El Ibex urge a Sánchez a agilizar la tramitación de los PERTE en Bruselas

Las grandes empresas españolas y buena parte de las que componen el Ibex 35 han manifestado en las últimas semanas al Gobierno su preocupación e inquietud por el retraso en el reparto de los fondos europeos y en la tramitación de los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), según ha podido confirmar THE OBJECTIVE.

Mediante reuniones al más alto nivel con el Gobierno, foros en los que han participado ministros económicos y a través de llamadas protocolarias, se ha transmitido este mismo mensaje al presidente Pedro Sánchez: que se desbloquee la situación y que se logre el compromiso de Bruselas de que los PERTE se tramitarán con la máxima rapidez.

Estas compañías que tienen comprometidas grandes partidas de inversión para estos proyectos apremian al Ejecutivo para romper este gran cuello de botella en el que se han convertido las negociaciones con las autoridades comunitarias.

Según ha confirmado este diario, en estas grandes empresas hay temor a que estos retrasos terminen comprometiendo los proyectos y a que no se puedan ejecutar muchas partidas durante el próximo año. Doce meses vitales en los que está previsto el reparto de los recursos que permitan poner en marcha estos proyectos llamados a ser los ejes vertebradores del Plan de Recuperación presentado a la Unión Europea.

España ya recibió 9.000 millones de euros de fondos Next Generation en agosto y el pasado viernes se han aprobado otros 10.000 millones tras cumplir los primeros hitos de su plan comprometido con Bruselas. Del mismo modo, ya consignaron 26.634 millones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 y otros 27.633 millones en los PGE de 2022.

Retraso en el reparto

No obstante, y pese a que el Gobierno asegura que se han publicado más de 200 convocatorias en torno al Plan de Recuperación y se ha autorizado el 66% de los más de 24.000 millones de euros del Plan recogidos en los Presupuestos de 2021, las cifras de la AIReF indican que hasta agosto de este año solamente se habían ejecutado 104 millones de euros de manera finalista, esto es, un 0,46% del dinero consignado para este año.

Esto se traduce en que, como ya contó THE OBJECTIVE, las empresas no hayan recibido ni un euro de estos recursos hasta el momento y probablemente no lo hagan durante este 2021. Esto supone que durante el próximo año se tengan a disposición al menos 50.000 millones, los que en una gran parte irían a estos PERTE, pero que están en peligro si no se desbloquean las negociaciones con Bruselas.

Conscientes de estos problemas, el Gobierno ha reforzado su equipo de negociación en la Unión Europea durante las últimas semanas. De hecho, el equipo de la oficina económica de Moncloa liderado por el Secretario General del Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia, Manuel de la Rocha, ha asumido el liderazgo de la negociación. 

De la Rocha y su equipo han viajado a Bruselas de manera regular para reforzar los equipos de negociación encabezados hasta el momento por el Ministerio de Industria y el de Asuntos Económicos. La idea es redoblar las presiones a la Comisión Europea para que se flexibilicen las condiciones de entrega de estas ayudas y se desbloqueen antes de finalizar este año.

En paralelo, el Ejecutivo anunció que realizaría dos Consejos de Ministros a la semana para agilizar la tramitación de estos PERTE y de las leyes necesarias para reactivar la economía. Una serie de reformas que se han anunciado en 2o21, pero que todavía no se ponen en marcha.

PERTE sanitario

En este contexto se aprobó el PERTE sanitario para desarrollar en España la «medicina de precisión»con una inversión de casi 1.500 millones hasta 2023. La idea es beneficiar a pacientes que podrán ser tratados de manera personalizada, a la industria biotecnológica española y a la creación de riqueza general y de empleos de alta calidad.

Sin embargo, estamos solo ante el segundo PERTE aprobado tras el coche eléctrico y quedan al menos otros tres por poner en marcha: el de la industria alimentaria, el de inteligencia artificial y el de la industria aeronáutica. Y los tiempos de ejecución se están volviendo extremadamente largos. Por ejemplo, el PERTE del coche eléctrico fue aprobado en julio por el Consejo de Ministros, pero el proyecto llegó a Bruselas solo a comienzos de noviembre y no se han podido realizar todavía las convocatorias casi cinco meses después.

Las empresas son conscientes de que por mucho que avancen los PERTE en el ámbito local no se podrán poner en marcha mientras no se desbloquee en Bruselas la compleja normativa de ayudas de Estado que impide que se concedan ayudas de más de 15 millones de euros a cada una de las empresas involucradas en estos macroproyectos.

El límite a las ayudas de Estado es una de las normativas más inflexibles de la Unión Europea, ya que de su cumplimiento depende gran parte del delicado equilibrio que mantiene la Comisión para garantizar la igualdad de oportunidades y la competencia de las empresas dentro del continente.

Respetando el level playing field, la UE ha establecido una normativa que determina cuánto pueden ayudar los Gobiernos a las empresas. Dicho de otro manera, este sistema garantiza que los países no ayuden a sus propias empresas con excesivo dinero público descompensando el equilibrio europeo.

Reducción de los plazos

Las grandes empresas involucradas y el Gobierno reconocen que, si no se amplían estos montantes, se hará imposible poner en marcha estos PERTE, ya que cada empresa involucrada necesitará varias decenas de millones de euros para asumir su parte asignada en la cadena productiva.

Frente a esta situación, un reciente informe de EY advierte de que, ante la dificultad de negociar con la Comisión Europea la aprobación de los regímenes de ayudas de Estado, «una medida indispensable sería el negociar con Europa aligerar los procedimientos para ganar en agilidad sin comprometer el buen uso de los fondos y lograr que estos PERTE puedan aprobarse y operativizarse con la máxima celeridad, incluyendo esos marcos de ayudas públicas que deben acompañarlos».

«No conseguir esta agilización puede poner en riesgo la viabilidad de estos PERTE y, con ello, la de los grandes proyectos transformadores que son una de las claves de bóveda del Plan de Recuperación», indican. Este informe está basado en la opinión de un centenar de economistas, gestores públicos implicados en el despliegue y desarrollo del Plan y directivos corporativos llamados a presentar estos proyectos de inversión.

Un sentir que comparten los directivos del Ibex que han manifestado su preocupación a Moncloa. En estos momentos, Bruselas se ha comprometido a que los PERTE presentados estén aprobados como máximo en seis semanas. El PERTE del coche eléctrico se presentó a comienzos de noviembre y hay plazo hasta el 17 de diciembre para tener una respuesta de la Comisión Europea.

Pero en el mundo empresarial se pide que el plazo sea menor, ya que advierten de que el tiempo comienza a apremiar y se pone en riesgo la inversión de 2022. Con el plácet de Bruselas se deben comenzar a articular las convocatorias sectoriales y la gran convocatoria que actúe sobre la cadena de valor, que será la que realmente tenga la capacidad de arrastre y transformación buscada.

Empresas involucradas

En el Gobierno se estima que, una vez que se tengan las autorizaciones pertinentes de la Comisión, las convocatorias podrían tardar un mes o dos en realizarse y el dinero estar adjudicado en un plazo de tres o cuatro meses. Esto supone comenzar a trabajar como pronto el segundo semestre en el caso de coche eléctrico y con la incertidumbre de saber cuándo se van a presentar el resto de los PERTE a las autoridades europeas.

Unos proyectos en los que están involucrados gigantes empresariales. En el PERTE del coche eléctrico y conectado tenemos a Seat, Iberdrola, CaixaBank, Telefónica, Volkswagen o Gestamp. Una columna vertebral a la que además quieren sumarse centenares de pequeñas empresas que colaboran en toda la cadena de valor y de la industria de componentes, además de la creación de fábricas de baterías para completar el proyecto.

En el caso del PERTE del sector agroalimentario hay grandes compañías involucradas como Campofrío, Grupo Fuertes (El Pozo), Uvesa y Osborne/Sánchez Romero. También se confirmó la aprobación del PERTE de la Salud que incluye una inversión de 1.469 millones de euros; y se espera que se dé luz verde al PERTE de Inteligencia Artificial para potenciar el idioma español en las nuevas tecnologías de la información.

Pero también quedan en el aire otros dos grandes PERTE: el la industria aeronáutica y de la industria naval. En el primero de los casos Airbus ha criticado de manera interna la descoordinación del Gobierno para gastar los fondos europeos. Un informe del consorcio denunció el bloqueo de las ayudas al sector aeroespacial por la falta de liderazgo y el desinterés de los ministerios.