gary Gensler a su cabeza, se han anotado una sonada derrota ante el emisor de una de las principales monedas del mercado, Ripple, que a finales de 2017 llegó a tener una capitalización de mercado de casi 120.000 millones de dólares. La demanda, que había puesto el regulador contra Ripple Labs, acusaba a la empresa de haber estado vendiendo valores no regulados, concretamente, su moneda nativa Ripple (XRP), y con ello violado las leyes de mercados financieros. Tras casi tres años de investigación, el pasado 13 de julio la juez Analisa Torres publicó el sumario con la resolución del caso, dando la razón a Ripple Labs. Con ello, se sienta un interesante precedente al poder extenderse que, si Ripple no es un valor, por ende, la mayoría de criptomonedas tampoco lo son y con ello nos deben ser tratadas ante la ley como «securities».
El inicio de la batalla entre la SEC y Ripple Labs
La disputa abierta entre ambos entes es una larga historia en el mercado cripto. El procedimiento legal comenzó en diciembre de 2020, cuando la SEC acusó a Brad Garlinghouse y Chris Larsen, consejero ejecutivo y fundador respectivamente de Ripple Labs, de no haber registrado la moneda Ripple (XRP) como un valor regulado antes de proceder a la venta de tokens por un valor de más de 1.380 millones de dólares.
Concretamente, se acusa a la empresa de haber estado vendiendo entre 2013 y 2020 títulos de su moneda a diversos tipos de instituciones de forma similar a una ronda de inversión, pero en lugar de haber entregado una participación de Ripple Labs, como sería habitual en una ronda tradicional, la empresa había estado entregando unidades de Ripple. Sólo mediante este mecanismo, el regulador estima una venta de aproximadamente 728 millones de dólares, a lo que la juez ha considerado expresamente «Ventas institucionales».
Además, como con cualquier otra criptomoneda, el valor se puso en negociación mediante multitud de exchanges en los que los inversores, tanto particulares como institucionales, puede comprar y vender monedas. A esto se las ha etiquetado de «Ventas programáticas» al hacer referencia a la tecnología tras su negociación y a que muchas de ellas se operan con brókeres que permiten programar la apertura y cierre de órdenes.
Entonces, ¿es Ripple un «security»?
Para dar respuesta a la pregunta, y, especialmente, para comprender la resolución del caso, hay que remontarse al ‘Test de Howey’. Este es un sistema basado en tres condicionantes, que hace más de 75 años estableció en EEUU el esquema para medir si una actividad representa un contrato de inversión o no. El caso surgió a partir de la empresa W.J. Howey, que en 1946 compraba terrenos para posteriormente cultivarlos y, con el beneficio generado, pagar a sus inversores una determinada rentabilidad. En base a aquel caso, el Test de Howey establece que una actividad supone un contrato de inversión si una empresa capta dinero en primera instancia, se ofrece una expectativa de obtener beneficio, y este proviene de la actividad realizada por el promotor del proyecto. En el caso de cumplirse estas tres condiciones, se entiende que la actividad es una surte de instrumento financiero y por ende debe estar sometido a la regulación de mercados.
Tras la revisión de todos los puntos y la actividad económica de Ripple Labs, la resolución establece que los tres requisitos del Test de Howey se cumplen tan sólo en una parte de las ventas de Ripple, las «Ventas institucionales», donde sí se considera un contrato de inversión no registrado. Esto es comprensible desde el punto de vista que el capital levantado por Ripple Labs puede ser utilizado para el desarrollo de la empresa, como si de una ronda de inversión se tratase, y los inversores esperar a cambio la revalorización de su inversión.
Por el contrario, las «Ventas programáticas», por su naturaleza de cotización en todo tipo de mercados, no constituyen un contrato de inversión al no suponer una relación directa entre Ripple Labs y los compradores de su moneda, por lo que no cumplen el tercer criterio del Test de Howey que de forma expresa establece la relación entre el emisor del instrumento y el inversor. Como resultado, se establece que de forma general la moneda Ripple no es un contrato de inversión y por ende no puede ser considerado un security sobre el que la SEC tenga competencias.
Varias criptomonedas se ven reforzadas tras la resolución
La resolución de la pasada semana tuvo un impacto inmediato en el mercado, disparando el precio de Ripple más de un 100% en cuestión de minutos. Además, la noticia empujó a decenas de monedas que la SEC había puesto en el radar como valores no regulados, tales como Solana, Matic o Atom entre muchas otras que se anotaron subidas de dos dígitos. Más allá de las cotizaciones y revalorizaciones en el corto plazo, del que muchas monedas ya han visto una corrección, sin duda el procedimiento de Ripple vs la SEC establece un precedente más que interesante en la industria de los activos criptográficos y las tecnologías que los sustentan.
