La reforma de las pensiones impulsada por Escrivá incumple un requisito de Bruselas

La primera fase de la reforma de las pensiones que capitanea el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya transita hacia el Senado con un incumplimiento flagrante de al menos una de las exigencias de la Unión Europea: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que sustituye al nonato Factor de Sostenibilidad (FS) no se vincula a la esperanza de vida ni a variables demográficas, como reclamó Bruselas en sus condiciones para que España reciba las sucesivas entregas de fondos europeos, tal como figura en documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Así pues, hasta 12.000 millones de euros de la inyección europea dependen de que se subsane esta fuga y, simultáneamente, de que el aún atascado acuerdo sobre la reforma laboral prospere con consenso y en cumplimiento de objetivos como el de la reducción de la temporalidad. 

El proyecto normativo de la primera fase de la reforma de las pensiones –modificado in extremis en uno de sus preceptos que afecta a la jubilación anticipada a raíz de una información de THE OBJECTIVE– superó el trámite del Congreso con 176 votos a favor, 148 en contra y seis abstenciones. A través de enmienda, se incorporó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que a la luz de su desarrollo ni es un mecanismo, ni es de equidad, ni es intergeneracional, sino una subida de cotizaciones de 0,6 puntos de los cuales 0,5 los pagará el empresario, mientras que el Factor de Sostenibilidad de la reforma de pensiones de 2013 sí incorporaba una modulación a la baja de las pagas iniciales en función de la evolución de la esperanza de vida. 

El MEI se concreta en una subida de cotizaciones para rellenar el maltrecho Fondo de Reserva, al que le quedan algo más de 2.100 millones. Se trata de un remanente creado para afrontar las pagas ante tensiones de liquidez, que superó los 60.000 millones de euros en 2010, 2011 y 2012, y actualmente no cubriría ni un 20% de una nómina mensual de pensiones. Prevé el MEI, además, una evaluación de los gastos e ingresos cada tres años a partir de 2032, y con horizonte actuarial de 2050 para disponer del fondo a razón del 0,2% del PIB en caso de desajustes. 

En ningún caso este planteamiento tiene en cuenta la evolución de la esperanza de vida ni variable demográfica alguna e incumple, un año antes, el objetivo comunitario C30.R2-6 (4b) marcado para el último trimestre de 2022: la sustitución del factor de sostenibilidad con un mecanismo de equidad intergeneracional que no sólo garantizase la sostenibilidad de las cuentas, sino la justicia financiera entre cohortes de población y su ajuste a criterios demográficos, tal como consta en la literalidad de la dicción comunitaria.

Bien es cierto que es imposible conocer qué parte de esos 12.000 millones europeos desembolsables en el primer semestre de 2022 o ulteriores pagos previstos pueden verse restringidos por defectos en la confección de la reforma de las pensiones. Como transmiten a THE OBJECTIVE fuentes comunitarias, la UE evita concretar qué cantidad estaría afectada hasta hacer un examen global de los distintos hitos y además evita que se puedan hacer cálculos sobre el coste de incumplir alguna medida. Las mismas fuentes trasladan a este periódico el descontento que ha suscitado el diseño del MEI.

Bruselas persigue desde el principio que España diseñe una reforma de las pensiones que brinde garantías suficientes de que se ha apuntalado la sostenibilidad del Sistema, cosa que, de momento, con esta primera parte que camina hacia el Senado y debe estar aprobada antes de fin de año no está garantizada. 

Como explica directamente a THE OBJECTIVE el eurodiputado Luis Garicano, jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, y corroboran a este diario estudios compartidos por los expertos Enrique Devesa e Inmaculada Domínguez de la Universidad de Valencia y de Extremadura, respectivamente, y miembros del Pensiómetro del Instituto Santalucía, las medidas que ha diseñado el Gobierno agravan el problema de las pensiones en cuatro puntos del PIB, unos 45.000 millones de euros.

«Son unas medidas muy caras», argumenta Garicano. Primero, por la vinculación de las pensiones al IPC, que cuesta 30.000 millones; segundo, por la eliminación de del FS que eleva el déficit en 8.600 millones adicionales; y, finalmente, por la aspiración de Escrivá para la segunda fase de la reforma, en 2022, de que todos los trabajadores elijan sus mejores 35 años de cotización para calcular su jubilación cuesta alrededor de 7.500 millones de euros. 

Para suplir este agujero, argumenta el eurodiputado, el Gobierno lanza el MEI para recaudar por cotización 2.000 millones adicionales, lo que «no roza la magnitud del problema». También se propone una subida de la edad efectiva de jubilación que supondrá ingresos por 673 millones de euros, y también un aumento de las bases máximas de cotización que reportará 1.100 millones a las arcas públicas. 

La reforma costará 200 euros a cada ciudadano

Por tanto, la reforma tal cual ahora está concebida deja un agujero neto de alrededor de 42.000 millones, que se acabará pagando entre todos los ciudadanos vía impuestos o cotizaciones, a razón de 200 euros al mes por español, explica Garicano. De hecho, el Banco de España ya ha advertido de la insuficiencia de la reforma, que supone una carga inasumible para las próximas generaciones de españoles, quienes habrán de sufragar finalmente, aunque se financie con deuda pública, vía impuestos y cotizaciones, explica el eurodiputado del ALDE (Alianza de Liberales y Demócratas por Europa). Por eso, Garicano hace un llamamiento en THE OBJECTIVE al Gobierno en aras de la responsabilidad: pide una reforma que permita cumplir los objetivos comunitarios de apuntalar la sostenibilidad y la justicia entre generaciones, máxime cuando se acerca la jubilación de los baby-boomers y cuando los fondos europeos dependen de la diligencia del Gobierno en el cumplimiento de los objetivos marcados por la UE. Advierte, además, que el tiempo se agota, que España está ante la última oportunidad de resolver el problema de las pensiones, y que cuando más se demore menos viable será implantar una solución que contemple todas las variables.