El Tribunal Supremo ha decidido aplazar hasta este martes su decisión sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas: si los bancos o los clientes. A las diez de la mañana de este lunes comenzaba la reunión para analizar la doctrina sobre el impuesto de las hipotecas con la presencia de 28 de los 31 magistrados que componen el pleno, según fuentes jurídicas que aseguraban que en ningún caso se trataba de enmendar la sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, sino de analizar sus consecuencias.
Se trata de una reunión convocada por el presidente de la sala, Luis Díez-Picazo, al día siguiente de conocerse la sentencia y tras conocerse que el Tribunal Supremo decidió paralizar la misma, lo que causó tal confusión entre entidades y clientes, que el presidente, Carlos Lesmes, llegó a pedir perdón públicamente «por la deficiente gestión» del asunto y «a los ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados».
De haber tenido carácter retroactivo la sentencia, los bancos tendrían que haber desembolsado en torno a 2.300 millones de euros, según estimaciones de las entidades.
El TS paralizó la decisión con objeto de estudiarla debido a la “enorme repercusión económica y social” del fallo, que daba la razón a un recurso presentado por el Ayuntamiento de Rivas, en Madrid, contrario a que los clientes con hipotecas tuvieran que asumir el pago de los impuestos, como ocurría hasta ahora.
Los magistrados retomarán el martes a partir de las diez de la mañana el análisis de la reciente sentencia. A partir de ese momento decidirán si eximen de forma definitiva a los clientes a partir de la fecha en la que dicte su postura final, o si este puede reclamar a Hacienda los impuestos devengados en los últimos cuatro años -plazo de prescripción a efectos fiscales-. En este sentido, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha avanzado que el Gobierno estudiará articular «algún tipo de ayuda» a las autonomías para que no les afecte a su situación financiera.
En un tercer escenario, los hipotecados podrían solicitar a los bancos por vía judicial, siempre y cuando hubieran suscrito un préstamo hipotecario entre enero de 2003 y septiembre de 2014.
Si finalmente se establece que se puede reclamar el impuesto abonado durante los últimos cuatro años, los técnicos de Hacienda cifran en 3.631 millones de euros el importe abonado al fisco por 1,5 millones de contribuyentes en ese período. Pero si la retroactividad se ampliara, sostiene el sindicato de técnicos de la Agencia Tributaria Gestha, otros 13,4 millones de hipotecados -los que firmaron sus contratos entre enero de 2003 y septiembre de 2014- podrían reclamar otros 25.657 millones de euros.
En todo caso, si se confirma que es la banca la que deberá asumir el impuesto a partir de ahora, la agencia de medición de riesgos Moody’s ha calculado que esto le supondrá al sector un desembolso de unos 640 millones al año.
