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La Fiscalía pide al TSJC que ordene el cierre de páginas web del referéndum

Foto: ALBERT GEA
Reuters

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el cierre de las páginas webs a través de las que se está impulsando y dando “una apariencia de cobertura legal” al referéndum de independencia y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre esa consulta. Esas son algunas de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Superior de Cataluña en la querella que ha presentado contra el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y su ejecutivo, así como contra la presidenta del Parlamento regional por desobediencia, prevaricación y malversación, un delito éste último que implica penas de prisión. La querella, anunciada ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha formalizado este viernes ante el TSJC, que se reúne esta tarde para decidir la aceptación de las querellas.

Respecto al Ejecutivo catalán, el Ministerio Público se querella por la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional ya dejó este jueves en suspenso de forma cautelar, al admitir a trámite los recursos presentados por el Gobierno español. El Gobierno catalán en pleno firmó la convocatoria del citado referéndum la noche del pasado día 6, después de que el Parlamento regional aprobara una ley que regula esta consulta, con el apoyo de la mayoría independentista de la Cámara, norma que también recurrió el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional.

En la querella, la Fiscalía justifica la inclusión del delito de malversación de caudales públicos porque entiende que el Gobierno catalán pone en marcha un procedimiento, el referéndum, “que va a generar un importante gasto público” y por tanto “cualquier partida que se destine a su financiación es ilegal”. Respecto al delito de prevaricación, considera que con la convocatoria del referéndum pretenden la “abierta y deliberada derogación” de la Constitución. Y en cuanto al delito de desobediencia, el fiscal recuerda que los miembros del gobierno catalán han sido “especialmente advertidos” del deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos del Tribunal Constitucional”.

Además, la Fiscalía se ha querellado contra la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y los cuatro miembros de la Mesa que votaron admitir a trámite la ley del referéndum por “su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales”. El Ministerio público les achaca también delitos de “desobediencia grave cometida por autoridad pública”, de prevaricación y malversación. Recuerda, que “la Cámara catalana no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad”.

Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo de Estado ha avalado este viernes por unanimidad la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Transitoriedad aprobada por el Parlament de Cataluña. “En virtud de la Orden de V. E. de fecha 8 de septiembre de 2017, registrada el mismo día, el Consejo de Estado ha examinado, con carácter urgente y dentro del plazo fijado al efecto, el expediente relativo a la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República”, se puede leer en el dictamen publicado en el BOE.

El Consejo de Estado elevará ahora al Gobierno el dictamen sobre esta ley, para que el Consejo de Ministros autorice al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Asimismo, en el marco de las actuaciones solicitadas por las instituciones, la Guardia Civil ha registrado este viernes, sobre las 14:30 horas, las instalaciones de la imprenta de Constantí, Tarragona. La Fiscalía de Tarragona abrió diligencias de investigación el jueves por la mañana tras recibir un atestado de la Guardia Civil por las sospechas de que esa empresa había imprimido material del 1-O, según han indicado fuentes judiciales.

Continúa leyendo: La Mesa del Parlament pospone su decisión sobre el voto delegado de los diputados en Bruselas

La Mesa del Parlament pospone su decisión sobre el voto delegado de los diputados en Bruselas

Foto: Parlament Catalunya
Twitter

Los miembros de la Mesa del Parlament han decidido este martes posponer la decisión sobre la solicitud de voto delegado de los diputados Lluís PuigClara Ponsatí, Toni Comín Meritxell Serret, que se encuentran en Bruselas junto al expresident de la Generalitat Carles Puigdmeont, y que pidieron formalmente al Parlament la semana pasada poder delegar su voto. Este martes, Junts per Catalunya ha retirado la petición del voto delegado de Puigdemont.

Está previsto que el jueves el presidente de la cámara se reunirá con los portavoces de los grupos para estudiar cómo realizar la investidura, informa EFE. Según el reglamento del Parlament, el debate de investidura y la primera votación tienen que tener lugar dentro de los 10 días siguientes a la constitución de laCámara. Este plazo termina el día 31 de enero.

El secretario general del Partido Popular de Catalunya (PPC), Santi Rodríguez, ha asegurado que desde el partido “no entienden el motivo” por el cual la Mesa ha decidido posponer la decisión de la delegación de voto de los “diputados electos que se encuentran huidos en Bélgica”. Asimismo, respecto a la decisión de Junts per Catalunya de retirar la petición del voto delegado de Puigdemont, ha señalado que entienden que “forma parte de su estrategia” y ha acusado a Puigdemont de utilizar “un lenguaje más propio de la CUP que de la Convergència clásica”.

“No es admisible que el president cesado presente su candidatura a president desde Bruselas”, ha dichoRodríguez, que también ha señalado que “el PPC tampoco avalará la delegación de voto de los diputados en prisión preventiva”

El secretario general del PPC también ha asegurado que no renunciarán a la posibilidad de que “Ciudadanos nos ceda un diputado para formar grupo parlamentario”, y ha añadido: “las líneas de diálogo continúan abiertas”.

No obstante, fuentes de JxCat señalan que Puigdemont puede volver a solicitar el voto delegado en los próximos días, e incluso minutos antes de que se celebre el pleno de investidura, si finalmente se opta por una investidura no presencial.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido Puigdemont que deje de dar “espectáculos porque no tiene ninguna posibilidad de seguir en esa dinámica”, y ha recalcado que es “imposible el voto delegado desde Bruselas para la investidura”.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya se había pronunciado respecto a la posible delegación de voto de los diputados desplazados a Bélgica y había asegurado este martes que su partido estará en contra de “cualquier quebramiento del Estado de Derecho y apoyará los recursos que presente el Gobierno ante el Tribunal Constitucional para salvaguardar la legalidad en Cataluña”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha pedido a Puigdemont, respetar la ley, proteger el autogobierno y “restaurar la legalidad democrática y la convivencia”. La respuesta de Puigdemont no ha tardado en llegar, y ha asegurado que no olvidarán el 1-O: “es el precio histórico que pagaréis”.

“Los golpes de porra del 1-O no marcaron solo la piel, dejaron una marca imborrable en la memoria y el espíritu de los catalanes. No hay subterfugios, edulcorantes ni matices que puedan forzar el olvido de la violencia del Estado”, ha escrito Puigdemont en Twitter.

El voto de los diputados soberanistas que están en el extranjero es clave de cara a la investidura. Sin ellos, sólo suman 65 diputados y no llegan a la mayoría absoluta necesaria para la investidura en primera ronda, siempre y cuando la CUP lo apoye.

Continúa leyendo: Encarcelada la exministra de Cultura surcoreana por elaborar una "lista negra" de artistas

Encarcelada la exministra de Cultura surcoreana por elaborar una "lista negra" de artistas

Foto: YONHAP
Reuters/Archivo

La exministra surcoreana de Cultura, Cho Yoon-Sun, ha sido condenada a dos años de cárcel por su papel en la elaboración de una “lista negra” de cerca de 10.000 artistas críticos con la presidenta Park Geun-Hye, destituida el año pasado por estar relacionada con una trama de corrupción.  El objetivo de esa lista era acallar a las voces críticas quitándoles a esos artistas las ayudas públicas o los apoyos financieros privados.

Cho había sido absuelta en primera instancia en julio y condenada a una pena de cárcel en suspenso por delitos menos graves. Tiempo después, la fiscalía recurrió aquella decisión, provocando el juicio que ha finalizado este martes.

El tribunal de apelación de Seúl endureció asimismo el castigo contra el exdirector de gabinete de Park Geun-Hye, Kim Ki-Choon, que fue condenado a cuatro años de prisión, uno más que en la sentencia impuesta en primera instancia.

Antes de ser nombrada ministra de Cultura en septiembre de 2016, Cho ocupó el puesto de consejera política de la expresidenta. Es “sensato” pensar que colaboró con “los intentos de privar a algunos artistas de subvenciones públicas“, ha dicho el tribunal.

La campaña de represión contra miles de músicos, escritores, cineastas, bailarines, actores y artistas es una de las acciones que más se le han reprochado a la expresidenta Park, que está siendo juzgada desde mayo por múltiples cargos, incluidos los de corrupción, coerción y abuso de poder, que podrían acarrear una condena a cadena perpetua.

En la “lista negra” figuraban artistas nacionales de renombre como la novelista Han Kang, ganadora en 2016 del Man Booker Prize, uno de los principales premios literarios para los escritores de lengua inglesa, y Park Chan-Wook, el realizador de Old Boy, que se llevó el Gran Premio del festival de cine de Cannes, en 2004.

Continúa leyendo: Una jueza argentina cita a declarar a las autoridades de la Armada por el caso del submarino desaparecido

Una jueza argentina cita a declarar a las autoridades de la Armada por el caso del submarino desaparecido

Foto: Esteban Felix
AP Foto

Una jueza argentina ha citado a declarar como testigos, a partir del 29 de enero, a altos mandos de la Armada por el caso de la desaparición del submarino ARA San Juan, que está perdido en el Atlántico desde el 15 de noviembre pasado con 44 tripulantes a bordo.

“Entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero hay citados testigos en la causa, cuyas identidades trato de preservar, para preservarlos a ellos mismos”, ha dicho la magistrada federal Marta Yáñez, encargada del caso, a la agencia estatal de noticias Télam.

La jueza solo ha detallado que “están citadas autoridades de rango superior de la Armada”. Según ha dicho, en una primera fase de declaraciones están citados cinco testigos “puntuales” cuyo testimonio puede ser “bastante relevante” para dilucidar una inspección que hubo en el submarino del cuerpo de auditores de la Armada previa a la salida del buque en su última expedición, informa EFE.

“Mi tranquilidad ronda en el hecho de que tengo un panorama bastante cercano a lo que pudo haber pasado, pero no con el grado de certeza que se requiere hoy para llamar a indagatoria (declaraciones como investigados)”, ha matizado la jueza del caso, en el que varios familiares de los tripulantes se han presentado como acusación.

En el momento de desaparecer, el ARA San Juan volvía del puerto austral de Ushuaia a la localidad bonaerense de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de la capital.

En su última comunicación con tierra, en las primeras horas del 15 de noviembre, el comandante del San Juan había informado a sus superiores que se había producido un principio de incendio en un compartimento de baterías por la entrada de agua a través de un conducto de ventilación; un problema que, según la Armada, había sido resuelto y el submarino pudo seguir su viaje hacia su destino final.

Además del caso abierto en los tribunales para determinar si se cometió algún delito en torno a la desaparición del San Juan, se ha abierto una investigación interna en el seno de la Armada y el almirante Marcelo Srur ha sido destituido.

Por otro lado, el 15 de enero pasado el gobierno oficializó la creación en el Congreso de una Comisión Especial Investigadora.

Desde que se perdió su rastro, varios países, entre ellos Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, han colaborado con Argentina para poder localizar el submarino.

Actualmente se mantiene la ayuda rusa y la Armada ya maneja diversos presupuestos de empresas privadas para continuar con la búsqueda, cuya área ha sido delimitada a 430 kilómetros de la costa de la Patagonia argentina en torno a una zona del Atlántico donde varias agencias internacionales informaron de la detección de una explosión horas después de desaparecer la nave.

Continúa leyendo: El 1% más rico del planeta acaparó el 82% de la riqueza mundial en 2017

El 1% más rico del planeta acaparó el 82% de la riqueza mundial en 2017

Foto: ALVARO BARRIENTOS
AP

El 82% de la riqueza mundial generada durante el pasado año fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial,  según denuncia el informe ‘Premiar el trabajo, no la riqueza’ publicado este lunes por Oxfam Intermón en España en el que se destaca que el 50% más pobre no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento. El informe muestra con detalle cómo la economía mundial posibilita que los más ricos sigan acumulando vastas fortunas, mientras que cientos de millones de personas deben luchar cada día para sobrevivir con salarios de pobreza mínimos, alimentando la actual brecha de desigualdad global.

El elemento fundamental de la persistencia de esta desigualdad, tanto en España como en el resto del mundo, es el desigual reparto en las ganancias de la actividad económica que persisten en manos de los dueños de capital a costa de la precarización del mercado laboral, donde los salarios y las condiciones de trabajo son cada vez peores. El conjunto de estas dinámicas ha provocado en todo el mundo que un porcentaje significativo de la población trabajadora no pueda llevar una vida digna, asegura la ONG. De hecho, en España el 13,7% del total de la población ocupada son trabajadores en situación de pobreza, de acuerdo con el informe.

Uno de los aspectos más alarmantes del documento es que denuncia que las mujeres y los jóvenes son quienes más sufren las consecuencias de esta desigualdad, puesto que son los sectores más afectados por los contratos a tiempo parcial y temporales. Además, a las mujeres hay que sumarles las consecuencias que sufren por la brecha salarial.

Para poder llevar solucionar este desajuste económico, Oxfam Intermón pide al Gobierno español y a los grupos parlamentarios que establezcan un Plan Nacional de reducción de Desigualdad que garantice, entre otras mejoras, un empleo y salarios dignos con la propuesta de incrementar el SMI en 1.000 euros mensuales en 2020. “Ante este alarmante escenario pedimos a las élites políticas y económicas que estarán esta semana en Davos que desempeñen un papel fundamental en la creación de una economía más humana, ya que mientras nuestras economías prioricen la riqueza de una minoría en detrimento del trabajo decente para toda la ciudadanía, la crisis de desigualdad persistirá”, ha apuntado el director de la organización.

Oxfam Intermón ha recordado también el papel imprescindible que juega la ciudadanía en la lucha contra la desigualdad. En este sentido, la organización ha puesto en marcha la campaña “Sin Trato no hay Contrato”, con ella pretende movilizar a la sociedad para exigir al Gobierno español que acabe con la precariedad laboral.

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