La Guardia Civil interviene los bienes de 50 etarras para indemnizar a las víctimas
La Guardia Civil, en colaboración con la Audiencia Nacional, desarrolla una operación para intervenir numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA.
La Guardia Civil, en colaboración con la Audiencia Nacional, desarrolla una operación para intervenir numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA. Según ha informado el Ministerio del Interior, se trata de condenados tanto por atentados terroristas como por acciones de ‘kale borroka’, que tienen pendientes deudas contraídas con el Estado por el pago de responsabilidades civiles, y que ascenderían a más de ocho millones de euros.
En el marco de esta operación, denominada ‘Zerga’ (‘impuesto’ en euskera) han sido bloqueadas y embargadas más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras, se han identificado catorce propiedades inmobiliarias pertenecientes a los condenados y se ha intervenido sobre una treintena de nóminas, que serán retenidas en la parte que supere el salario mínimo interprofesional.
La Guardia Civil se ha incautado esta mañana de un vehículo Toyota RAV4 propiedad de Roberto Carlos Vecino Santamaría, que estaba aparcado en el polígono industrial Beurko de Barakaldo (Bizkaia), y también ha retirado en el boulevard de Salburua, en Vitoria, una furgoneta blanca propiedad de un condenado por terrorismo en respuesta a una orden judicial para proceder a indemnizar a las víctimas, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en el País Vasco.
El Ministerio del Interior ha difundido un comunicado en el que informa de que entre los investigados en esta operación se encuentran al menos 10 miembros de ETA, entre ellos algunos históricos activistas de la banda, y más de 40 responsables de acciones de violencia callejera, constitutivas también de acciones terroristas al formar parte de la estrategia diseñada por el grupo. El ministro José Ignacio Zoido ha señalado en su cuenta de Twitter sobre la medida.
La @guardiacivil, en colaboración con la Audiencia Nacional, ha intervenido cuentas corrientes, vehículos y propiedades de más de 50 personas condenadas por delitos de #terrorismo relacionadas con ETA para hacer frente a la deuda de 8 millones de euros por responsabilidad civil.
— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 17 de mayo de 2018
Las investigaciones, desarrolladas durante el último año, permitieron comprobar que numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer esas obligaciones.
La Guardia Civil ha retirado de la vía pública un total de cuatro vehículos, entre ellos una autocaravana embargada, y ha actuado sobre catorce propiedades inmobiliarias, la mayoría viviendas, pero también locales comerciales y plazas de aparcamiento, en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra y La Rioja.
El Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente para impedir la venta o transmisión de estas propiedades si no se procede previamente al pago de la deuda.
El Ministerio ha señalado en el comunicado que esta operación pone de manifiesto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, «sean estas del tipo que sean, incluidas las económicas», por lo que seguirán investigando para localizar y detener a los terroristas con causas pendientes, informa Efe.
